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Franco, la Transición ¿y después?

Se acaba de cumplir el 40º aniversario de la muerte del general Franco y recuerdo cómo en los años y meses anteriores a la misma la pregunta sobre “después de Franco ¿qué?” era respondida que las instituciones o el cumplimiento de las previsiones sucesorias. Y, efectivamente, así fue, de manera que el Rey Juan Carlos, ahora ya emérito, emprendió la transformación de las instituciones franquistas hasta otorgar a España una Constitución formalmente democrática, que sentó las bases de lo que se ha conocido como la Transición, aunque, en sentido estricto, los casi cuarenta años de orden constitucional se pueden definir como la post transición, que ahora se enfrenta a un futuro incierto, derivado de la crisis aguda del Estado y sus instituciones y de las perturbaciones económicas y sociales de los pasados ocho años. Por eso cabe hacerse la pregunta que se incluye en el título del comentario, teniendo en cuenta que hay elecciones en menos de un mes a las que algunos partidos concurren con la idea de cambiar o reformar el orden constitucional.

La España de la Transición

La España de noviembre de 1975, cuando se inició formalmente la Transición, era un país económicamente desarrollado, cuyo nivel de renta se encontraba en el 85% de la media de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea de entonces. Y desde el punto de vista social era un país joven con una nutrida clase media y una juventud formada dispuesta a participar en el desarrollo de un proyecto nacional de modernización política y económica. La idea de Europa se veía entonces como el fortalecimiento de la propia España. Por su parte, la clase obrera, beneficiada del desarrollo económico, no suponía en ese momento amenaza alguna para el equilibrio social. En conjunto, teníamos una sociedad equilibrada, profundamente secularizada, a pesar del clericalismo oficial, predispuesta para participar en un proyecto democrático. Pero, todo hay que decirlo, no dispuesta a luchar y arriesgar el estatus obtenido por imponer ese proyecto.

En lo político había una desertización casi absoluta del panorama español: la dura experiencia de la guerra y los largos años de dictadura habían contribuido a la invertebración política de la sociedad española

En lo político había una desertización casi absoluta del panorama español: la dura experiencia de la guerra y los largos años de dictadura, la práctica desaparición de la inteligencia liberal y republicana, así como del socialismo democrático, y la proscripción de las libertades civiles, habían contribuido a la invertebración política de la sociedad española. La excepción que confirmaba esa regla la constituían el Partido Comunista y su sindicato, Comisiones Obreras, como únicos referentes de la izquierda clásica frente a los integrantes del régimen político que aglutinaba a la derecha tradicional. El terrorismo vasco, como manifestación violenta del nacionalismo, era la única amenaza seria de desestabilización que emergía en esos años. Un cáncer el del terrorismo, hoy desaparecido, que decapitó a algunos gobiernos durante la Transición.

El proyecto de democracia limitada de la Reforma Política

No obstante, existían las bases mínimas para intentar la puesta en marcha de un proyecto de Estado democrático y transformador, que fortaleciese a España con la mirada puesta en la integración europea, aunque, inicialmente, no era ese el modelo de los gobiernos de la Monarquía: su objetivo, contenido en la Ley de Reforma Política de 1976, era establecer una democracia limitada, que pudiera ser gobernada y administrada por los grupos de poder tradicionales, a los que se incorporarían el socialismo y los nacionalistas burgueses vascos y catalanes. Para ello se contaba con la lealtad casi monolítica del Ejército, fiel a las decisiones adoptadas por el general Franco, y con un contexto internacional favorable, teniendo en cuenta que en aquellos años se estaba desarrollando un proceso revolucionario en Portugal en el que el comunismo desempeñaba un papel relevante. Como es lógico, eso inquietaba a las grandes potencias, EE UU, Francia y Alemania y justificó su apoyo y tutela al proyecto de la Transición española.

