Editorial

Unión bancaria: Rajoy ya conoce hacia dónde va Alemania

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El jefe del Gobierno, señor Rajoy, manifestaba el otro día en una entrevista de prensa lo importante que para él era la unión bancaria y, todavía más, lo importante que sería que Alemania tuviera claro hacia dónde íbamos. Declaración sorprendente que ha tenido su respuesta a vuelta de correo, en el Ecofin sobre el tema celebrado este martes noche en Bruselas, en el que Alemania ha impuesto sus tesis, tesis que básicamente consisten en negar la existencia de un fondo común, de modo que deberán ser los Estados nacionales los que tendrán que seguir apechugando con las quiebras bancarias en sus países. Para España es una mala noticia, y para el Ejecutivo español, que había puesto todas sus complacencias en ese fondo común, supone el reconocimiento de la escasa consistencia de sus argumentos para vender en su día la firma del rescate bancario y las onerosas condiciones del mismo. Aparte de reconocer los errores, sería aconsejable afrontar el futuro de la supervisión del sistema bancario español sobre la base de revisar el papel otorgado al Banco Central Europeo (BCE), sin descartar, en su caso, plantear también cambios en el MoU. 

Existe un consenso muy amplio sobre los errores que han condicionado la reestructuración bancaria en España. Uno de los principales fue la negligencia -por utilizar un término benévolo- probada del Banco de España (BdE) en sus tareas supervisoras que, una vez estallada la crisis, se intentó cubrir con fusiones y concentraciones infundadas de cajas de ahorros, acompañándolas de una turbamulta de normas para promover cambios societarios, aumentar las exigencias de capital e impulsar salidas a bolsa en tiempo record. ¿Quién no recuerda lo ocurrido con Bankia y Banca Cívica? Entre 2009 y 2011, los Gobiernos de Rodríguez Zapatero procedieron a crear el FROB, a nacionalizar varios grupos de cajas y a conceder ayudas a otros tantos, siempre contando con el apoyo parlamentario del Partido Popular (PP). Sin embargo, el balance de daños crecía y la depresión económica contribuía a maximizarlos hasta el punto de que en la segunda mitad de 2011 el sistema bancario sobrevivía con la respiración asistida del BCE. 

A pesar de que el PP apoyó todas las actuaciones del Gobierno del PSOE, cabía la posibilidad de que con la obtención de la mayoría absoluta en noviembre de 2011 y vistos los resultados negativos de la reestructuración crediticia, el nuevo Ejecutivo se planteara revisar lo actuado, proponiendo alternativas realistas en defensa del interés nacional, al objeto de disponer de entidades de crédito capaces de atender las necesidades de familias y empresas. No fue así: el ministro de Economía, Luis de Guindos, se estrenó con un Real Decreto en febrero de 2012 que exigía al sistema bancario un nivel de provisiones que éste no estaba en condiciones de atender por falta de recursos para ello. La improvisación continuaba, pues, en el frontispicio de la política del Gobierno, solo que esta vez sus consecuencias fueron desastrosas, porque se alumbró la versión, corregida y aumentada, de las políticas anteriores con su colección de nuevos decretos-leyes, pruebas de estrés, etc., etc. El estallido de Bankia, en mayo de 2012, fue la sublimación de los despropósitos y la antesala del rescate bancario. 

Cesión de soberanía sin contrapartidas

Llegó el temido rescate en los albores del verano de 2012, “negociado” en unas condiciones -prácticamente por vídeoconferencia- que todos recordamos. Aquello era algo más que un rescate bancario, porque sus exigencias iban más allá del mero saneamiento o reestructuración. Por eso, para apurar ese cáliz y hacérselo beber a los españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy lo fio todo a la unión bancaria, cuyo objetivo último era desvincular a los Estados del riesgo de las futuras crisis bancarias. Además de la supervisión común por parte del BCE, se crearía un fondo único sostenido por todos los partícipes de la Unión. Incluso se llegó a afirmar, ahí están las hemerotecas, que el rescate recién firmado sería traspasado a ese fondo en cuanto se constituyera. Y no se dio importancia a las reservas de Alemania, que ya había hecho de las suyas cuando se hablaba entusiásticamente de los eurobonos. 

La reestructuración bancaria española, aún inconclusa, ha devenido en un oligopolio bancario que, como tal, va a ser supervisado por el BCE. En términos relativos, somos el país que afronta la mayor cesión de soberanía en la materia, sin obtener la contrapartida de liberarnos del coste de cualquier crisis futura. Porque eso es lo que resulta de los acuerdos adoptados por este Ecofin y que, si nadie lo remedia, serán refrendados en la próxima Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Ahora se entiende por qué nuestro Presidente estaba tan preocupado con la marcha de la Unión Bancaria. Probablemente se temía este fiasco, aunque no hacía falta ser adivino para saber que las opiniones alemanas terminarían convirtiéndose, as usual, en normas de obligado cumplimiento. 

El hecho de que otros países resulten también perjudicados es magro consuelo, de modo que es hora de tomar nota de lo que hay: de que Alemania sigue sin fiarse de sus socios, sobre todo de algunos, y no quiere mutualizar riesgos, razón por la cual es asunto obligado prever el futuro con más realismo y con menos seguidismo del que han demostrado los sucesivos Gobiernos españoles. Al actual Ejecutivo, responsable del rescate, le corresponde evaluar la situación y, echando mano de la vieja clausula rebus sic stantibus, plantear la revisión de todo aquello que nos perjudica a cambio de nada. Rajoy ya sabe hacia dónde va Alemania; solo queda esperar que él sepa, o al menos tenga una ligera idea, de hacia dónde vamos nosotros.


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