Desafío independentista El Gobierno no quiere dar pasos "que no tengan vuelta atrás"

El Ministro portavoz insiste ante la presión social y mediática que Rajoy "sabe cuando tiene que actuar y no se va a dejar influir por nadie"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo EFE

"El Gobierno sabe cuando tiene que actuar y actuará cuando tiene que hacerlo y no se va a dejar influir por nadie".

Así respondía esta mediodía el Ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, a una periodista de la revista Actuall, próxima a la asociación 'Hazte Oir', mientras una docena de sus activistas se manifestaban disfrazados de gallina en la entrada de La Moncloa contra Mariano Rajoy por no tener “huevos” para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Sirva la anécdota para describir lo caldeado que está el ambiente y el asedio a preguntas -no solo la de esa periodista portando un huevo en la mano- que se le han hecho a un Ejecutivo, al cual le es cada vez más difícil justificar el retraso en adoptar medidas drásticas.

El portavoz ha intentado explicar, una y otra vez, que el Gobierno hará “lo que tiene que hacer en el momento más oportuno”, pero llamando al “diálogo” a Carles Puigdemont y los suyos para que no den el salto al vacío de aprobar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Hoy, por ejemplo, se ha aprobado un Real Decreto Ley para agilizar los trámites a las empresas que quieran abandonar Cataluña, que el propio ministro Luis de Guindos considera “una pena”, pero necesario por la “irresponsabilidad” de la Generalitat.

Méndez de Vigo, por su parte, se aferra a esto para insistir en que van a seguir respondiendo al desafío con “inmediatez, serenidad y firmeza”, lo cual no está reñido con la prudencia.

Aznar, González y Guerra, con el '155'

Y a todos aquellos que piden aplicar el 155 ya, como José María Aznar, Felipe González, Alfonso Guerra y diversas personalidades del mundo económico y mediático, les ha avisado que el Gobierno no puede dar “pasos que no tengan vuelta atrás”.

Quizá es por eso, porque el Ejecutivo empieza a ver una luz al final del túnel con las divergencias que están surgiendo en Junts Pel Sí -sobre todo dentro del PDCat- respecto a la DUI, hoy ha dado una suerte de paso atrás volviendo a considerar a Puigdemont interlocutor válido si renuncia a dar el paso en el pleno del Parlament del próximo martes.

El ministro no ha querido aclarar el por qué de ese cambio pero sí ha insistido mucho a Puigdemont en que renuncie a la DUI y luego se verá cómo salir de este atolladero.

Eso sí, a La Moncloa no le vale un aplazamiento de la misma, por cuanto entre sus exigencias para volver a la normalidad institucional incluye derogar la declarada ilegal por el Tribunal Constitucional “Ley de Transitoriedad”.

Si Puigdemont admite eso, y el Parlamento de Cataluña vuelve atrás en lo acontecido en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre, ambas partes empezarán a hablar otra vez.

“La vuelta a la legalidad es la vuelta al Parlamento de Cataluña. Sería bueno empezar a sellar la fractura por el Parlamento de Cataluña”, avisó Méndez de Vigo a las autoridades catalanas.

Rivera insiste en el 155

Albert Rivera se ha reunido la mañana de este viernes en la Moncloa con Rajoy. El líder de Ciudadanos le ha vuelto a pedir, aseguran "sin éxito", al presidente del Gobierno que actúe y ponga en marcha el artículo 155 de la Constitución Española para, según cuentan fuentes del partido, "garantizar la seguridad y convocar elecciones en Cataluña". Asimismo, piden la aplicación del 155 como método para "parar el golpe a la democracia y la declaración unilateral de independencia que persiguen los partidos separatistas".

El encuentro, por petición de Rivera, se ha desarrollado para trasladar a Rajoy que "ya casi no queda tiempo para impedir la declaración de independencia". La formación naranja considera de carácter "urgente" activar dicho mecanismo constitucional que "permite proteger los derechos y libertades de todos los españoles".

Rivera también ha hecho alusión al "acoso y amedrentando a personas, comerciantes, trabajadores, funcionarios o miembros de partidos políticos que no piensan como ellos". Por ello, ha manifestado la necesaria seguridad de los ciudadanos ante este conflicto. 


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