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Política

Podemos apenas reúne a 80 personas en un 'mitin' con Forcadell y la CUP

Imagen del pseudo-mitin de Podem Cataluna con Carme Forcadell (2i) y el 'cupaire' Carles Riera (1i).

Pinchazo de Podem Catalunya en su campaña a favor del 'Sí'. La delegación catalana del partido morado, dirigida por Albano Dante Fachin, apenas reunió este viernes a ochenta personas en un intento de mitin en Lleida. El acto estaba previsto en un espacio municipal del Ayuntamiento gestionado por el socialista Ángel Ros, pero acabó teniendo lugar en plena calle y duró menos de una hora. Desde la formación morada esgrimieron que el cambio de ubicación se debió a que la sala Jaume Magre, de Turismo Lleida, se había "quedado sin luz por unas obras".

En el cartel figuraban la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (Junts Pel Sí) y el diputado de la CUP Carles Riera como oradores 'estrella', además del propio Dante Fachin y Marta Sibina, representante de Podemos en el Congreso y 'ministra' de Sanidad de Pablo Iglesias. Sin embargo, el tirón de estos intervinientes fue mínimo y apenas se congregaron varias decenas de simpatizantes en torno a ellos. 

En su turno de palabra, Forcadell, investigada junto al resto de miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación al permitir que se votaran las dos leyes de ruptura, manifestó que "el único delito que hemos cometido es querer dar la voz al pueblo catalán". "El 1 de octubre vamos a votar, voten por dignidad", emplazó a los asistentes, que respondieron al grito de "¡Votarem! ¡votarem!".

Mientras Dante Fachin y su equipo se vuelcan con el referéndum independentista del 1 de octubre, la dirección estatal de Pablo Iglesias opta por mantener su particular equidistancia, exprimiendo eso sí el mantra del "Estado de sitio" tras la operación policial y judicial de esta semana contra altos cargos de la Generalitat.

"Esto ya no va de independencia, va de democracia", ha repetido en los últimos días el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su entorno. La suspensión del acto a favor del 1-O en un local del Ayuntamiento de Madrid y las detenciones de altos cargos de la Generalitat implicados en el referéndum le han servido como pretexto para articular un nuevo discurso, el del "Estado opresor". De esta forma, ha tratado de eludir las presiones de Podem Catalunya, desde donde le reclaman que llame abiertamente a la participación en la consulta.

Y es que Iglesias, bajo el argumento de que su partido quiere un "referéndum pactado" y sólo contempla el 1-O como una "movilización legítima", no se ha implicado en la campaña del 'Sí' y se ha cuidado de guardar la distancia con los separatistas. De hecho, en este contexto se enmarca la cumbre de alcaldes y parlamentarios convocada este sábado para crear un "frente" contra el PP.

"Si yo fuera catalán, no participaría el referéndum 1 de octubre", llegó a decir Iglesias el pasado julio en La Sexta. Con esta pose, la entrada en acción del Estado de Derecho (Tribunal Constitucional, Fiscalía, jueces...) para impedir el 1-O y hacer que se cumpla la ley, ha brindado a Iglesias la oportunidad perfecta para arremeter contra el Gobierno y acusarle de "violentar los derechos de manifestación, reunión o libertad de expresión". Ya tiene el relato con el que capear la división en sus filas. La última consulta a las bases catalanas, cuyos resultados se conocieron esta semana, ha dejado un Podemos fraccionado en su posición sobre el 1-O: el 64% está favor de llamar a la participación mientras un 33% lo rechaza. En el pseudo-mitin de este viernes, Dante Fachin volvió a instar a los suyos a que acudan a los colegios.

Ataque a la Policía

Por otro lado, aunque dentro de ese argumentario de "Estado de excepción", eurodiputados de Podemos y de otras fuerzas como Bildu han suscrito una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que denuncian la "acción represora y las amenazas" de las autoridades españolas, "principalmente de la Policía española, contra funcionarios, diputados, alcaldes, medios de comunicación, empresas y ciudadanos" en Cataluña. Los firmantes también consideran que el Ejecutivo central atenta "libertad de expresión y de reunión" por las querellas de la Fiscalía contra Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament que acordaron la tramitación de las llamadas leyes de desconexión.

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