Publicado: 27/11/2017 04:05
El Gobierno quiere enredar en el PSOE. Sabe que el Grupo Socialista no apoyará los Presupuestos generales del Estado 2018, pero ha encontrado en la financiación autonómica otro argumento para sacar a la luz las contradicciones entre Ferraz y presidentes autonómicos como Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Susana Díaz (Andalucía) o Javier Fernández (Asturias). Estos en público, y otros en privado, se han quejado porque el PP... y su partido hayan antepuesto la aprobación de la Ley del Cupo vasco esta semana a la resolución de sus problemas de financiación autonómica.
Pedro Sánchez tuvo que intervenir, hablando uno por uno con todos, para garantizarles que presionará a fin de que el nuevo sistema de financiación sea incluído ya en las cuentas públicas del año próximo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha tomado la palabra instándole a apoyarlas y así no será necesario que el PNV lo haga.
La Moncloa está dispuesta a usar los 20.000 millones adicionales de ingresos que conseguirán las Administraciones vía impuestos. De ahí habrá que descontar la subida de sueldo a los funcionarios, 1.900 millones. Otros 2.000 irán a la rebaja de impuestos comprometida con Ciudadanos. Y también hay que rebajar el déficit en más de 10.000 millones para cumplir con los objetivos presupuestarios de la UE.
Aún y todo, después de esos descuentos al Gobierno le quedan 6.000 millones a inyectar en el nuevo sistema de financiación autonómico. Un caramelo muy goloso para las comunidades autónomas del régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), incluidas las seis socialistas con las que Ferraz confía en ir a una cuando se inicie la negociación.
Las autonomías del régimen común han enviado ya a Hacienda su propuesta de nuevo modelo de financiación y muchas de ellas exigen más cesión de IVA para acabar con un déficit crónico en sus servicios
En realidad, la maniobra de presión a Sánchez es un brindis al sol, propio del debate político, en el que también participa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, instando al que fuera su socio de la investidura fallida el año pasado a no bloquear económicamente a España. Eso dijo Rivera en el debate del cupo en el Pleno del Congreso el pasado jueves, y a eso se agarró Montoro en un intento por tapar la tormenta de protestas por el cupo, que también afecta a las comunidades gobernadas por el PP.
De momento, Hacienda ha dado a las comunidades 48 horas más -ayer finalizaba el plazo- para presentar sus respectivos informes de situación y propuesta de modelo. Así da oficialmente el pistoletazo de salida a la negociación que debería haber entrado en vigor el 1 de enero pasado, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 enero de 2017, dos meses después de la investidura de Mariano Rajoy.
La conferencia encargó al Ejecutivo la constitución de un comité de expertos que entregó en julio su informe, aunque el tema ha quedado hasta ahora en segundo plano por el desafío secesionista en Cataluña. Ahora se retoma el problema y, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, en su informe, propone que las comunidades asuman el 70 % de la recaudación del IVA (actualmente 50 %), para garantizar la sanidad y la educación.
También Murcia, gobernada por el PP, pedirá que el nuevo sistema de financiación contemple una mayor cesión del IVA, así como una condonación de toda la deuda generada como consecuencia de la infrafinanciación. Y Andalucía exige al Gobierno apuntar que el desfase en inversiones y financiación que soporta supera los 10.000 millones de euros.
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