Independencia de Cataluña El Parlament paralizado: 100 días sin hablar de Justicia, Trabajo o Asuntos Sociales

La cámara catalana lleva meses copando portadas por los plenos del independentismo. Sin embargo, la actividad legislativa ordinaria y el debate político fuera del conflicto separatista están anulados. 

Fotografía del salón de plenos del Parlament de Cataluña vacío.
Fotografía del salón de plenos del Parlament de Cataluña vacío. EFE

Los grupos constitucionalistas en Cataluña llevan tiempo denunciando el "secuestro" del Parlament por parte del secesionismo. Desde el parón estival de verano no se ha celebrado el tradicional Debate de Política General y hace más de un mes que no se convoca una sesión de control al Govern de Carles Puigdemont.

En los últimos meses se han vivido plenos de especial relevancia histórica como los del 6 y 7 de septiembre en los que se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional; o el del 10 de octubre, con la declaración de independencia en diferido de Carles Puigdemont

Pero más allá de esas sesiones, el único trabajo parlamentario son las reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa de la Cámara para organizar dichos plenos. Apenas se han reunido unas pocas comisiones de menor importancia desde el mes de julio. Predominan sin embargo las multitudinarias ruedas de prensa de los diferentes grupos políticos en relación al conflicto independentista.

En efecto, desde mediados del mes de julio no se celebran reuniones de las comisiones más importantes. La de Gobierno y Administraciones Públicas no se convoca desde el 18 de julio; la de Justicia desde el 13; la de Trabajo desde el 25; la de Asuntos Sociales, la de Medio Ambiente y la de Cultura desde el 19; la de Salud y la de Empresa desde el 20 de ese mismo mes. 

Además, la mayoría de la que gozan Junts Pel Sí y la CUP en los órganos rectores de la Cámara permitió el lunes de la semana pasada que la Mesa decidiese posponer el pleno ordinario que estaba previsto para el miércoles pasado, escudándose en la "excepcional" situación que vive Cataluña tras la consulta ilegal del 1 de octubre.

"Todo esto se hace con la complicidad absoluta de Carme Forcadell, que es una cooperadora necesaria de que el Parlament esté cerrado, de que se silencie y se ningunee a la oposición", criticaba la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, al tiempo que pedía la dimisión de la presidenta y anunciaba que su partido presentaría un recurso de amparo ante el Constitucional.

Desde mediados del mes de julio no se celebran reuniones de las comisiones más importantes. El único trabajo parlamentario son las reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa de la Cámara para organizar plenos 

Este mismo martes, los letrados de la Cámara catalana declaraban ante la juez que durante el proceso de tramitación de las leyes de referéndum y transitoriedad advirtieron de forma "permanente" a Forcadell y a la Mesa de que contravenían al Tribunal Constitucional y al Consejo de Garantías Estatutarias. Prestaban declaración como testigos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) María Eugènia Alegret, por las tres querellas de la Fiscalía contra Forcadell y los miembros de la Mesa de JxSí y la CUP por los plenos del 6 y 7 de septiembre.

Lo que sí que se han celebrado son reuniones de comisiones de segunda fila. La de Igualdad y la de Juventud, el 5 de septiembre; la de Territorio, el 13; la de Control de Medios Audiovisuales, el 15; la de Agricultura y la de Enseñanza, el 19; la de Seguridad Vial, el 26. La única de las que tiene mayor relevancia fue la de Interior, que celebró una reunión el 27 de septiembre. Desde entonces, en todo el mes de octubre no se han vuelto a reunir comisiones. A finales de agosto también tuvo lugar una reunión de la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña.

En materia legislativa, la última ley aprobada por la Cámara catalana fue la del 20 de septiembre, relativa a la de la Agencia Catalana de Protección Social. Las dos anteriores fueron las de 6 y 8 de septiembre, anuladas por el Tribunal Constitucional. El 1 de agosto también se aprobaron tres normas, relativas al Código Tributario de Cataluña, al Cambio Climático y a Comercio. El 25 de julio salió adelante la de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y el 20 de julio, la de la renta garantizada de ciudadanía.


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