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Javier Benegas

OPINIÓN

La trampa de las elecciones del 21-D o cómo salvar el viejo consenso

Se puede votar una y mil veces sobre todo lo humano y lo divino y, no obstante, seguir insatisfechos. Pero de lo que no hay duda es que, si en una democracia la ley deja de aplicarse, la libertad desaparece.

La trampa de las elecciones del 21-D.
La trampa de las elecciones del 21-D.

Cuando todos los partidos políticos, incluidos los nacionalistas, parecían respirar aliviados ante la “jugada maestra” de vincular el artículo 155 a la convocatoria de elecciones en Cataluña, la decisión de la jueza Carmen Lamela de decretar prisión preventiva y sin fianza para Oriol Junqueras y otros seis exconsejeros de la Generalitat, estalló como una bomba de vacío, cuya potente onda expansiva alcanzó hasta el último rincón de la España política.

Inmediatamente después, con una rapidez de reflejos admirable, aparecían publicados los primeros artículos donde se argüían razones jurídicas contrarias a la decisión de la juez

Inmediatamente después, con una rapidez de reflejos admirable, aparecían publicados los primeros artículos donde se argüían razones jurídicas contrarias a la decisión de la juez. Y se concluía que la prisión preventiva era una medida desproporcionada. En todos los casos se miraba con lupa la letra de la ley, tratando de demostrar que Lamela distaba mucho de cumplirla a raja tabla y que su decisión era más una interpretación basada en los prejuicios que en la literalidad de los preceptos legales.

Alarma social

Incluso en la ley menos ambigua caben diferentes interpretaciones. Su aplicación, en un sentido u otro, suele depender de distintos factores, como es el caso de la prisión preventiva, donde el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos que se imputan, la posibilidad de reincidencia, etc., se combinan. Valorar objetivamente la incidencia de estos factores y su peso relativo no es tarea fácil, por eso, para interpretar y aplicar la ley existe la figura del juez, de lo contrario bastaría con un aplicado funcionario que la supiera al dedillo y dictara sentencia sin posibilidad de apelación. Afortunadamente, mal que les pese a algunos, la Justicia no se imparte de esta manera.

Uno de los factores que todos parecen ignorar deliberadamente es la enorme alarma social que el desafío secesionista ha provocado

Sin embargo, uno de los factores que todos parecen ignorar deliberadamente es la alarma social que el desafío secesionista ha provocado, no sólo en España sino más allá de nuestras fronteras. Cierto es que decretar prisión preventiva en base sólo a este argumento podría recurrirse con muchas probabilidades de éxito. Sin embargo, sumado a todo lo demás, sea cual sea la medida en que queramos apreciarlo, debería bastar para no retorcer el espíritu de la ley, que es lo que han hecho quienes acusan a Lamela de excederse.

Una piedad bastante sospechosa

La pregunta es ¿por qué este empeño en ser extremadamente garantistas y magnánimos con quienes, a la vista de todos, retransmitido en vivo y en directo, han cometido delitos gravísimos, de manera recalcitrante y chulesca? Si el estricto respeto a la justicia y el interés general primaran, la decisión de Lamela habría sido recibida, no ya con júbilo, sino al menos con alivio.

Si unos simples butroneros pueden ser enviados a la cárcel de manera preventiva, ¿se debe dejar en libertad provisional a gobernantes acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos?

Enviar a prisión a un ser humano marcado por la fatalidad puede no ser motivo de celebración sino de aflicción, por cuanto podemos ver en la sentencia la culminación de una desgracia. Pero en el caso que nos ocupa, la piedad no tiene sitio. Los presuntos delincuentes no son personas desdichadas, sin formar, sumidas en la confusión o faltos de entendimiento y recursos. Son ni más ni menos que gobernantes perfectamente conscientes de sus actos, a los que, además, se les ha apercibido una y mil veces. Cargos electos cuyo poder y legitimidad de origen hacen que sus fechorías acarreen costes incalculables fuera del alcance de los delincuentes comunes.

