Independencia de Cataluña La "amenaza" de Puigdemont une a PSOE y PSC en torno al 155

Todos los socialistas coinciden en que la respuesta del presidente de la Generalitat al segundo requerimiento del Gobierno lleva necesariamente a iniciar el proceso para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta. EFE

Los socialistas respondieron ayer sin fisuras al último cruce de cartas entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy: vista la contestación del Govern al segundo requerimiento de Moncloa, no queda otra que acudir al artículo 155 de la Constitución, que permite asumir competencias a una comunidad autónoma. Desde Barcelona a Sevilla, pasando por Madrid, dejaron claro que "la amenaza" de Puigdemont de declarar la independencia es inasumible y conduce directamente a un camino.

"La amenaza de declarar en cualquier momento la independencia hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución". Son palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, un partido que lleva meses rechazando este instrumento. Pero, llegados a este punto, creen que la "amenaza de secesión" no deja más opciones.

Y elimina matices entre socialistas de Cataluña y del resto de España, aunque no todos valoren de la misma manera lo que ha ocurrido en las últimas semanas. El PSC, por ejemplo, lamentó la petición de presión a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y consideró que no contribuyó a resolver de otra manera la crisis.

De hecho, algunos miembros de este partido defienden que esta decisión judicial echó por tierra la posibilidad de que Puigdemont hubiera respondido de otra manera, gracias a las presiones de miembros de su partido, y de otras instancias, que creen que habían empezado a surtir efecto y que podrían haber dado frutos.

Ahora, creen que no hay lugar a otra cosa que a apoyar al Estado, aunque ese artículo no genera ningún entusiasmo. Eso sí, y en espera de que el Gobierno concrete en qué va a consistir su aplicación, desde Barcelona el llamamiento que se hace es que sea para "recuperar el autogobierno, restaurar la legalidad, y restituir la vigencia del Estatut" y, además, que se produzca "en el plazo más corto posible" y para convocar elecciones cuanto antes. 

Lo ven inevitable, aunque, según explican en el PSC, mantienen que es el último escenario al que habría que haber llegado. Creen que es una medida dura, que tensionará al partido y, aunque "nadie hace cálculos electorales", admiten que tendrá consecuencias en las urnas.

Más prisas para las urnas en el PSC

Con todo, el PSC tiene más prisa que el PSOE para esos comicios, aunque Ferraz dejó también claro ayer que apuesta por una intervención "muy, muy limitada" y durante un tiempo "lo más breve posible". No adelanta cuál va a ser el paquete de medidas que apruebe el Consejo de Ministros el próximo sábado, pero sí insiste en que su voluntad es que sea un 155 lo más light posible y ajustado a lo que creen que debe ser el objetivo: recuperar la "normalidad" para Cataluña y que sus ciudadanos voten pronto. 

En el resto del territorio, las federaciones evitan meterse en lo concreto, pero el mensaje que trasladan es el mismo apoyo férreo al Gobierno para responder a los independentistas. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, lo defendió así ayer desde La Roda de Andalucía (Sevilla): Puigdemont ha pasado "del desafío a amenazar directamente al Estado de derecho" y eso "es intolerable en una democracia", dijo.

La voluntad del PSOE es que se aplique un 155 lo más 'light' posible y ajustado a lo que creen que debe ser el objetivo: recuperar la "normalidad" para Cataluña y que sus ciudadanos voten pronto

La líder del PSOE andaluz no quiso hablar de la hoja de ruta del Gobierno ni de las posibles elecciones, pero sí insistió en que las comunidades autónomas, como parte del Estado, sí tienen que reivindicar que se restituya cuanto antes la legalidad, porque fuera de la ley lo que hay "es la selva".

Otros, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, venían pidiendo ya a las claras desde hace semanas la aplicación del 155, sobre el que el PSOE no ha tenido una posición oficial, y ha dejado entrever muchas dudas, hasta que no se ha puesto encima de la mesa de manera formal por parte del Gobierno. Y en estos meses ha habido opiniones de todo tipo.

De hecho, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ya dijo en julio que aunque su partido apoyara el recurso a este instrumento de la Constitución, ella estaría "en contra". Ahora, lamenta que se haya llegado a esta situación sin ni siquiera una reunión entre Rajoy y Puigdemont. Según explican fuentes de su entorno a este periódico, Armengol cree que "hasta que no se vaya a la raíz del problema, y desde el diálogo, se llegue a un acuerdo", se estará "atrasando el problema" en Cataluña, pero no solucionándolo. 

Pero evitará dar su opinión sobre el respaldo de su partido al Gobierno en la aplicación del 155 y esperará a que se convoquen los órganos de su partido para hacerlo. Sánchez había previsto celebrar un Consejo de Política Federal (que reúne a todos los 'barones' territoriales) y un posterior Comité Federal para debatir la posición del partido, pero, vistos los plazos para la activación del 155, cuyo segundo requerimiento vencía ayer, canceló sus planes. De momento, no hay nuevas fechas para que se reúnan, en la que serán sus primeras citas desde que Sánchez volvió a Ferraz. 

En todo caso, de lo que parece que se han librado los socialistas es de que sus presidentes autonómicos, con sensibilidades tan diferentes, tengan que pasar por la comisión del Senado que tramitará la aplicación de ese artículo, ya que parece que no se recurrirá a la Comisión General de Comunidades Autónomas, sino a otra comisión conjunta "ad hoc", que se creará con senadores procedentes de las comisiones cuyo ámbito se vea afectado por las medidas del Gobierno, y en la que al menos estarán los de la Comisión Constitucional. Y en la que ya no habrá desfile de presidentes.


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