Los alcaldes del PSC se plantan ante la "intimidación" y "amenazas" de Puigdemont

"Ni podemos ni queremos callar, ni mucho menos ocultarnos". Los alcaldes socialistas catalanes dan un paso al frente para denunciar las "intimidaciones" de los últimos días para que colaboren con un referéndum que el PSC considera "ilegal" y con el que ya han dicho que no va a participar: los 122 primeros ediles de este partido y sus concejales de otras más de 200 ciudades y pueblos han suscrito un manifiesto en el que denuncian las coacciones del bloque independentista y aseguran que no van a silenciar a todos los catalanes que "no se sienten representados por un Govern radicalizado, hiperexcitado y a la deriva". 

El manifiesto es el resultado de la reunión del Consejo Municipal del PSC en Santa Coloma de Gramanet, una cita a la que han acudido el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ya ha declarado que sus compañeros en Cataluña tienen todo el apoyo, y todo el "reconocimiento", de su partido en su "comportamiento ejemplar" en respuesta al pulso de los independentistas.

En las últimas horas, algunos alcaldes del PSC han levantado la voz para denunciar las presiones, como hizo la primer edil de L'Hospitalet, Núria Marin, en la celebración institucional de la Diada ante el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero ahora han lanzado un mensaje unido para dejar clara su posición.

"En los últimos días hemos visto cómo se nos presionaba, se nos señalaba con el dedo, se nos insultaba e incluso se nos amenazaba por nuestro posicionamiento hacia el 'referéndum' ilegal del 1 de octubre que impulsan las formaciones políticas Junts pel Sí y la CUP a través del Gobierno de la Generalitat".

Así empieza el manifiesto en el que los alcaldes dejan claro que, desde la lealtad institucional al ayuntamiento y al gobierno, ellos están con Cataluña y "la democracia" y denuncian que son "exclusivamente" la Generalitat y las formaciones políticas y entidades que les han dado apoyo quienes impulsan el "'referéndum' ilegal", las movilizaciones que lo acompañan y la desobediencia a las leyes, a la justicia y a los fundamentos y valores de las democracias europeas y occidentales.

El bloque independentista, denuncian, ha escogido "un camino extremista y de radicalización con el que pretenden arrastrar a todo el país" y ahora pretenden "ocultar sus debilidades políticas y organizativas" y difuminar sus responsabilidades traspasando a los ayuntamientos gran parte de los preparativos del 1-O, para "culpabilizar hipócritamente a quienes han decidido cumplir la ley". 

Pero, por encima de esto, subrayan que este bloque está "más pendiente de preparar las cercanas elecciones" en Cataluña que "de buscar una salida democrática, razonable, justa y digna a las legítimas aspiraciones de gran parte de la sociedad catalana".

Buscar una salida

Por su parte, los regidores socialistas aseguran que no se van a callar ante los independentistas y que van a seguir buscando una salida al problema de fondo a través del proyecto político que defiende su partido, y qué se basa en "el diálogo, la negociación y el pacto para superar la crisis institucional", y que lo harán "garantizando la seguridad y la libertad de los municipios y gobernando democráticamente, con responsabilidad y rigor".

Su objetivo es seguir luchando "dentro de las instituciones" para cambiar las leyes, para echar democráticamente al PP del Gobierno de España y para transformarla en un Estado federal que reconozca su plurinacionalidad", a través de una reforma constitucional que haga posible "un encaje justo y generoso para la nación catalana y que garantice solidariamente la fiscalidad, las inversiones y los servicios que aseguren el progreso de Cataluña y el bienestar y la justicia social". 

Después de oponerse en el Parlament a la aprobación de las leyes con la que los independentistas pretenden dar cobertura al referéndum, y que ya han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, el PSC se ha centrado en avisar a los catalanes de que esa votación no es legal ni tiene ninguna garantía, mientras se mantiene firme en su negativa a colaborar con el 1-O. En ambas cosas tiene todo el apoyo del PSOE.