Independencia de Cataluña La única salida al laberinto catalán: elecciones o... elecciones

Rajoy y Sánchez se conjuran para obligar a que sea Puigdemont quien adelante las elecciones y dé salida "al lío que él ha creado"; si no, lo harán ellos vía artículo 155 de la Constitución 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo EFE

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han conjurado durante las últimas semanas en multitud de conversaciones, unas conocidas y otras no, para que sea Carles Puigdemont quien adelante las elecciones autonómicas en Cataluña y ponga así fin a la amenaza a la unidad territorial que vive hoy España, según han explicado a Vozpópuli fuentes de ambos partidos.

Los dos tienen "muy claro" que esa es la única forma de parar el desafío independentista sin causar más desgarro social ni destrozo económico del ya sufrido en esa comunidad, donde se espera una recesión. No en vano, el Gobierno remitió el viernes a Bruselas un aviso de que, si no hay una salida pronto, tendrá que revisar a la baja el objetivo de crecimiento para 2018 y con él todos los Presupuestos Generales del Estado, que habían sido pactados con Ciudadanos y PNV y ahora están en el aire.

Con la nueva Generalitat que surja de las urnas, elegida por"todos los catalanes, no solo los 2,4 millones que participaron en el referéndum ilegal", se retomará el diálogo institucional y el PDCat podrá participar en la reforma constitucional que se abre paso en el Congreso -ERC ha dicho no-; eso está claro en la estrategia que ha diseñado el Estado. Pero ni Rajoy ni Sánchez quieren pasar a la historia, a ojos de los catalanes y del mundo entero, como los que convocaron esas elecciones previo desalojo por la fuerza del presidente de la Generalitat, vía artículo 155 de la Constitución.

Legalmente pueden hacerlo -el Consejo de Ministros tiene informes que lo acreditan- y lo harán "si es necesario", porque el riesgo para la economía y la estabilidad de España empieza a ser considerable. Aún así, se van a resistir hasta el final. Admiten que el coste para el constitucionalismo en Cataluña sería inmenso, con un Puigdemont mártir de mitin en mitin, dando alas a un movimiento que hoy vive horas bajas por la frustración que le ha producido la suspensión de la independencia que él mismo decretó.      

"Deseo fervientemente que Puigdemont acierte", dijo un críptico Rajoy el miércoles en el Congreso; frase que corroboró Sánchez el jueves en diversas entrevistas cuando avisó: "Nadie quiere aplicar el artículo 155, menos el señor Rivera". Ambos creen que el presidente de Ciudadanos -y todos quienes así se pronuncian, como José María Aznar, Felipe Gónzález, Alfonso Guerra y la vieja guardia socialista- se equivocan presentando ese mecanismo de coerción federal como una amenaza cuasi militar.

"Es tanto como dar la razón a los independentistas, que están deseando el 155 para resurgir con el relato del pueblo oprimido", señalan varias de las fuentes consultadas.

La clave política va a estar entre este lunes, a las 10, fin del primer plazo, y el jueves a esa hora. Si Puigdemont no cede, el viernes 20 el Consejo de Ministros pedirá al Senado autorización para usar el 155

De hecho, el diseño de Rajoy y Sánchez supone justamente lo contrario: una pista de aterrizaje para que Puigdemont pueda desembarazarse de los más radicales, la CUP y las organizaciones Asamblea Nacional catalana (ANC) y Ómnium Cultural, convocando elecciones sin necesidad de admitir la derrota. Intuyen que el lunes, a las 10.00, cuando expire el primer plazo del requerimiento del Consejo de Ministros para que explique si el martes pasado declaró la independencia en el Parlament, el presidente de la Generalitat no va a contestar con un "sí" o un "no".

Dan por hecho que seguirá en la ambigüedad para ganar tres días más, hasta el jueves a las 10.00, hora en la que ya tendrá que haber demostrado que ha vuelto a la legalidad constitucional y al Estatuto de Autonomía; si no, al día siguiente, el Consejo de Ministros pedirá la convocatoria del Senado la semana siguiente para suspender la Generalitat.

Si durante esos tres días, Puigdemont escenifica la ruptura con la CUP, y justifica la convocatoria electoral en la debilidad parlamentaria de Junts pel Si, el 155 no se pondrá en marcha. La Moncloa -y el PSOE- considerarán de facto que ha vuelto a la Constitución y sospechan que Oriol Junqueras (ERC) no va a poner muchas pegas a esa salida porque las encuestas dan que sería el ganador de los comicios.

Si no, al día siguiente, viernes, el Consejo de Ministros solicitará la convocatoria del Senado la semana siguiente para que le autorice a intervenir la Generalitat, desalojar al Govern y tomar el control de los Mossos de Esquadra.  

El problema es que durante las últimas horas ha surgido la posibilidad de que Puigdemont pretenda mantenerse en el poder mediante un acuerdo con Catalunya Si que es Pot, apadrinado por Ada Colau y Pablo Iglesias, formación que no quieren elecciones ahora bajo ningún concepto porque están bajo mínimos por su división interna -la que explicitaron en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre Dante Fachin y Joan Coscubiela.

Es un mal escenario para el Estado, que podría verse entonces obligado a forzar la máquina con el 155 para acabar con una situación de incertidumbre que empezará en semanas a afectar al empleo de forma alarmante. En el tercer trimestre de 2017, antes del referéndum del 1-O y todo lo que se ha vivido después en forma de fuga de empresas, la inversión en Cataluña había caído un 10%, frente al aumento del 13% en toda España, y las reservas en el sector turístico han caído entre un 20 y un 30%.


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