Pero, contra todo pronóstico, los valedores de la Reforma Política, agrupados en el partido de la Unión de Centro Democrático, que, no se olvide, era el partido de la Monarquía, solo obtuvieron en las elecciones de junio de 1977 poco más del 34% de los votos frente al resto formado por el PSOE cercano al 30%, Partido Comunista con el 10% y nacionalistas vascos y catalanes con una representación aceptable, gracias esto último a una favorable ley electoral. Excepto la UCD, todos los demás abogaban por superar la Reforma Política con una Constitución.

Fue en mayo de 2014 cuando se produjo la culminación de la quiebra del modelo político y económico español con la renuncia del Rey Juan Carlos

El pragmatismo del Rey hizo posible la Constitución

A partir de ese momento, el Rey Juan Carlos demostró su pragmatismo y accedió a que las Cortes elaboraran una Constitución. Por supuesto, no había guion para dicha Constitución ni proyecto nacional sobre la que sustentarla, más allá de consolidar la Corona y mantener los resortes fundamentales del poder en las manos tradicionales. Por ello, se elaboró una Constitución que, sin desdeñar sus contenidos democráticos y transformadores, garantizaba claramente la posición de sus hacedores: la Monarquía, los partidos políticos dinásticos y los nacionalistas burgueses de Cataluña y País Vasco. Y para blindarse contra los cambios se arbitraron unos mecanismos de reforma constitucional muy exigentes hasta el punto de hacerla casi inviable. Eso lo saben bien quienes ahora abogan por la reforma constitucional, que se antoja misión imposible.

Se han vivido décadas de luces y sombras que, a buen seguro, merecerán el interés de historiadores y politólogos, pero en éste momento crucial me interesa subrayar que fue en mayo de 2014 cuando, a mi juicio, se produjo la culminación de la quiebra del modelo político y económico español con la renuncia del Rey Juan Carlos, los problemas de los partidos dinásticos y la ruptura del nacionalismo catalán con la Constitución del 78, todo ello en medio de una crisis económica y social sin precedentes, adobada con la corrupción y el descrédito de los poderes públicos.

Más incertidumbres que certezas sobre el después

La historia nunca se repite, los errores políticos tal vez, y ahora, con la mirada en las elecciones, se empieza a dibujar un cuadro que, salvadas todas las distancias, se asemeja al de junio del 77 con un partido, el PP, renuente a los cambios y los restantes partidos abogando por ellos, aunque de forma tan imprecisa e infundada que parecen émulos de los bisoños que se enfrentaron en 1977 a la UCD de Suárez. Porque si entonces no hubo guion, ahora tampoco lo hay, salvo propuestas fragmentarias, indicativas de la pobreza doctrinal y del alejamiento de la realidad que predominan en la política española. Es parte de la cosecha del olvido educativo y del descreimiento hacia los valores civiles y la solidaridad, hasta el punto de que algunos candidatos parecen epígonos de los que aspiran a sustituir, lo que induce a pensar que la incertidumbre no desaparecerá, salvo que la campaña electoral nos descubra valores y propuestas que permitan recuperar el tono vital de los primeros escarceos democráticos tras la muerte de Franco.

Dado el desbarajuste europeo y el alejamiento norteamericano de los asuntos europeos, no se pueden esperar ayudas o tutelas para resolver nuestras cuitas

Procuraremos analizar la campaña con la convicción de que la renuencia a los cambios, y no me refiero sólo a los constitucionales, no significa que estos no vayan a producirse, porque la realidad española está en ebullición, esperando proyectos que alivien la insatisfacción política y la degradación social. Por otra parte, debemos tener claro que, a diferencia con los años iniciales de la Transición, esta vez, dado el desbarajuste europeo y el alejamiento norteamericano de los asuntos europeos, no se pueden esperar ayudas o tutelas para resolver nuestras cuitas. Será cosa nuestra y es una pena que los demonios de la guerra impidan el debate sobre lo que en verdad nos interesa como españoles, que es reconstruir el Estado sobre bases firmes para que sea garante de nuestra libertad y bienestar.


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