Res Pública

Banca nacionalizada: la hora de la gestión pública

El Estado es propietario de tres grandes entidades -Bankia, CatalunyaBanc y NCGBanco- que representan más del 20 por 100 de los activos del sistema crediticio español. Se trata de bancos que han sido capitalizados con dinero público, después de haber saneado sus balances, traspasando al banco malo, SAREB, los activos más dañados: tienen, pues, solvencia sobrada, liquidez y capacidad para cumplir con su función en un momento en el que la economía española se desangra por la falta de crédito. Tras la fallida subasta de CatalunyaBanc, porque el Gobierno, y en concreto el Ministro de Economía, con buen criterio, ha decidido terminar con la política de regalos iniciada por sus antecesores, parece llegada la hora de poner sobre la mesa un proyecto crediticio de alcance nacional, para complementar la escasa actividad privada en la materia. Lo venimos reclamando desde que empezaron las nacionalizaciones y nadie quería oír hablar de ello. A mi juicio, ya no caben excusas ni dilaciones: la atonía del sector privado y las necesidades del país obligan al Estado a tomar la iniciativa, haciendo honor a sus responsabilidades.

Cuatro años desde la primera intervención bancaria

Ahora se cumplirán cuatro años del primer chispazo de la crisis bancaria española, la intervención de CCM, que puso al descubierto los problemas que se habían querido eludir, con la excusa de que nuestro sistema crediticio no participaba de los mismos males que los de otros países. Agua pasada, pero ilustrativa de la escasa disposición de las autoridades de entonces para ordenar globalmente las consecuencias del estallido de las burbujas crediticia e inmobiliaria. Un sentimiento y un modo de hacer que se prolongó demasiado, a base de recetas de placebos y de cambios corporativos que distrajeron al sistema, especialmente al sector de las cajas de ahorros, en perjuicio de sus integrantes y del resto de la economía nacional: casi todo giraba en torno a la idea, ya desautorizada, de que la crisis era pasajera y sólo de liquidez, con ser esto último muy importante para un sistema tan endeudado como el nuestro. La realidad es que fue el pasado año cuando se intentó zanjar un asunto que estaba minando el crédito de las empresas bancarias españolas, enfrentadas a una morosidad creciente y a unas exigencias, cada vez mayores, de capital y de provisiones.

Y es verdad que se hizo el intento, pero, a mi juicio, con la presencia excesiva de las recetas viejas, cuyos resultados fatales estaban a la vista. Mis opiniones sobre el tratamiento del problema en éstos años ya las expresé – El escándalo del rescate bancario (I y II)- y no voy a reiterarlas, salvo insistir en la conveniencia de emprender el plan de gestión pública del crédito, una vez que se dispone de los instrumentos, los bancos nacionalizados y saneados, para ello. Ninguna norma española o europea impide que el Estado español, en uso de sus facultades, resuelva convertir la reestructuración crediticia con préstamos europeos en una inversión estable en las empresas de su propiedad para rentabilizar los esfuerzos de los contribuyentes. Digo esto, porque el Memorándum establece unos plazos, hasta 2017, que están pensados para una mera reestructuración y que se antojan demasiado cortos para lograr los objetivos de la recuperación económica y crediticia a la que tendrían que contribuir las entidades nacionalizadas. La recesión europea, confirmada por el propio BCE, alarga el horizonte de la recuperación.

Revisión urgente de las pautas de la reestructuración

Creo que la situación española demanda no seguir especulando sobre galgos o podencos, me refiero a lo de los inversores, las ventas o subastas de entidades saneadas, etc. De éstas últimas, salvo alguna excepción, se puede deducir que han sido una excusa para apoyar a los “compradores”. El mercado español es el que es y todo el que opera en él padece las consecuencias de la aguda crisis del país. Por tanto, es inaplazable explorar otras opciones y no continuar con el dogal de criterios y políticas liquidatorias que conducen al desolladero y a la asunción de pérdidas ingentes. Seguir hablando de las entidades nacionalizadas en los términos negativos en que se habla en muchos medios de comunicación es muestra de desconocimiento o mala fe: son empresas en las que el Estado, es decir todos nosotros, ha realizado una operación gigantesca de saneamiento, cuya contrapartida tiene que ser su puesta al servicio del país. Están en condiciones de hacerlo, si no se las limita y coarta para convertirlas en inviables. Algunos competidores privados, que se dicen sanos, firmarían por tener los índices de solvencia y de liquidez de los bancos recapitalizados con dinero público. Sobra el menosprecio y falta que el Gobierno, que ha hecho un gran esfuerzo, salga a la palestra a vender sus resultados, a apostar por el futuro de ellas y a ponerlas a trabajar en un proyecto de negocio nacional.

El falso dilema de banca pública sí o no está fuera de lugar en la emergencia en la que vivimos: por mucho que se insista, la iniciativa privada carece de vigor o de interés para mover la máquina económica, desde luego en la crediticia está claro. Los grupos financieros españoles, excepto los dos bancos internacionales, están digiriendo sus daños y, por tanto, no pueden esperarse grandes cosas de ellos. Las evidencias las tenemos ante nosotros. La pregunta que cabe hacerse es si el Estado está dispuesto a hacer el cambio de marcha imprescindible para abrir rendijas en el círculo infernal en el que estamos metidos. Es su responsabilidad.


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