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Política

Iglesias deja el tribunal de Podemos en manos de un exrevolucionario colombiano

El abogado Argiro Giraldo forma parte de la Comisión de Garantías de Podemos desde febrero.

La dirección de Pablo Iglesias ha dejado la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, el órgano que hace de tribunal para resolver los conflictos internos, en manos de Argiro Giraldo Quintero, un abogado colombiano que fue en los años noventa candidato de Alianza Democrática M-19, la coalición en la que se integró el conocido movimiento guerrillero a raíz de su desmovilización.

Aunque Giraldo no formó parte de la lucha armada que habían practicado sus compañeros de filas, sí que integró un instrumento político -en el que también había un sector socialdemócrata- con el quisieron llevar su "revolución" a la vida civil. "La paz es mucho más revolucionaria que la guerra", ha declarado, por ejemplo, la antropóloga Vera Grabe a la revista Semana. Grabe es una de las militantes históricas del M-19 y luego senadora de la Alianza. Este partido terminó desapareciendo a finales de los 90.

Argiro Giraldo fue candidato de la AD M-19 al Concejo de Envigado en las elecciones regionales del 8 de marzo de 1992. Experto en Derecho Administrativo y exrector de la Institución Universitaria de Envigado, también ejerció como profesor en la Universidad Cooperativa de Colombia. Al salir de aquel centro en 1999 fue objeto de un atentado a manos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Salió ileso tras recibir disparos mientras iba en un vehículo. También hizo trabajos para el Grupo de Altos Estudios de Quirama.

Nada más sufrir este atentado puso rumbo a España, donde empezó a ejercer como abogado. Participó activamente en el 15-M de 2011 y ahí coincidió con miembros destacados de Podemos, como el cofundador Juan Carlos Monedero. Tras el nacimiento del partido morado en 2014, Giraldo se inscribió en el Círculo de Podemos Juristas de Madrid, agrupación que le avaló para ser candidato al Consejo Ciudadano de Podemos en Vistalegre I. Sin embargo, no consiguió apoyo suficiente. Tres años después, en Vistalegre II, el pasado febrero, sí salió elegido como miembro de la Comisión de Garantías Democráticas estatal, a la que concurrió dentro de la candidatura 'L@s Republican@s'.

Giraldo es, junto a Isabel SerranoMaría del Rosario Rodero, uno de los tres integrantes de la Comisión de Garantías que han denunciado ante la Ejecutiva de Pablo Iglesias a la presidenta del tribunal, Olga Jiménez, después de que ésta y otros miembros del mismo órgano rechazaran la plasmación que han tenido los documentos aprobados en Vistalegre II en los nuevos Estatutos. Girado se alineó con Iglesias y acusó a Jiménez de "excederse en sus funciones".

Por su parte, Jiménez y otros compañeros del tribunal, así como otras comisiones de garantías autonómicas y corrientes del partido, cuestionan, por ejemplo, que se haya endurecido el régimen disciplinario para sancionar a aquellos militantes que "hablen con la prensa sobre información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan". Esto no fue aprobado como tal en Vistalegre II por todos los inscritos en Podemos.

"Parte interesada"

Ante estas maniobras, la Comisión de Garantías de Podemos Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que no reconoce la reunión que celebró el tribunal estatal el pasado 13 de agosto, a la que no acudieron todos sus integrantes y en la que Argiro Giraldo, Isabel Serrano y María del Rosario nombraron presidente provisional al primero y un instructor para que lleve la causa de Jiménez, según El Mundo.

Desde la Comisión de Garantías de Podemos Comunidad Madrid reclaman al Consejo de Coordinación (la Ejecutiva de Iglesias) que deje sin efecto el expediente disciplinario abierto a Jiménez y exigen "el deber de inhibición de los denunciantes" por ser "parte interesada". Consideran que es "arbitraria, cuando no radicalmente nula, y contraria a los principios generales del derecho, toda la tramitación realizada sin la previa abstención de los denunciantes". Además, también advierten que los nombramientos que se produjeron en la reunión del 13 de agosto son "nulos" al no acordarlo el pleno del tribunal.

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