Psiconomía

Caso Nóos: la hora de la verdad

La hija del rey emérito y hermana del rey Felipe VI se sienta hoy en el banquillo para intentar evitarlo. La infanta Cristina pretende esquivar en la fase de cuestiones previas del Caso Nóos el trago de ser formalmente acusada. A juicio se somete, realmente, la igualdad jurídica y también política.

JURÍDICAMENTE ESTÁ EN JUEGO SI "HACIENDA SOMOS TODOS" O SI "HACIENDA ES SÓLO CRISTÓBAL MONTORO", es decir, si un fraude sólo puede ser reclamado por cualquier ciudadano o si el Ministerio tiene el monopolio de las acusaciones, con el riesgo de injerencias políticas que eso implica. Hasta ahora, el juez Castro ha sostenido la doctrina del “fraude en la comunidad de vecinos de un edificio”, asegurando que “llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos”.

Jurídicamente se juega si, realmente, "Hacienda somos todos"

Por el contrario, la Audiencia, el Ministerio Público y la mal llamada “doctrina Botín” –una doctrina que técnicamente no existe, puesto que para constituirla son necesarias dos sentencias concurrentes y la que eximió al presidente del Santander fue una sola—consideran que el caso es más semejante al del “ladrón de televisores” de forma que consideran “absurdo que un delincuente hubiera sustraído un televisor y que al utilizarlo su familia cometiera un delito de blanqueo", deduciendo que "no resulta factible atribuir a la infanta Cristina la presunta comisión de un delito”.

En juego está, pues, en el terreno jurídico si se sostiene o no la acción particular o si el poder político puede decidir a quién se persigue y a quién no en los delitos que afectan al bien común.

Políticamente, se decide si "la Justicia es igual para todos" tras vivir 5 privilegios o irregularidades

Pero todavía hay más en juego en el terreno político. POLÍTICAMENTE SE DECIDE SI "LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS" y si “vivimos en un Estado de derecho en el que cualquier actuación censurable será juzgada y sancionada con arreglo a la ley”, según las propias palabras del rey Juan Carlos el 24 de diciembre de 2011.

De momento, el trato a la hija y hermana del rey ha demostrado lo contrario y ha reflejado un deplorable espectáculo en el que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Fiscal, la Moncloa y otros poderes del Estado se han puesto a los pies de la Corona para permitir hasta 5 privilegios o irregularidades:

  • Aceptar la desgravación ante Hacienda con facturas falsas: Los inspectores de la Agencia Tributaria comenzaron calificando como delito la actuación de la infanta. Sin embargo, el Ministerio se corrigió a sí mismo y aceptó la desgravación a través de facturas falsas para evitar acusar a la hija del rey. En su informe original de 21 de junio apreciaba fraude en la "amortización acelerada" y "contratación ficticia" de personal por valor de 173.542,50 euros. En un segundo informe fechado en septiembre cambia de criterio, consiente esas desgravaciones y reclama sólo 258 euros. El fisco todavía no ha explicado a día de hoy el por qué del cambio de opinión.
  • Aceptar que la cadena de custodia fiscal se rompa: La Agencia Tributaria en Madrid visó el informe de inspección a la infanta pese a que los trámites debían hacerse en Barcelona. El reglamento interno de la inspección que data de marzo de 1992 exige que la zona de residencia del declarante es la encargada de la inspección, en este caso, Barcelona. Sin embargo, Madrid reclamó “visar” el informe. La Audiencia de Palma cuestionó ese trámite y criticó abiertamente el escrito asegurando que suscitaba “zonas oscuras” y tiende a exculpar a la infanta hasta el punto de que el informe sostenía que “esas cuotas defraudadas pueden considerarse como mínimas (…) aunque no hubieran sido siquiera calculadas”. Hacienda tampoco ha explicado todavía la irregularidad.
  • La Fiscalía actúa como abogado defensor de la infanta:La instrucción del caso fue coincidente entre juez y fiscal hasta que apareció la figura de la hija del rey. Las presiones políticas han sido reconocidas por el propio Fiscal Pedro Horrach que, de manera insólita, dejó de acusar como suele hacer el Ministerio Público para actuar de abogado defensor, reclamando incluso al Gobierno una nueva ley que controlara a los jueces y presentando recursos que la defensa de la infanta no contemplaba, llamando “taimado” al juez. El Gobierno parece haber escuchado esa petición porque la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal limita el tiempo de instrucción de los jueces así como los medios de la judicatura.
  • La falta de citación a los responsables de la Corona. La Casa del Rey ha sostenido desde que se destapó el escándalo que dio orden al matrimonio Urdangarin de desvincularse de los negocios privados tan pronto como supo que participaban en ellos. Sin embargo, los correos electrónicos que los duques de Palma cruzaron con los monarcas sugieren lo contrario. Los e-mails que cruzaron Iñaki Urdangarin y la propia reina Sofía prueban que la Corona fue informada de las empresas y que las informaciones se mantuvieron más allá de la fecha en que la Casa Real dijo que se habían roto esos lazos comerciales. Esa línea de investigación -que Diego Torres intentará incluir hoy como nueva prueba- ni siquiera ha sido explorada.
  • Y el menor de todos, pero más visible, el privilegio de permitir a la hija del rey acceder en coche hasta la puerta del tribunal sin hacer el paseíllo frente a los otros 42 acusados, iguales ante la Justicia, que debieron desfilar ante las cámaras.

Hasta ahora, hay 29 pruebas que empujan a la infanta al banquillo y que sostienen la acusación y una única explicación para evitarla: es la hermana del rey. Desde hoy veremos si, realmente, todos somos iguales ante la ley o si algunos son más iguales que otros.  


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