Política

Podemos inhabilita por tres años a la presidenta de Garantías del partido

Olga Jiménez rechazó validar los nuevos estatutos de la formación morada por no ajustarse a los documentos aprobados en Vistalegre II. Le acusan de "dañar gravemente la imagen de Podemos".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias (d), y el secretario de Organización, Pablo Echenique.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias (d), y el secretario de Organización, Pablo Echenique. EFE

Podemos ha acordado suspender e inhabilitar durante tres años para cargos internos y de representación del partido a la presidenta de la Comisión de Garantías estatal, Olga Jiménez, por excederse en sus funciones. Así consta en una resolución que se ha conocido este mismo martes por la tarde, justo cuando tenía que arrancar en Cataluña el Pleno convocado para declarar la independencia.

Jiménez y otros dos miembros de la Comisión de Garantías estatal fueron apartados después de que emitir un dictamen en el que proponían la nulidad de los nuevos estatutos aprobados por la dirección de Pablo Iglesias al no ajustarse a los documentos aprobados en Vistalegre II.

La resolución, recogida por Efe, dice que se ha alcanzado "la certidumbre" de que Olga Jiménez "se ha excedido ampliamente de sus funciones, arrogándose competencias que no le son propias, incumpliendo los estatutos y los documentos ético y organizativo de Podemos para ajustar los resultados a sus intereses".

En concreto, se sanciona a Olga Jiménez con un año de suspensión e inhabilitación para cargos orgánicos por difundir el dictamen que declaró nula la adaptación de los Estatutos realizada por el Consejo de Coordinación estatal -la ejecutiva de Podemos- "falseando" su "falta de legitimidad".

La resolución mantiene que la Comisión de Garantías no tiene competencia para declarar nula la adaptación de los estatutos que hizo la dirección y que, por tanto, Olga Jiménez aprobó ese dictamen sin tener atribuciones para hacerlo.

El fallo también cuestiona que la presidenta del tribunal de Podemos difundió ese dictamen presentando su opinión como si fuera la de toda la comisión, y que lo hizo primero en un grupo de "conversación virtual" con representantes de las comisiones autonómicas y después en los medios de comunicación, causando "un grave daño a la imagen del partido".

Igualmente, se impone a la expresidenta otra sanción de un año de inhabilitación por imputar infracciones "falsamente y sin posibilidad de defensa" a la secretaria de la Comisión de Garantías, a la que cesó por "un enfrentamiento personal" por no compartir su criterio.

Por último, la resolución sanciona con otro año de inhabilitación por utilizar su cargo para acceder a datos personales del resto de miembros de este órgano sin su consentimiento, conducta que prohíbe expresamente la normativa interna de Podemos, dice el texto.

"De forma autoritaria"

En total, tres años de inhabilitación para desempeñar cargos en Podemos porque entienden que Jiménez ha actuado "de forma autoritaria y causando daño a compañeros", aprovechando su posición para "dañar gravemente la imagen de Podemos" y "recurriendo para ello a todos los medios a su alcance, las más de las veces -añaden- con temerario desprecio de la verdad".

La comisión de Deliberación y Decisión que ha adoptado esta resolución está integrada por tres miembros de Garantías estatal: Argiro Giraldo, Isabel Serrano y Nuria Martín. Los dos primeros son los mismos que plantearon la apertura del expediente disciplinario contra Jiménez, con el visto bueno de la Ejecutiva de Pablo Iglesias. La presidenta de Garantías todavía podrá presentar un recurso en el plazo de 15 días. De lo contraria, acudiría ya directamente a la justicia ordinaria, llevando a la cúpula del partido a los tribunales.

Desde el entorno de Jiménez venían reclamando a la dirección morada la apertura de una mediación para solucionar este conflicto. Y es que la presidenta del tribunal de Podemos cuenta con el apoyo de representantes de 11 de las 16 comisiones de garantías autonómicas del partido, que ya reclamaron el pasado 31 de agosto su rehabilitación y la revocación de los nuevos Estatutos por no responder a lo aprobado en Vistalegre II por todos los inscritos. 

Sin embargo, la Ejecutiva de Iglesias ha rechazado esa fórmula de mediación, que, paradójicamente, sí ha planteado para la crisis de Cataluña, emplazando a ello a Gobierno y Generalitat.


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