Soraya, Montoro y el juez Llarena: el último coletazo de la 'Operación diálogo'

"Si algún día se descubre todo lo que se ha hecho desde la consejería de Economía, tendremos muchos problemas". La reciente confesión en privado corresponde a un dirigente de ERC. No se refería estrictamente a los fondos desviados desde la Generalitat para financiar el referéndum del 1-O, ahora en los tribunales y objeto de polémica en torno a Cristóbal Montoro. Aludía también a los medios apabullantes con los que han contado los últimos tiempos gran número de entidades independentistas.

La financiación del referéndum con dinero público no arrancó semanas antes del 1-O. Hay correos entre distintos departamentos de la Generalitat, entre abril de 2016 y octubre del año siguiente, que evidencian este trasiego de fondos para desviarlos a la consulta ilegal. Eran los tiempos de la 'operación diálogo'. El Gobierno ofrecía su mejor sonrisa a los separatistas, su mano extendida y su generosidad económica mientras se urdía el golpe a la democracia.

Todo arrancó con la masiva Diada de 2012, el primer aldabonazo contundente en el camino a la secesión. Desde entonces "parecía no haber problemas de financiación para arropar cualquier iniciativa en defensa la proclamación unilateral", añade. Las ayudas no llegaban tan sólo a ANC y Omnium. "La manguera llegaba a todo tipo de iniciativas, sociales, cívicas, culturales y hasta rurales.

El camino hacia la secesión había echado a andar. Artur Mas, se espantó ante la enormidad de la movilización de aquel 11 de septiembre y hasta adelantó las elecciones autonómicas para sumarse al vendaval que arrasaba las calles. Una pifia. Convergencia perdió 12 escaños y, tras el desastre, se subió en marcha al tren de la independencia.

"Mucho cariño y más fondos"

Nadie en Madrid se tomaba muy en serio la nueva deriva de Cataluña. No, al menos, en forma ostensible. Mariano Rajoy, obsesionado por hacerle frente a la descomunal crisis económica heredada del zapaterismo, contemplaba con displicencia los mensajes incendiarios que llegaban desde Cataluña. Todo se arreglaría con dinero, era la prédica desde Moncloa. Cariño y fondos, era la norma. El trato a la Generalitat era firme pero complaciente. 

Emergían sin embargo, las críticas a esa política de apaciguamiento con los separatistas desde sectores políticos nacionales. Incluso Cristóbal Montoro, ahora en el ojo del huracán,  puso en marcha, en 2015, un sistema de control reforzado de las cuentas de la Generalitat para evitar que el desvío de partidas públicas a sufragar el movimiento separatista. Un golpe de efecto con escasos resultados. Fue un primer amago de lo que debió ser y no fue. 

En marzo de 2016, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aterrizó en la sala VIP del aeropuerto de El Prat, en ruta Bruselas-Madrid, para mantener un encuentro nada transparente con Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía. El representante del 'Govern' y líder de ERC, reclamó entonces unos adelantos de 600 millones del FLA, amen de otra serie de peticiones, como créditos más blandos y otras demandas. Había que tratarle bien.

Junqueras era, por entonces, el rostro amable del bloque secesionista. Tres meses antes de ese encuentro, Carles Puidemont había llegado de carambola a la presidencia de la Generalitat, al grito de "¡Visca Catalunya Lliure!" como agresivo colofón a su discurso de investidura, aupado por la CUP y por el sector más radical de la sociedad catalana. "La cosa va en serio pero no es grave", se decía en Madrid.

La Diada de 2016 encendió todas las luces rojas. El Ejecutivo catalán orientaba toda su gestión en la vía hacia la independencia. Puigdemont tomó las bridas de un 'procés' que ya llevaba años en fase de precalentamiento. El juez Llarena lo resumía, paso a paso, medida a medida, en su auto de procesamiento de marzo de este año contra los cabecillas del golpe de Estado. 

Apenas llegaba respuesta desde Moncloa. "Trabajamos por la sociedad catalana" es el latiguillo insistente. En noviembre de 2016 Rajoy, algo preocupado por la deriva del desafío separatista, reacciona con prudencia, a su estilo. Se pone entonces en marcha la denominada "Operación diálogo", que lidera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, un intento de aproximarse a las fuerzas del Independentismo desde el ofrecimiento de colaboración, entendimiento y comprensión. 

