Psiconomía

La Cataluña imposible

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) resolverá previsiblemente esta semana mantener el nombre de Artur Mas al frente del proceso independentista que el Parlament de Catalunya ha emprendido. El debate que la CUP y Junts pel Sí sigue oponiendo al que plantea La Moncloa es el de la legitimidad para impulsar la “desconexión”. Ese debate teórico ha sido más que abordado en las últimas semanas dejando orillado otro: el de la viabilidad. ¿Se puede realmente desarrollar la hoja de ruta independentista tal y como se ha planteado? Más allá del debate teórico de la independencia, ¿puede hacerse en la práctica?

La Generalitat tendría 30 días para sustituir a 27.146 funcionarios estatales

La respuesta deja una Cataluña imposible tanto en el lado de los pagos como en el de los cobros. Según la propuesta de resolución aprobada por el Parlament, “se considera pertinente iniciar en un máximo de 30 días la tramitación de leyes constituyentes, de seguridad social y de hacienda pública”.

En la práctica, la velocidad del proceso lo hace incomprensible incluso para quienes simpatizan con el independentismo y revelan su inviabilidad. En apenas 30 días, la Generalitat debería sustituir a los 27.146 funcionarios públicos que a día de hoy operan en Cataluña en labores de la Administración Pública Estatal (unos 16.000 hombres y 11.000 mujeres).

Empleados Públicos en Cataluña

La Generalitat tendría que contratar a un cuerpo de empleados públicos y funcionarios para las dos áreas:

  • Agencia Tributaria: el Presupuesto de la Generalitat de 2015 apenas incluye la contratación de 80 personas; se incorporarán 10 especialistas "en procesos y procedimientos", 5 juristas, 3 especialistas en organización y otros 10 en análisis funcional para "fortalecer el proyecto de Hacienda propia" y preveía convocar 60 plazas para gestionar nuevos impuestos creados recientemente. La cifra queda muy lejos del cuerpo de más de 1.600 empleados del total que Hacienda destina a la actividad de Cataluña.
  • Seguridad Social: la Generalitat no ha detallado a cuántos funcionarios contrataría pero en 30 días deberían hacerse cargo de controlar una facturación de 200.000 millones de euros.

En el aire queda también la situación de 6.652 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que aplican la ley estatal. ¿Qué ocurriría con la Policía Nacional? ¿Y con los 2.237 militares que están desplegados en Cataluña?

En la práctica, la velocidad del proceso lo hace inviable e incomprensible incluso para quienes simpatizan con el independentismo

De la misma manera, el cuerpo judicial también está en el aire: 2.228 jueces catalanes aplican la legislación española. ¿Qué se haría con ellos? ¿Qué ocurre con la Administración de Justicia española?

En total, la Administración autonómica catalana dispone a día de hoy de 164.586 funcionarios. Sumar los 27.146 adicionales que requerirían los nuevos organismos significaría aumentar un 12% la plantilla de la Generalitat en el plazo de 30 días para que entraran en funcionamiento las nuevas estructuras.

El otro lado del problema práctico

El otro lado del problema práctico es el del mecanismo de cobros y pagos. El proceso de “desconexión democrático”, como lo bautiza la resolución, plantea un “derecho de transición” que regiría hasta que el derecho catalán sustituya ley a ley las normas españolas. En la práctica, eso plantea que durante un tiempo dos administraciones reclamarían los mismos pagos en ambos frentes:

  • En el frente tributario, los catalanes se verían sometidos a una doble tributación: la que les reclama el Estado español y la nueva tributación catalana. Incluso si esa Hacienda catalana echara a andar y retuviera sus impuestos, ¿qué ocurriría cuando la Agencia Tributaria reclamara a las empresas los tributos del Estado? Tal y como está diseñada la operación, se podría producir una situación de embargo de buena parte del empresariado catalán.
  • En el frente de Seguridad Social, la situación sería muy similar. Puesto que la caja es única, las empresas se verían obligadas o bien a enviar pagos a Madrid sin que Cataluña pudiera prestar servicios o bien a romper esa caja sin que todavía hubiera reservas para servir obligaciones como las pensiones de los jubilados catalanes.

Más allá de si se comparte o no el fondo del espíritu independentista, no se pueden aceptar las formas de esta desconexión. La velocidad de este proceso resulta incomprensible. La única buena noticia para quienes defienden otras soluciones diferentes a la del choque de trenes es que la inviabilidad práctica del texto es tan palmaria que quizá eso abre todavía una puerta a un intento final de negociación tras el 20-D.


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