Res Pública

EL ERE de Iberia y Bankia

Todos los eres y despidos son dramáticos y nadie puede ser insensible a ellos. Son una carcoma que va destruyendo el tejido productivo y al propio cuerpo social de España. Sabemos que son consecuencia, una más, de tiempos de mala administración y peor gobierno; pero, desde mi punto de vista, es vital hacer un gran esfuerzo nacional de beligerancia contra el fatalismo de nuestra sociedad, que aparece muy debilitada y sin referencias. Por eso, la iniciativa deberá corresponder al Estado. No veo otras opciones. No es cuestión de ser más o menos liberal o más o menos socialista, es sencillamente que nuestro país vive una emergencia grave que requiere la atención máxima del poder público. Y el ERE anunciado por Iberia me da pie para reflexionar sobre una propuesta que, además de afectar a miles de familias, toca aspectos vitales de una compañía estratégica de la economía nacional en la que el Estado tiene presencia significativa en su Consejo de Administración, a través de un banco nacionalizado el pasado mes de mayo, Bankia.

Ida y vuelta al sector público

La compañía Iberia era una de las grandes empresas públicas españolas que fue vendida en la época, años 90, en la que el Estado tenía que hacer caja para amortizar deuda pública y cumplir con las políticas de saneamiento impuestas por la Unión Europea. Años de oportunidades y gangas para el capitalismo castizo que consolidó así su poder con la justificación de que se abrían grandes posibilidades de modernización de la economía española y de liberalización de sectores y empresas monopolísticas o casi, que eran públicas: los grandes bancos y algunas cajas de ahorros, como la Caja de Madrid y la Caixa, formaron los llamados núcleos duros de las sociedades privatizadas. Todo envuelto en promesas de bondades mil para el conjunto de la economía nacional y para nuestra reputación como país adaptado a los vientos de la libre competencia: discurso irreprochable, si hubiera sido cierto. Ya vamos recibiendo entregas de esas obras completas que, como nuevos episodios nacionales, nos señalan la realidad de lo qué ha ido pasando: Telefónica, Repsol-YPF y ahora Iberia.

Pero lo que me interesa resaltar hoy son las expresiones preocupadas de algunos ministros en relación con los propósitos de reestructuración o desmantelamiento, según se prefiera, de Iberia que hizo recientemente una fusión con British Airways, que parecía el no va más. Como España carecía, y carece, de política industrial, esa operación corporativa se enmarcó en el ámbito de la libertad de los agentes privados, esperando, como siempre, grandes venturas de la misma. Sin embargo, de repente el escenario cambia y nos desayunamos con que la empresa fusionada plantea adelgazar a costa de la parte española, que parece no tener dueño: rasgado de vestiduras, ¿cómo ha sido posible?, hay que hablar… y, mientras, todos los empleados de Iberia, desde los pilotos al último administrativo, en pie de guerra. Pero, para mayor inri, nos llega la noticia de que los consejeros representantes de Bankia, entidad nacionalizada, en Iberia han votado a favor del proyecto que tanto inquieta al Gobierno, y con razón. ¿Quién o quiénes han sido responsables de esa dejación? Ya nos lo contarán.

Tomar en serio la gestión y la defensa de lo público

Después del estupor y de la sorpresa, hay que ser constructivos y proponer salidas al desaguisado, primero para corregirlo y segundo para que se cambie la manera en que se están conduciendo determinados asuntos públicos. Sabemos que el gobierno no da abasto con tantos problemas y frentes abiertos, que la situación es enrevesada y que no hay milagros. Ni siquiera Portal de Belén, según el Papa. Todo eso lo sabemos, pero aquellos que han pedido el apoyo de la gente para ostentar el poder público están obligados a programar mínimamente sus actuaciones, que deben enmarcarse en un proyecto de gobernación de España, que tiene grandes problemas, estructurales y coyunturales. Y resulta elemental pensar que en los primeros lugares en los que el gobierno debe expresar y ejecutar, si puede, sus propósitos son las administraciones públicas y las empresas a su cargo, como es el banco de que hablamos.

Este grave incidente, de aparente descoordinación, debería reducirse a eso y servir de acicate para que el gobierno se plantee la defensa y la gestión ordenada y homogénea de sus bancos, que van a ser de propiedad pública mucho más tiempo del que se piensa. En cualquier caso, hay que hacerlo, por el bien de las propias empresas bancarias y en beneficio de los intereses generales de los españoles. Además de eso hacen falta campañas de imagen en las que se explicite el apoyo del Estado a sus entidades de crédito para recuperar la confianza de sus clientes. Porque no están los tiempos ni para la inhibición ni para el cuento de la lechera de los inversionistas que nunca llegan ni para seguir haciendo experimentos legales y contables para rehuir la gestión que requieren los abundantes problemas de la nación. Como decía la señora Aguirre “pico y pala” y añado, con unas pocas ideas claras para despertar el ánimo de un país entristecido y huérfano.


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