El bloque soberanista maneja el 27 de septiembre para celebrar el referéndum

“Tenemos claro que la consulta se celebrará en la segunda quincena de septiembre y la fecha del 27 parece la más adecuada”, aseguran fuentes del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT). Antes, el bloque soberanista planteará formalmente al Gobierno una negociación que abarque la pregunta o preguntas a someter a referéndum, las fechas y el procedimiento. De no obtener respuesta, Carles Puigdemont se arriesgará a incurrir de nuevo en una ilegalidad como la que derivó del 9 de noviembre de 2014 y que ha provocado, entre otras, las inhabilitaciones para ejercer cargo público de Artur Mas y de Francesc Homs.

La Generalitat planteará al Gobierno una invitación formal para negociar las condiciones de la consulta, incluidos los porcentajes

Mientras que en la antigua Convergencia se suscitan cada vez mayores dudas sobre las ventajas de ir a una colisión frontal con el Estado por la convocatoria de este referéndum, en Esquerra Republicana se tiene claro que no hay otra alternativa, ni siquiera la de celebrar unas elecciones generales anticipadas en Cataluña. “Nosotros convocaremos el referéndum sí o sí porque carecemos de margen para no hacerlo. Y, después, ya se verá lo que pasa”, aseguran fuentes de ERC, convencidas de que todas las posibilidades que se barajan en algunos sectores de la antigua Convergencia para encarar el conflicto, “llegan tarde y no valdrían para ni siquiera para encauzarlo”.

Una de ellas, el añadido a la Constitución de una disposición adicional que reconozca la singularidad de Cataluña y sus derechos históricos, además de recuperar parte de lo que el Tribunal Constitucional eliminó del Estatuto en 2010, es vista como una “salida en falso” por la dirección de ERC. Fue expuesta hace unos días en Madrid durante un coloquio mantenido por el exconsejero de Economía catalán Andreu Mas-Colell y el excomisario europeo Joaquín Almunia, aunque el primero dejó claro que en el corto y medio plazo no hay otra solución posible para desatascar el conflicto que dejar, de una forma u otra, “que los catalanes voten”.

Porcentajes de aceptación

En el bloque soberanista se ve escaso margen, por no decir nulo, a la posibilidad de que el Gobierno admita una negociación sobre las condiciones del referéndum. Pese a todo, la invitación formal acabará llegando a La Moncloa y en ella se admitirá, incluso, hablar de las condiciones que garantizarían que el resultado final de la consulta fuera “reconocible” por todas las partes. “Esto, lógicamente, nos obligaría a hablar también de porcentajes de aceptación. El sentido común dice que una apuesta a favor de la independencia que estuviera por debajo del 50% frenaría el proceso de manera radical”, admiten fuentes del PDeCAT.

Este guion que ha trazado el bloque soberanista, no sin fuertes disensiones internas, ha tenido en cuenta las dos corrientes de opinión que conviven en Bruselas sobre las aspiraciones secesionistas de un sector de la población catalana.  Fuentes comunitarias admiten que en Bruselas y en el Parlamento europeo hay voces permeables a apoyar la celebración de una consulta en Cataluña como la que se celebró en Escocia en septiembre de 2014, partiendo de un reconocimiento expreso al llamado ‘derecho a decidir’. Sin embargo, en los principales centros de poder de la UE prevale ante todo el firme rechazo a permitir que dentro de la Unión surja un nuevo Estado, después de la Torre de Babel en que se ha convertido la Europa a 27.

Los independentistas buscan alimentar la corriente minoritaria que hay en Bruselas a favor del referéndum

De hecho, Mariano Rajoy ha recibido plenas garantías de países como Alemania, Francia e Italia para que la UE en su conjunto sirva de barrera al proceso soberanista catalán cuando llegue su momento decisivo. Es un logro que responde, en parte, a los numerosos contactos a nivel de gobierno y de embajadas que ha hecho el Ejecutivo para afrontar con un potente blindaje internacional lo que se antoja como el último esprint del independentismo para ganar una resonancia que, de momento, solo ha tenido buena entrada en países como Estonia, Lituania y Letonia, los más dispuestos a apoyar procesos de esta naturaleza.