La número dos de Moncloa moviliza a todo el equipo de Gobierno en esa dirección. La idea era congraciarse con la sociedad civil, con los líderes económicos y empresariales y, al tiempo, 'seducir a Junqueras', a quien se consideraba el único elemento razonable del Ejecutivo de Puigdemont. Nombra a Enric Millo delegado el Gobierno, donde se monta un despacho para impulsar sobre el terreno su estrategia de 'acercamiento'. Había que congraciarse con la sociedad catalana. Guante de seda, mensajes complacientes, actitudes amigables... Todo el mundo veía el rumbo imparable de Puigemont "y desde Moncloa no se hacía nada para frenarlo en su obsesión de agradar", señala una fuente bien conocedora de los hechos. 

Los controles reforzados de Montoro seguían oficialmente en pie, "pero todos veíamos que las asociaciones separatistas habían pisado el acelerador, incontenibles, y sin demasiados problemas e la caja", añade. Durante la 'Operación diálogo', la maquinaria del 'procés', lejos de titubear, se fortaleció, cobró impulso. Incesantes actividades en toda la comunidad, despliegue en el extranjero, apabullantes ofensivas mediáticas... Alguien debía pagar todo eso. Los avisos al Gobierno apenas eran atendidos. El diálogo estaba en el frontispicio de la acción del Gobierno.

Lluvia de millones

Puigdemont seguía a lo suyo. No se sentía hostigado por el Gobierno central, ni rastro de marcaje a sus actuaciones. Dio plantón a Sáenz de Santamaría en la Conferencia de presidentes de enero de 2017. Lejos de modificar su estrategia del diálogo, el Gobierno persistió en ella. Se conoció un encuentro secreto en Moncloa entre Rajoy y el propio Puigdemont. El huésped sólo quería hablar del referéndum, para el que ya se preparaba su infraestructura propagandística ante un Ejecutivo casi cruzado de brazos.

La vicepresidenta seguía con su acercamiento a Junqueras. En marzo de produce la famosa fotografía del congreso de los móviles en la que el vicepresidente catalán posaba su mano en el hombro de Sáenz de Santamaría. Ese mismo mes, Mariano Rajoy acude a Cataluña para anunciar una inversión de 4.200 millones de euros en distintas infraestructuras.  En abril, la número dos de Moncloa se presenta, casi sin invitación, a la fiesta de Sant Jordi. El diálogo continuaba. Y quizás, según versiones, los dineros del presupuesto seguían engrasando el mecanismo de la máquina de la secesión. 

Nadie en Madrid creía que el referéndum, del que tan insistentemente hablaba Puigdemont, se iba a celebrar. En mayo del pasado año, Santamaría seguía a lo suyo: "Más bien el ambiente es preelectoral. El independentismo tiene un ojo puesto en las encuestas". Seguían apostando por unos comicios en los que se impondría ERC y, por ende, Junqueras, el favorito, el razonable, el sensato. "Junqueras matará a Puigdemont, el president está loco", se escuchaba aún en el Gobierno.

Finalmente, el Gobierno puso los pies en el suelo. En julio el ministro Montoro pone en marcha un mecanismo de control semanal de las cuentas de la Generalitat, tras descubrirse una factura de 6.000 euros fuera de control. ¿Sólo 6.000 euros?, se preguntaban, con ironía, en fuentes del secesionismo. "Ni un euro para veleidades independentistas", aseguró el ministro de Hacienda. La guardia civil ha interceptado correos entre abril de 2016 y octubre de 2017 cursados entre distintos departamentos de la Generalitat en los que se 

Los informes sobre el uso de dinero público para la celebración del 1-O, desvelado por el juez Llarena en base a las investigaciones de la Guardia Civil son "el colofón de algo que se sabía que venía ocurriendo pero no se quiso atajar", dicen las mencionadas fuentes. El titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramíez Sunyer, que investiga la financiación del 1-O, asegura en su auto de enero de este año, que la Generalitat destinó buena parte de los 8.000 millones recibidos en 2017 vía FLA para financiar los preparativos y la celebración de la consulta ilegal. Se hizo directamente desde la Generalitat o "a través de personas o entidades interpuestas", señala. Misma línea de Llarena que ahora ha negado el ministro Montoro.

El escándalo es mayúsculo y ahora se mira hacia atrás. Los independentistas aprovecharon los meses del 'diálogo' para preparar su golpe a la democracia. "El Govern tenía fondos fuera del control férreo de Hacienda, que pudieron usarse con estos fines", señaló Belén Navarro, secretaria general de Financiación Autonómica de ese deparamento. "Hacienda ha de aportar la documentación de que disponga", ha señalado la vicepresidenta, como reacción única al actual embrollo.