Así son Pedro Calvo y Juan Bravo, los dos hombres de Gallardón investigados por el caso Lezo

Dos de los posibles 'ministros' de Alberto Ruiz-Galardón, si el ex alcalde de Madrid hubiera alcanzado alguna vez el poder en el PP y en el Estado, están imputados por el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo. Se trata de los que fueron dos de sus hombres fuertes: Pedro Calvo y Juan Bravo.

Los dos políticos del PP de Alberto Ruiz-Gallardón pertenecieron, junto a Manuel Cobo, al núcleo duro del grupo que aspiraba a algo más que a liderar la Comunidad y la alcaldía de Madrid.

Curiosamente, aunque los dos tuvieron que torear con la operación de compra de una empresa por parte del Canal, fue Carlos Mayor Oreja, siendo presidente el que comenzó la expansión internacional, dirigido por su presidente Alberto Ruiz-Gallardón.

El objetivo de Gallardón fue siempre, y así lo sabía todo su equipo, hacerse con el PP y llegar a la Moncloa. Pero sus formas y la reacción de los compañeros más conservadores del partido impidieron que cumplieran sus sueños políticos.

Gallardón y sus hombres estaban en un partido profundamente conservador y muchos de ellos no cuadraban con el PP de Aznar o del propio Mariano Rajoy, que sólo se sintió cómodo con este grupo cuando necesitó lanzarlo contra Esperanza Aguirre y su gente.

El primero de ellos, Pedro Calvo, fue colaborador desde los inicios de la toma del poder de la Comunidad de Madrid. Era un hombre peleón en la oposición en la Asamblea de Madrid cuando mandaba Joaquín Leguina.

Cuando fue nombrado consejero de Medio Ambiente tuvo el mérito de arrebatar a la izquierda algunos planteamientos que hasta la fecha habían sido secuestrados por el PSOE, el PCE o Izquierda Unida como era la defensa del territorio.

El PP de Gallardón también supo hacerlo con otras materias, como el transporte, y extendió el Metro hasta donde nadie hasta entonces lo había hecho.

Calvo, concejal de Policía del Ayuntamiento

Cuando Gallardón logró la alcaldía Calvo fue nombrado concejal de Policía del Ayuntamiento de Madrid y, como todo el equipo, pensó, en un acto de desprecio a sus antecesores, que la gestión municipal era pan comido. Tuvieron más trabajo y problemas de lo esperado.

Uno de los líos vino por la adjudicación de los parquímetros. Álvarez del Manzano había comenzado la colocación de esta tasa y lo había hecho de manera gradual. Pero Calvo lo hizo de golpe y provocó un importante rechazo entre la población.

Los ciudadanos se indignaron más cuando supieron que uno de los tramos de estos parquímetros había sido adjudicado a una empresa vinculada a un ex diputado gallego que además era amigo del concejal.

Rajoy: “¿Pero a ese hombre (al diputado) no le habíamos echado ya del PP por algún lío parecido?”

En aquellos tiempos se atribuyó a Mariano Rajoy una frase en la que decía más o menos: “¿Pero a ese hombre (al diputado) no le habíamos echado ya del PP por algún lío parecido?”.

Calvo dimitió por el Caso Arena. Cinco niñas murieron en una fiesta organizada en un palacio de deportes de propiedad municipal que no contaba con las medidas mínimas de seguridad y donde la empresa permitió más aforo del permitido. Ninguna autoridad municipal verificó el aforo de esa y de ninguna otra fiesta hasta que ocurrió la tragedia.

Alberto Ruiz-Gallardón ya no era el alcalde. Se había ido al Gobierno de Mariano Rajoy y se fue sin despedirse. El malestar entre los funcionarios y concejales fue patente. “Nos ha dejado tirados”, llegaron a decir algunos de sus más íntimos colaboradores.

El concejal Bravo

No fue cierto del todo. Se llevó a Juan Bravo como subsecretario de Justicia. Bravo se había convertido en un hombre fundamental en el Ayuntamiento y cada vez tenía más influencia en Gallardón. Bravo estaba cada vez más alto en la escala gallardoniana y Calvo cada vez más bajo.

Lo curioso es que mientras era más querido por su jefe, era más criticado por los ciudadanos. La subida de impuestos en la época de Gallardón fue meteórica, lo que no le impidió que durante su gobierno la capital de España batiera records nacionales e internacionales de endeudamiento.

Una auditoría del Gobierno de Manuela Carmena denunció que la deuda del Ayuntamiento de Madrid pasó en una década de 1.136 millones de euros hasta los 7.737 millones de euros en 2012.

El concejal de Hacienda en aquellos tiempos fue Juan Bravo, que fue premiado por su jefe Gallardón con empleo y chófer en el Ministerio de Justicia.

Cuando Gallardón dimitió, Juan Bravo fue nombrado consejero delegado de Metro. Fuentes que conocen la operación señalaron que fue por petición del ya exministro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Curiosamente unos años antes Juan Bravo dentro de la pelea Ayuntamiento-Comunidad para hacerse con el Metro había pedido que se recortaran al consejero delegado todos los poderes.

Presidente de Adif

Bravo dejó mal a su jefe porque a los pocos meses fue nombrado presidente de Adif, cargo del que, a pesar de estar imputado, no ha dimitido aún.

Personas que conocen el auto del juez García Castejón señalan que no todos los afectados han recibido aún la citación y que, en todo caso, parece que el presidente de Adif cree se aclarará que él no hizo nada irregular.

La Fiscalía señalaba en el escrito que pedía la imputación de Bravo que en el acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid se autorizaba “la constitución de la empresa pública Canal Extensia, en la que participará en un 75% de su capital social, autorizando a esta para, una vez constituida, adquirir el 75% del capital social de INASSA por un importe de 73.000.000 $ y concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de 51.100.000 $”, y que no se incluía en ese acuerdo del consejo autorización  de compra de la sociedad panameña ni ningún activo distinto a ese 75% de acciones de Inassa.

Ahí está la clave que quiere conocer el juez y que fue criticada por los parlamentarios durante la Comisión que investiga la corrupción de Madrid: la utilización de una empresa en Panamá para la adquisición de la compañía.

Gallardón dijo en esa misma comisión que estaba seguro de que todo se hizo legalmente. Puso la mano en el fuego por sus colaboradores e insinuó que si hubo algún fallo en la operación asumía toda la responsabilidad política. Su siguiente frase fue que nunca volvería a la política.