OPINIÓN

Con o sin 155, la obligación del Estado es hacerse sitio en Cataluña

No puede ser, como hemos constatado, que la última y casi única trinchera del Estado en aquella comunidad sea la formada por jueces, fiscales y policías parapetados en hoteles de dos estrellas.

Con o sin 155, la obligación del Estado es hacerse sitio en Cataluña.
Con o sin 155, la obligación del Estado es hacerse sitio en Cataluña. EFE

Esto no ha acabado. Tampoco sabemos cuándo y cómo acabará. Pero esta desgarradora experiencia, sufrida en primer término por muchos catalanes, no puede en modo alguno salirle gratis a los principales responsables de la que ya es la crisis más grave de la democracia española. Y no solo a los independentistas. Cierto, han sido estos los incendiarios, los causantes directos de una herida devastadora en lo político y sobre todo en lo social; los que con su estrategia de sistemática desfiguración de la verdad, de acoso al discrepante, de indecente y falsario proselitismo en escuelas y universidades, y de bochornosa utilización partidaria de los medios de comunicación públicos, han enfrentado a unos ciudadanos con otros.

Ha sido y es la convergencia interesada entre nacionalismo y populismo la que está detrás del proceso de deslegitimación del modelo de convivencia que trajo la paz y el progreso a la inclemente Europa. Y en el espurio interés de unas élites excluyentes, que ven amenazados sus privilegios, está el germen de una rebelión carente de argumentos sólidos que la puedan justificar; ni en clave de ausencia de libertades, ni tampoco en el terreno de los agravios, tan recurrente para el nacionalismo. Este, el nacionalismo, no solo es un peligro; es una anacrónica anormalidad. Querer a tu tierra, defender sus viejas costumbres, sus instituciones, su lengua y demás peculiaridades, no son aspiraciones incompatibles con la pacífica convivencia de identidades y pareceres y el respeto de lo ajeno.

No hay duda de quiénes son los culpables por acción; pero también debiera servir esta crisis para extraer conclusiones acerca de la responsabilidad por omisión

Pero sí es incompatible e inaceptable que la espesa cortina de humo del independentismo catalán, la infame estrategia de reinventar la historia para adaptarla a intereses reduccionistas y microscópicos, haya trastocado el orden lógico de las urgencias sociales del país, desplazando a lugares accesorios asuntos vitales, como la exigencia de combatir la desigualdad o acelerar acuerdos inexcusables en materias como el empleo juvenil o la educación. No hay duda de quiénes ocupan el escalón más alto en el podio de la insensatez por acción; pero también debiera servir esta crisis para extraer conclusiones acerca de la responsabilidad por omisión.

En un durísimo editorial titulado “La estrategia de la tensión”, el más prestigioso de los rotativos franceses, “Le Monde”, denunciaba hace unos días que "la televisión pública catalana lleva meses machacando con una propaganda independentista simplista y engañosa, recurriendo a una retórica de victimización que pretender hacer creer, de forma grotesca, que Catalunya es víctima del regreso de la dictadura franquista. No es el caso". Para los que seguimos de cerca la actualidad en Cataluña y venimos alertando desde hace tiempo sobre la casi nula pluralidad de medios como TV3, las afirmaciones del diario parisino nada tienen de novedoso, pero sí el extraordinario valor de obligar a abrir los ojos a quienes llevan años sin querer ver.

El Estado no se puede permitir durante mucho más tiempo la imagen desoladora de policías y guardias civiles atrincherados en hoteles o en campings

Con o sin 155, el Estado ya no puede mirar para otro lado y seguir permitiendo que en Cataluña se subviertan, con sistemática obstinación, las normas mínimas de respeto a la libre opinión y al derecho ciudadano a recibir una información veraz. Aún menos se puede permitir la imagen desoladora de policías y guardias civiles atrincherados en hoteles de dos estrellas o en campings reabiertos para la ocasión. Como resulta frustrante, aunque no necesariamente represente al conjunto, la certidumbre de que presuntos docentes adoctrinan a escolares en el aborrecimiento a todo lo que huele a español.

Según una reciente encuesta de “El Periódico”, siete de cada diez catalanes opinan que el procés ha dividido a la sociedad. Sí, el procés muere matando: ha quebrado la convivencia y no ha recaudado ningún apoyo internacional relevante. Pero la catástrofe no puede ocultar que también estamos ante la confirmación del fracaso del Estado. El intento de golpe del independentismo ha demostrado la resistencia de la nación española en situaciones extremas, pero a la vez ha dejado al descubierto sus carencias, la infinita soledad a la que ha condenado a millones de sus súbditos con su inacción.

Pase lo que pase a partir de ahora, el Estado, desde el respeto previo a las singularidades históricas, desde el convencimiento de que la solución pasa por una reforma de la Constitución que corrija las deficiencias del llamado “café para todos”, debe recuperar su sitio en Cataluña. No se trata de sustituir, sino de ocupar el lugar que le corresponde, de compartir. Lo que no puede ser es que la última y casi única trinchera del Estado en aquella comunidad hayan acabado siendo jueces, fiscales y policías.


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