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Política

Defensa ultima un nuevo ciclo inversor a sumar a la factura pendiente de 21.000 M.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visita una exposición de material en Valencia

Defensa cree que ha llegado el momento de volver a invertir. La ministra, María Dolores de Cospedal, anunció la pasada semana que su Departamento está ultimando un nuevo plan inversor en el que se incluirán nuevos programas de armamento, con el que, además, confirma que está dispuesto a aumentar el gasto hacia el 2% del PIB comprometido con la OTAN y que reclama la Administración de Donald Trump. Se trata de responder a un nuevo ciclo, sostiene, como ocurrió en los años 90, cuando España se embarcó en los grandes programas por los que todavía se deben algo más de 21.000 millones de euros, a pagar hasta 2030.

Cospedal, que hizo este anuncio la semana pasada durante unas jornadas sobre 'La industria de Defensa', organizadas por El Economista, apuntó a que este nuevo ciclo se aprobará de manera inminente, aunque no ha pillado por sorpresa a nadie, ni en el Ministerio ni en en el sector empresarial. El pasado mes de abril, su secretario de Estado, Agustín Conde, ya avanzó en el Congreso que los programas especiales de armamento, que cuentan todavía con una factura pendiente de dimensiones considerables, "no son suficientes para garantizar la defensa nacional en el futuro inmediato".

Entonces, adelantó que habría que poner en marcha un nuevo plan inversor con más programas, aunque no necesariamente a través de un sistema de financiación como el que se creó en la última década del siglo XX para esos grandes proyectos multimillonarios, cuyo pago tantos quebraderos de cabeza, y cruces de acusaciones, ha ocasionado desde entonces a Gobiernos socialistas y 'populares'.

Ahora, la ministra de Defensa ha confirmado esto planes y ha asegurado que presentarán cuanto antes el nuevo ciclo inversor en el que están trabajando, con nuevos programas que pretenden dar un "cambio de paso y de ritmo a la industria de la defensa", con adquisiciones al margen de los programas especiales, algunos todavía pendientes de entrega.

Cospedal explicó que este ciclo busca "reactivar" una industria que genera 100.000 empleos en España, entre directos e indirectos, y en la que que por cada euro invertido, se general 2,5 de retorno para toda la economía.

Pero el objetivo, dijo, es garantizar la seguridad y para ello defiende que hay que cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la Alianza Atlántica. Cospedal prefiere hacer hincapié en las metas que se marcó la OTAN en 2014, para que sus Estados miembros aumenten el gasto en Defensa al 2% del PIB hasta 2024, más que en las quejas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque actualmente muy pocos de sus socios en esta organización se acercan a ese objetivo. España es de los últimos y el pasado marzo, en su visita a Washington, Cospedal aseguró a su homólogo norteamericano, James Mattis, que está comprometida a caminar hacia esas cifras.

Vehículos de combate y fragatas, a la cabeza de la lista

Y dentro de poco se sabrá cómo quiere hacerlo. Por lo pronto, Defensa no ha desvelado los detalles del nuevo plan inversor, pero su secretario de Estado dio algunas pistas en abril, citando lo que se señalan como las necesidades más urgentes para los Ejércitos y la Armada.

En el Congreso de los Diputados, Conde apuntó que, de la misma manera que las fragatas F-80 fueron en su día "una plataforma naval de primerísima magnitud", España tiene ahora que "poner en marcha el programa de las fragatas F-110", que construirá Navantia. "Espero su apoyo entusiasta", dijo entonces a los grupos políticos, subrayando además a Podemos que su alcalde en Cádiz, José María González 'Kichi', es "uno de los grandes defensores" de estos buques. "Esperamos poder lanzarlas cuanto antes", dijo. 

También señaló al programa de vehículo de combate 8x8, que el Ejército de Tierra lleva esperando años, pero, además de las viejas reclamaciones militares, algunas de estas nuevas adquisiciones se enmarcarán con seguridad en el nuevo plan europeo de defensa y programas de cooperación para el desarrollo de nuevas tecnologías (PESCO), al que España se acaba de incorporar. 

Sin embargo, mientras se embarca en nuevas compras, Defensa debe seguir muy pendiente de los 11 programas especiales que siguen en curso, y a los que se suman otros doce ya finalizados y con pagos pendientes. En total acumulan una factura de 21.351,4 millones de euros, de los que casi 16.000 se adeudan a través de Industria, ya que estos programas fueron financiados con créditos I+D de este Departamento, que deben ser devueltos por Defensa. 

Desde 2012 el Gobierno venía pagando estas facturas a través de créditos extraordinarios, pero el año pasado, en funciones, no pudo acudir a este sistema porque el Tribunal Constitucional declaró este sistema inconstitucional: estimó que no se puede cumplir con un gasto así a través de un real decreto-ley, que exige condiciones de extraordinaria y urgente necesidad, cuando existe un calendario de pagos perfectamente establecido. Así, dio la razón al recurso que en 2014 presentaron el PSOE, la Izquierda Plural y UPyD.

Por eso, en 2017 su pago se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado, para lo que el Gobierno tuvo que ampliar a finales del año pasado la disponibilidad de gasto del Ministerio. En total, Defensa tenía previsto pagar este ejercicio 1.824 millones, de los que 716 corresponden a los impagos del año anterior.

Entre los once grandes programas que siguen en curso están los del avión de transporte militar A400M, el 'caza' Eurofighter y los helicópteros de combate Tigre. Y entre los que más dolores de cabeza han dado a Defensa está el submarino S80, con el que la Armada contaba tener ya en servicio hace algunos años y que sigue esperando.

Los retrasos acumulados, algunos por los problemas de sobrepeso provocados por errores de cálculo, mientras aumenta el precio, han obligado a la Armada a prolongar la vida de la serie anterior, los S70, que ya llevan más de 30 años de servicio.

Precisamente, el pasado jueves, el Consejo de Ministros aprobó un contrato para hacer una revisión completa (gran carena) al Galerna, en activo desde 1983, por 43,2 millones de euros a pagar hasta 2020. Las obras, las quintas de estas características a las que se somete este submarino, se harán en el astillero de Navantia en Cartagena, por el que también tendrán que acabar pasando los otros dos, el Mistral y el Tramontana.  

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