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Política

Rajoy busca en la Casa Blanca el respaldo de Trump a cinco días del 1 de octubre

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su comparecencia esta tarde en el Palacio de La Moncloa.

A menos una semana para la culminación del desafío separatista del 1 de octubre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de la segunda visita del presidente español a la capital estadounidense tras el encuentro con Barack Obama en enero de 2014 y se produce en condiciones muy distintas tanto en el plano económico como político. 

El jefe del Ejecutivo recibirá un trato de socio preferente por parte del mandatario norteamericano en un momento de especial gravedad para la unidad de España. Rajoy volará a Washington el lunes y se entrevistará con Trump el martes en una cita privada en el despacho Oval tras la que mantendrán un almuerzo de trabajo y ofrecerán una rueda de prensa conjunta en los jardines de la residencia. Con esa declaración a los medios, el equipo del presidente espera un mensaje de respaldo a la unidad. 

Fuentes de Moncloa ponen en valor la premura con la que la administración Trump ha concertado la entrevista desde que el presidente norteamericano tomó posesión de su cargo hace menos de un año. Destacan además su voluntad de reforzar las relaciones con España. Trump ha puesto a disposición de la delegación española la residencia oficial Blair House, reservada para los invitados de alto nivel del presidente de EEUU.  

La visita de este martes no se trata, sin embargo, del primer encuentro entre ambos mandatarios que ya han conversado en sucesivas ocasiones telefónicamente y se han estrechado la mano en dos cumbres internacionales; la de la OTAN en mayo y la del G20 en julio. Tras los atentados de Barcelona, Trump telefoneó a Rajoy para transmitirle sus condolencias. 

Sola ante el peligro

Mientras Rajoy esté de regreso de Estados Unidos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría deberá batirse el cobre en solitario ante las preguntas de la oposición en la sesión de control del Congreso, la última antes de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

Los miembros del Ejecutivo deberán responder en total a cuatro preguntas de Ciudadanos y Podemos y a dos interpelaciones urgentes sobre su actuación en el conflicto separatista. Mientras que Albert Rivera preguntará a la número dos del Gobierno por su posición sobre la actual situación de Cataluña, Irene Montero demandará si puede garantizar que se han desmontado "las estructuras policiales paralelas" en Cataluña. 

El PSOE repetirá la estrategia de las últimas dos semanas y dejará de lado la crisis independentista para preguntar al Gobierno por el valor que otorga a las resoluciones aprobadas por la Cámara Baja. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, volverá a la carga preguntando al Gobierno si "tiene prevista alguna actuación para evitar que se produzcan más detenciones de cargos políticos en Cataluña".

Por su parte, Podemos y el PNV dirigirán dos preguntas sobre la crisis independentista al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El guardia civil y diputado de Podemos Juan Antonio Delgado preguntará al titular de Interior por las acciones adoptadas por su gabinete para preservar la buena imagen de los agentes desplegados en Cataluña. Por su parte, Mikel Legarda preguntará al ministro cuánto tiempo tiene previsto mantener a los agentes movilizados desde otras partes de España a Cataluña. 

En cuanto a las interpelaciones registradas por los grupos políticos, tanto el PDeCAT como Unidos Podemos recuperan las que decidieron aplazar la semana pasada ante la ausencia de la vicepresidenta. El portavoz de los catalanes Carles Campuzano pedirá al Ejecutivo que dé explicaciones las a su juicio "graves decisiones" que está tomando frente a denominado derecho a decidir. En esta misma línea irá la interpelación registrada por el portavoz de ERC, Joan Tardà

La del portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech denuncia la "estrategia del miedo" implementada por el Ejecutivo frente a la "demanda mayoritaria" de los ciudadanos de Cataluña de decidir el estatus de su comunidad mediante un referéndum. 

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