Res Pública

¿Para cuándo otra Constitución?

No creo que sea una pregunta extemporánea, teniendo en cuenta cuál es la situación institucional del país y la orfandad política y civil de los españoles, que permanecen secuestrados por unas oligarquías que, en su infinita incapacidad, han destruido la propia Constitución que se dieron en 1978 para mantener sus privilegios y el control de la nación. En 35 años han procurado el desierto educativo y civil de los españoles, han prescindido del concepto de la solidaridad pública, han especulado con la economía y las finanzas, han vilipendiado el poder público, han roto la unidad de la nación y han contribuido a su ruina económica, que amenaza el futuro de generaciones sucesivas. Aun así, se permiten homenajes para ensalzarse a sí mismos, insultando con ellos a la sociedad que sufre las consecuencias de su mal gobierno. Y no sólo eso, nos amenazan con la negativa a cambiar, porque, al parecer, los españoles no somos fiables y, sin tutelas, podríamos desencadenar el diluvio. En realidad, el único diluvio sería recuperar la mayoría de edad democrática a través de un periodo constituyente, para constituirnos en una democracia digna de tal nombre. Ni más ni menos.

Un poco de memoria histórica

Cuando murió el general Franco, en noviembre de 1975, España era un país económicamente desarrollado, fundamentado en los sectores de la industria y de los servicios, cuya renta superaba el 70% de la media de la CEE. Desde el punto de vista social, éramos un país de clases medias con una juventud formada dispuesta a participar en el desarrollo del proyecto democrático. La idea de Europa se veía entonces como el fortalecimiento de aquel. Por su parte, la clase obrera, beneficiada del desarrollo económico, no suponía amenaza alguna para el equilibrio social. En conjunto, disponíamos de una sociedad profundamente secularizada, a pesar del clericalismo oficial, predispuesta a participar en un proyecto democrático, pero, todo hay que decirlo, no dispuesta a luchar y arriesgar el estatus obtenido por imponer tal proyecto.

En cambio, en lo político la desertización del panorama español era casi absoluta: la dura experiencia de la guerra y de los largos años de dictadura, la práctica desaparición de la inteligencia liberal y republicana, y la proscripción de las libertades civiles, habían contribuido a descoyuntar políticamente a la sociedad española. Ni rastro de centrismo liberal ni de socialdemocracia, sólo existía la referencia organizada de la izquierda clásica aglutinada en torno al Partido Comunista y a su sindicato, Comisiones Obreras. Y frente a eso, las derechas tradicionales que cohabitaban en el franquismo. El terrorismo vasco, como manifestación violenta del nacionalismo, era la única amenaza seria de desestabilización que emergía en esos años. Tanto es así, que ha logrado decapitar a los diferentes gobiernos de la Transición y, aun hoy, desaparecido el terror, sus consecuencias siguen pesando en amplios sectores de la sociedad.

No obstante, existían las bases sociales mínimas para intentar la puesta en marcha de un proyecto de Estado democrático y transformador, que fortaleciese a España con la mirada puesta en la integración europea. Pero no era ese el modelo de los herederos de Franco, cuyo albacea era el sucesor designado por él. Su objetivo era el establecimiento de una democracia limitada, que pudiera ser gobernada y administrada por los grupos de poder tradicionales, que veían en la Monarquía la garantía de sus posiciones de privilegio. Garantía reforzada por la lealtad casi monolítica del Ejército, fiel a las decisiones adoptadas por el general Franco. Para ello, bastaba integrar, o mejor dicho fagocitar, al socialismo y conseguir la complicidad de las burguesías nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. Ese fue el pacto constitucional de 1978.

Las grandes potencias europeas, Francia y Alemania, junto con los Estados Unidos de América, tutelaron el proceso español para evitar la desestabilización de la Península Ibérica, que atravesaba entonces los momentos más radicales de la Revolución de Portugal. Todo ello facilitó el establecimiento del régimen de democracia limitada que para muchos españoles suponía el primer hito del camino hacia la normalidad democrática. Y eso, lamentablemente, no ha ocurrido.

Abrir la puerta a la libertad constituyente

Quienes han tenido la responsabilidad de gobernar el país se han preocupado mucho de sus intereses partidarios y de poder, y poco de transformar la sociedad. Se ha aprovechado el largo ciclo de bonanza económica, iniciado en 1985, para evitar los cambios, fundamentalmente educativos, que hicieran posible la cohesión política y social normal en cualquier democracia avanzada. En realidad se ha consolidado un sistema oligárquico que formalmente reconoce los derechos y libertades, si bien niega las consecuencias de su ejercicio y, por supuesto, la separación efectiva de los poderes del Estado. El derecho de voto se ejerce periódicamente y más pronto que tarde se olvida a los electores. Los ejemplos son abundantes y para qué cansar al lector con ellos.

El vendaval de la crisis española ha puesto todo patas arriba y ha sembrado el desconcierto tanto en el seno del régimen, con peleas entre las oligarquías que lo integran, como en la propia sociedad que es la que sufre de verdad el colapso económico e institucional. Casi todo el mundo acepta que la situación de España es dramática, que los que gobiernan no están a la altura y que este estado de cosas no debería continuar, pero el gran problema es qué hacer y cómo hacerlo. El silencio de las elites y de la inteligencia contribuye a ahondar el sentimiento de ausencia de alternativas para poner en aprietos a los que detentan el poder. Sólo el ahondamiento de las fracturas entre ellos, la cuestión catalana es una de ellas, o algún ataque de patriotismo constitucional podría facilitar la salida democrática que, a mi juicio, no es otra que abrir un período constituyente para que los españoles decidamos libremente cómo constituirnos en libertad y en democracia.

Los que niegan el cambio se refugian en la rigidez de la Constitución para exigir un acuerdo previo sobre el alcance del mismo. En realidad, pretenden impedir el ejercicio de la libertad constituyente y reeditar las prácticas de 1978. Parecen ignorar que carecen de crédito y autoridad, porque ellos mismos han subvertido los pactos constitucionales de los que tanto alardean, hasta el punto de convertir su orden constitucional en un queso gruyere lleno de abusos e incumplimientos. Los que pedimos el cambio sabemos que no es la medicina milagrosa para superar los males nacionales, pero que sí es el camino para restaurar el orden democrático y civil de un país que merece mejor suerte.


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