Si unos simples butroneros pueden ser enviados a la cárcel de manera preventiva dada la gravedad de su delito y la alarma generada en el barrio de una ciudad cualquiera, ¿se debe dejar en libertad provisional a gobernantes acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos, cuando, en el colmo de la alarma, su jefe se fuga a Bélgica? ¿De verdad pretenden que los españoles comulguen con esta rueda de molino?

Lo sucedido en Cataluña ha sido el producto de una maquinación perversa y mantenida en el tiempo, urdida y llevada a la práctica por personajes sin escrúpulos 

Lo sucedido en Cataluña, no ya estos últimos meses sino durante años, no es fruto de un simple malentendido o de una ingenuidad romántica; ha sido el producto de una maquinación perversa y mantenida en el tiempo, una trama urdida y llevada a la práctica por personajes sin escrúpulos, con poder y recursos suficientes como para sumir a toda una región, primero, en el delirio; y después, en un odio que ha arruinado la convivencia. Por si esto no fuera bastante, no han dudado en pasarse por el arco del triunfo leyes fundamentales que, nos gusten o no, estaban para que los caprichos de unos no condicionaran la libertad de todos, al menos no completamente.

Cálculo político

Nadie con dos dedos de frente, sea presidente o panadero, puede ya negar que el nacionalismo es un peligro ante el que no cabe mostrar debilidad alguna. No coexisten dos nacionalismos, uno moderado y otro radical, como se ha pretendido hacer creer durante demasiado tiempo: existe uno sólo. Un nacionalismo inasequible a la razón que tiene como meta la constitución de una nación inventada a costa de la real. Que ve en el apaciguamiento un signo de debilidad, y en la negociación y el diálogo, paradas técnicas para la consecución de sus fines. 

Los partidos han reaccionado ante la prisión preventiva dictada por la juez Lamela como si se tratara de un sabotaje a las elecciones del 21 de diciembre

Pese a todo, los partidos han reaccionado ante la prisión preventiva dictada por la juez Lamela como si se tratara de un sabotaje a las elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, detrás de sus elaborados argumentos jurídicos contra Lamela hay un doble cálculo político. Por un lado, estarían las ganancias particulares que esperan obtener en las elecciones catalanas, aunque éstas no afecten a la correlación de fuerzas entre constitucionalistas y secesionistas. Y, por otro, el intento de reestablecer el viejo consenso entre las familias políticas, nacionalistas y no nacionalistas, y evitar así la quiebra del régimen del 78 y la llegada de un tiempo nuevo, donde el Estado de partidos y su corralito autonómico podrían dejar de ser la piedra angular del sistema. Un cambio que, hasta ayer, la coartada de Podemos había conjurado, pero que, de confirmarse el descalabro de Pablo Iglesias, podría resurgir libre de ataduras.  

De hecho, una de las claves más inquietantes de esta crisis es la aparición por primera vez de dos fuerzas contrapuestas a los secesionistas: el Estado y la Nación. El Estado, encarnado en unos partidos que, renunciando como es costumbre a la ética de la responsabilidad, buscan un apaño para mantener el viejo statu quo. Y La Nación, representada por una sociedad que por fin ha dicho basta.

Reducir el 155 a un ínterin electoral, aunque pueda parecer muy democrático no lo es tanto, ni mucho menos

Con todo, lo peor no es la dinámica del corto plazo en la que viven instalados nuestros políticos, y que amenaza con echar a perder una oportunidad única para rebajar el venenoso suflé nacionalista. Lo peor es que logren recomponer el consenso que nos ha llevado hasta el borde del precipicio. Reducir el 155 a un ínterin electoral—artículo que, todo sea dicho, no supone la suspensión del autogobierno—, aunque pueda parecer muy democrático no lo es tanto, ni mucho menos. No existe nada más populista que anteponer el voto a la aplicación de las leyes. De hecho, se puede votar una y mil veces sobre todo lo humano y lo divino y seguir insatisfechos, pero de lo que no hay duda es que, cuando en una democracia la ley deja de aplicarse, la libertad desaparece. Como dijo Cicerón, "La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma, como a todas las virtudes."

En definitiva, el invento del 21-D es Mary Poppins saltando de una azotea con un paraguas. Y uno tiene la sensación de que la sociedad española ya no traga con cualquier cosa.    


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