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España: 200 años buscando constitución

En éstos días conmemoramos la aprobación de la Constitución de 19 de marzo de 1812 en Cádiz, cuando España se encontraba invadida por el ejército de Napoleón, como les ocurría a otros tantos países de Europa. Francia se había convertido en la gran potencia del Continente y pretendía extender su hegemonía en él, pero no solo la hegemonía militar o económica, sino la de las nuevas ideas surgidas en la Revolución Francesa: su objetivo era acabar con el Antiguo Régimen, las monarquías absolutas y la sociedad estamental, para sustituirlo por un sistema burgués y liberal que facilitara el desarrollo político y económico de las naciones. Era el gran proyecto inicial de Napoleón que hizo exclamar a alguien que el emperador era la Revolución Francesa a caballo. No lo pudo ver, pero dejó esparcidas las semillas que fructificaron a lo largo del siglo XIX, como tampoco lo vieron nuestros liberales de Cádiz, aunque sus semillas tardan en fructificar con la plenitud deseada

Cuando se aprobó la Constitución de 1812, ya teníamos el Estatuto de Bayona de 7 de julio de 1808, pero por su carácter de carta otorgada por Francia, no se le puede situar en el mismo plano. De todas formas, sí conviene señalar que ambos textos beben de las mismas fuentes: los valores de la Revolución Francesa de 1789, cuyo objeto principal era construir el Estado liberal y modernizar la sociedad para hacer posible su desarrollo educativo y económico.

Desde mi punto de vista, los hombres que se reunieron en Cádiz, que representaban a un sector de las clases ilustradas del país y que eran miembros de los estamentos tradicionales, se enfrentaban a la disyuntiva de mantener el régimen de la Monarquía absoluta, del que eran parte integrante, o enfrentar la invasión de la nación y defender su independencia con los propios principios del invasor francés. Y eligieron esto último, incorporando a España a la corriente de renovación que se pretendía extender por toda la Europa del Antiguo Régimen. Tarea nada fácil y poco comprendida por los beneficiarios de los cambios, como se pudo comprobar.

La resistencia social

La sociedad española, sumida en la penuria y en el atraso, no se había incorporado al proceso evolutivo que preconizaba la Ilustración del siglo XVIII. Sólo algunas minorías lo hicieron y nunca gozaron de la comprensión y del aprecio del país. Y ese, entre otros, era el desafío al que se enfrentaban los constituyentes de Cádiz, una vez que decidieron cambiar el orden constitucional de España. Su decisión de constituir la nación política, reconociendo la soberanía nacional, suponía el arranque de una revolución auténtica que, para tener éxito, debía contar con el apoyo de los españoles. Al fin y al cabo se trataba de romper las cadenas de súbditos para, progresivamente, convertirse en ciudadanos. Parece fácil de entender y defender ahora; entonces no lo fue, resultó casi imposible.

La Constitución de Cádiz supuso el comienzo de nuestra historia constitucional y el primer intento de creación del Estado liberal en España. Pero su andadura fue fugaz y accidentada. La propia Dinastía se encargó de ello: prefirió la represión a la apertura y condenó a los españoles a seguir en el oscurantismo.  De todos es conocido que, a su vuelta al Trono en 1814, Fernando VII abolió la Constitución y restauró el absolutismo, anticipando decisiones análogas tomadas en el Congreso de Viena de 1815 con las que se dio fin a las guerras napoleónicas. Toda Europa, mejor dicho sus monarquías, se embarcó en una cruzada contra los principios revolucionarios y constitucionales, cuya consolidación y asunción por los diferentes países empeñó gran parte del siglo XIX. En nuestro caso, se prolongó más allá.

El largo camino de la libertad

Cádiz siempre fue la referencia abierta y esperanzada de todos aquellos que creían en la libertad y en el progreso de España. Durante estos dos siglos nuestro país ha vivido de todo: guerras civiles, constituciones, dictaduras y dos fugaces experiencias republicanas. Mientras el resto de la Europa continental ha consolidado democracias avanzadas, nosotros hemos sido rehenes y víctimas de una trayectoria errónea y antinacional patrocinada fundamentalmente por la dinastía y los grupos de poder en que se ha apoyado. Puede parecer una apreciación hiperbólica, pero si nos acercamos con detenimiento al devenir de España encontraremos razones fundadas para la afirmación anterior.

Han pasado 200 años y los españoles no solo no hemos culminado nuestra evolución constitucional, sino que seguimos a la búsqueda del Estado democrático y educador con el que soñaron nuestros antecesores constitucionalistas y liberales. Ahora estamos viviendo tiempos difíciles en los que salen a la luz las consecuencias del mal gobierno. De nuevo nos enfrentamos a un desafío político de primera magnitud y, como en otras ocasiones, nos coge bastante ayunos de alternativas que no sean las de defender con uñas y dientes un caduco status quo. El último ejemplo lo tenemos en el cierre de filas en el Congreso de  los Diputados ante la propuesta de revisión del Estado formulada por UPyD. ¡Puro bunker!

No obstante, creo que las realidades acuciantes obligarán a despojarse de viejos prejuicios y tabúes para enfrentar con racionalidad y con sentido democrático el porvenir constitucional de España, cuyas dificultades se ven agravadas por la inestabilidad de la Unión Europea, de la que somos socios, y el fracaso de su Unión Monetaria. Sería el mejor homenaje y recuerdo a aquellos españoles que se reunieron en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz en 1812.


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