OPINIÓN

Algo grave pasa cuando la UCO pone sentencias y los jueces desertan

Nada puede reprocharse a la UCO, a la UDEF y al resto de unidades policiales que limpian las cloacas con medios limitados. Es el modelo que pivota alrededor de la figura del juez instructor el que hace aguas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. EFE

Hace menos de quince años la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, estaba compuesta por apenas cinco decenas de agentes. Hoy pertenecen a su plantilla alrededor de quinientos, con el apoyo de los llamados ECO, Equipos de Crimen Organizado implantados en los lugares más “sensibles” del territorio nacional. Otros 70 hombres y mujeres adicionales.

La UCO se ocupa de perseguir el narcotráfico a gran escala, las cada vez más sofisticadas redes de criminalidad organizada y los delitos económicos, entre otras modalidades delincuenciales. Únicamente unos cuarenta agentes son especialistas en fraude. Cuarenta magníficos para detectar, descifrar y poner a disposición de los tribunales las trampas de 40.000 chorizos, como poco. El servicio contra el fraude económico de la UCO mantiene simultáneamente abiertas, de media, entre 20 y 25 operaciones. Están desbordados, pero felices. Se sienten útiles. Y lo son.

La UCO y la UDEF son piezas básicas de esa red de seguridad que protege a los ciudadanos y evita la demolición del sistema

A la UCO, y a la UDEF y otras unidades policiales que limpian las cloacas con medios limitados, habría que hacerles un monumento, o concederles el Princesa de Asturias de la Concordia. No se les puede reprochar nada, o casi nada. Hacen su trabajo a conciencia con un entusiasmo digno de mejores y mayores compensaciones. No tienen horas. Se saben depositarios de una confianza que no ha encontrado refugio en otras instituciones. Son conscientes de haberse convertido, junto al sector sano de la Justicia, en una pieza básica de esa red de seguridad que proyecta cierta esperanza sobre los ciudadanos y evita la demolición del sistema. Pero… Siempre hay un pero.

“Traicionando las previsiones de la Constitución”

Luis Rodríguez Ramos acaba de cumplir 75 años. Ha sido, y sigue siendo, uno de los abogados de mayor prestigio de nuestro país. Ejerció también como catedrático de Derecho Penal, y sus alumnos de la UNED le organizaron tras su jubilación un homenaje al que acudieron juristas de todas las tendencias y colores. En aquella ocasión, alguien definió a Rodríguez Ramos como el “jurista total”, y el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se refirió a él como un “referente que nos ayuda a pensar en libertad”.

Rodríguez Ramos sigue batallando desde la Unión Española de Abogados Penalistas por una equilibrada aplicación de la justicia penal. En un artículo publicado recientemente en la revista Abogados dice textualmente: “Una serie de factores está minimizando los derechos que garantizan la defensa de los ciudadanos investigados, encausados, acusados e incluso condenados, traicionando las previsiones de la vigente Constitución y de los convenios internacionales de derechos humanos”. Palabras mayores, viniendo de quien vienen, alguien de experiencia contrastada, de la que se adquiere a pie de obra; alguien que ya no aspira a mayores cargos ni dignidades; alguien que dice la verdad, pero clama en el desierto.

Si algo se le puede reprochar a los servicios policiales es que se arroguen el derecho de realizar valoraciones jurídicas que no les corresponden

Hace ya demasiado tiempo que don Luis Rodríguez Ramos viene denunciando la “devaluación del derecho a la defensa”. En el artículo antes citado expone las que considera causas principales de tal deterioro: “Existen factores viejos y nuevos: la persistencia de la figura del juez instructor, las sinergias inquisitivas y las forzadas sentencias de conformidad, la dejación de la instrucción por el juez y el fiscal en manos de la Policía y la Agencia Tributaria, quedando ellos como meros tramitadores, la presión mediática favorable al linchamiento de los sospechosos de corrupción o de otros delitos que generan especial rechazo y la irresponsabilidad de las acusaciones frente a la temeridad”.

La persistencia del juez instructor, la dejación de la instrucción por el juez y el fiscal en manos de la Policía y la Agencia Tributaria, el linchamiento de los sospechosos. Toda una enmienda a la totalidad de nuestro sistema penal y una cualificada denuncia que pone de manifiesto una realidad irrespetuosa con nuestra Constitución y que ha dejado de ser excepción para convertirse en procedimiento ordinario.

Sobre lo de Cifuentes y los jueces con tricornio

Si algo se le puede reprochar a la UCO, y al resto de servicios policiales que se ocupan de asuntos de corrupción, es el exceso de celo, que se arroguen un derecho que no tienen y realicen valoraciones jurídicas en los escritos que elevan al juez. Es lo que ha ocurrido con Cristina Cifuentes y en otros casos menos llamativos. Pero la culpa no es suya. La culpa es de esos jueces que interrogan en lugar de vigilar los interrogatorios, que, lejos de centrarse en dirigir a sus subordinados, se suman a la fiesta, se colocan la gorra de plato o el tricornio en la cabeza y se involucran de hoz y coz en las investigaciones policiales sin marcar la distancia que la sensatez recomienda para así asegurar la limpieza de la investigación y garantizar mejor el derecho constitucional de los investigados a su propia defensa.

Otro de los efectos de este ambiente irrespirable es el aparcamiento de reformas urgentes como consecuencia de un diálogo imposible entre Gobierno y Oposición

La culpa es de un sistema que mantiene la figura anacrónica de un juez instructor todopoderoso que un día corre que se las pela para quedarse con esa causa mediática, la engorda hasta hacerla indigerible, se muestra incapaz de hacer que se respete el secreto del sumario, no mueve un dedo para proteger a los acusados de la pena del telediario -en parte porque no tiene dedo que mover- y, tiempo después, sale por piernas del avispero deplorando la falta de medios y dejando al sustituto la herencia envenenada e inmanejable de un sumario con más de 50.000 folios de documentos y diligencias.

Falla el modelo, y lo peor de todo es que no hay ninguna esperanza de cambio. Parecía que esta legislatura iba a ser la definitiva, que había consenso suficiente para abordar por fin la reforma de la Ley Procesal Penal. Nada de nada. Este es otro de los efectos del ambiente irrespirable provocado por la corrupción: reformas urgentes aparcadas sine die como consecuencia de un diálogo imposible entre Gobierno y Oposición, y responsables políticos abrasados en el horno donde todavía se siguen incinerando los viejos hábitos de un partido que no acaba de salir del barro, ni saldrá del todo hasta que no asuma un masivo recambio generacional.


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