Res Pública

CAM: ¿decisión del Gobierno en funciones?

Las noticias, o más bien intuiciones, que circulan acerca del destino de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ahora en poder del Estado, son inconcretas, pero sí parece cierto que se avecina la subasta y adjudicación de la misma, si es que la subasta no se declara desierta, dado el escaso interés que parece haber despertado. En todo caso, el asunto CAM, por su dimensión económica y financiera, adquiere una relevancia especial en un momento en que el gobierno está en funciones y el que le va a suceder declara tener entre sus propósitos inmediatos la revisión del modelo de reestructuración del sistema financiero. Resulta, por ello, chocante que el gobierno en funciones, previa propuesta del Banco de España, decida sobre una operación, cuyo coste global resultaría cercano a los 20.000 millones de euros.

El problema de la CAM puede convertirse, a ojos de cualquier observador, en la piedra miliar que señale el final del camino de las políticas seguidas estos años para tratar de ordenar el sistema crediticio: en su conjunto, han sido unas políticas titubeantes, cuando no claramente erróneas, con las que se han dilapidado esfuerzos y dinero, tanto privados como públicos, sin que las entidades crediticias hayan podido contribuir con el crédito al objetivo de sacar a la economía española del marasmo en que se encuentra desde 2007.

No se trata de insistir en la gravedad de lo ocurrido a partir de ese año fatídico. Si explicar que, como consecuencia de ello, los diferentes gobiernos, el nuestro también, apelaron al uso de la riqueza nacional para taponar las vías de agua, declarando un verdadero estado de excepción financiera. En España se tradujo en la aprobación de diferentes decretos-leyes, uno de los cuales fue el del verano de 2009 que creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, controlado por el propio Banco de España, para sanear y capitalizar al sistema crediticio. Es un organismo estatal que ha otorgado préstamos cuantiosos y ha realizado importantes suscripciones de capital. De momento, lo que conocemos de sus propósitos se resume en procurar una salida rápida hacia el mundo privado de las entidades que ahora controla.

Una de esas entidades es la que se pretende ahora adjudicar con escasas garantías de éxito, al parecer. Entre otras cosas, se trata de una entidad sistémica, vista desde un enfoque doméstico y no europeo, cuya asunción por otra entidad española, en un entorno claramente depresivo, resulta arriesgado, a pesar de las cuantiosas ayudas que se manejan. Sería más aconsejable emprender el camino, inexplorado pero defendible y legítimo, de la gestión pública de ésta caja, junto con otras y algún banco ya en poder del Estado, que representan cerca del 20 por 100 del sistema crediticio. De esa manera se cegarían las expectativas de algunos poderosos competidores, que esperan obtener beneficios del naufragio y de la puesta en almoneda del sector del ahorro español, es verdad que con la ayuda inestimable de muchos de sus gestores. La presencia de los recursos públicos debería conjurar tal proyecto en beneficio del interés nacional.

La controversia falaz entre privatización y nacionalización hace que muchos crean que la primera es la mejor opción, sin pararse a pensar que la envergadura del problema obliga al Estado, es decir a los contribuyentes, a poner los recursos para hacerla posible, como es el caso que da pie a este comentario. Si a ello añadimos que cualquier venta o subasta requerirá de apoyos públicos futuros indudables, como estamos comprobando, creo que sería defendible optar por el establecimiento de una gestión pública estable, encaminada a dotar de eficiencia a las entidades que lo requieran. Sin prejuicios y en defensa del interés general, sería importante que el nuevo gobierno desechara la actuación injusta de convertir al Estado en mero intermediario para hacer un ligero calafateado y asumir pérdidas, renunciando a los beneficios económicos y sociales de ordenar un servicio público de crédito que, durante la larga travesía de la crisis, ayude a restaurar la confianza de nuestro tejido productivo. No es tiempo de cuadernos de ventas y de parafernalias varias que alimentan la desconfianza y que impiden el desarrollo eficaz de la gestión de las entidades.

En mi opinión, las idas y venidas de la reestructuración crediticia de España no deben continuar por la senda plagada de mitos y señuelos de estos años. No canso al lector enumerándolos, pero basta observar los resultados de las concentraciones de entidades impulsadas por los poderes públicos, las salidas precarias a bolsa de otras y los recursos públicos utilizados, al servicio de políticas zigzagueantes, para llegar a la conclusión de que nuestro país necesita cambios, pocos y claros, y uno de ellos, referido al sistema crediticio, sería hacer borrón y cuenta nueva en beneficio de la seriedad y del buen gobierno. Confiemos que los nuevos gobernantes, mientras sopesan y discuten sus proyectos, no sean sorprendidos por decisiones que hipotequen su ya escaso margen de maniobra.


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