Editorial

Los viajes no explicados del Rey

Los españoles estamos pagando la dura factura de la desidia, en este asunto como en tantos otros, mostrada por los sucesivos Gobiernos de la democracia a la hora de controlar las conductas reales.

El príncipe Muqrin bin Abdulaziz Al Saud (c), saluda a la ministra española de Fomento, Ana Pastor (i), en presencia del Rey.
El príncipe Muqrin bin Abdulaziz Al Saud (c), saluda a la ministra española de Fomento, Ana Pastor (i), en presencia del Rey. EFE

La retahíla de los viajes del Rey al Golfo Pérsico –hoy mismo se encuentra en Arabia Saudita-, reclama de forma perentoria una explicación detallada del Gobierno en el Parlamento. En primer lugar, para desvanecer las sospechas sobre un presunto aprovechamiento privado de los mismos y, en segundo, para confirmar –reafirmar, en el mejor de los casos- que los desplazamientos del Jefe del Estado en el ejercicio de sus funciones es decisión que corresponde al Ejecutivo, en función de los intereses nacionales y de acuerdo con las exigencias del sistema de monarquía parlamentaria. Hasta ahora nunca se han recibido tales explicaciones, más allá de la repetida leyenda urbana de que se consiguen grandes negocios para las empresas españolas, sin entrar en detalles y sin aclarar su repercusión en la economía nacional. También es verdad que ningún grupo parlamentario ha adoptado iniciativas sobre la materia, pero, con todo lo que se ha ido conociendo de los comportamientos que afectan a la Casa Real y sus aledaños, parece más que justificado exigir transparencia en un tiempo especialmente doloroso para los españoles. El Gobierno tiene la obligación de aclarar el alcance y objetivos de estos viajes regios, y abandonar la práctica viciada de considerar a la Corona como un poder autónomo no reconocido por la Constitución.

Nuestro régimen constitucional adopta la forma de monarquía parlamentaria, con la singularidad de considerar al Rey irresponsable de sus actos, a cambio de lo cual éstos deben ser refrendados por los ministros o el propio jefe del Ejecutivo. Naturalmente nos referimos a las actuaciones de alcance político, aunque en España, con demasiada ligereza, se suelen mezclar todas, las públicas y las privadas. Los ejemplos son abundantes y conocidos, algunos vergonzosos, y son ellos los que han contribuido a fabricar una imagen patrimonial de la Corona más propia de las “monarquías del sol” a las que se refería Maurice Duverger, que a las monarquías burguesas del centro y del norte de Europa. Puede que eso explique la tendencia acusada del Monarca a visitar los soleados emiratos –el que en unas semanas Don Juan Carlos haya realizado hasta 5 viajes 5 a la Península Arábiga no puede ser calificado más que de hecho escandaloso- donde sabemos que transparencia y democracia viven en una contradicción insalvable. Y lo que no sabemos es qué clase de negocios se ventilan allí y, más en concreto, si lo son en beneficio de los españoles o, como tantos sospechan, pro domo sua.

Hasta 5 viajes en unas pocas semanas a la Península Arábiga

Desde tiempo inmemorial la imagen del Rey está siendo vendida por el singular empresariado español, salvo honrosas excepciones acostumbrado a vivir de la tarifa que regula el poder político, como si de un bróker de altos vuelos se tratara, aunque nunca se han explicado las ventajas colectivas logradas por tan sospechosa intermediación. Sin negar las habilidades del Monarca o la importancia de su agenda, nos parece una visión tan caduca como aldeana de lo que es hoy el mundo de los negocios internacionales, un mundo en el que deberían ser la experiencia y buen hacer de las empresas involucradas los elementos determinantes a la hora de conseguir contratos. Lo que pueda hacer un Jefe de Estado está perfectamente delimitado y acotado, salvo en aquellos lugares ayunos de transparencia y controles, que son precisamente aquellos en los que con regularidad surgen escándalos que convendría evitar.

El crédito de las instituciones españolas, empezando por el de la propia Corona, no está en su mejor momento, ni dentro ni fuera de España, razón de más que debería inducir tanto a la Casa del Rey como sobre todo al Parlamento, como expresión de la voluntad popular, a extremar el celo y la prudencia debidas y, desde luego, a impedir que esas instituciones terminen hundidas en el barro en el que hoy chapotean tras largos años de abusos y corrupciones sin cuento. Los españoles estamos pagando la dura factura de la desidia, en este asunto como en tantos otros, mostrada por los sucesivos Gobiernos de la democracia a la hora de controlar las conductas reales, razón de más para exigir de una vez por todas que los viajes y actuaciones del Rey sean cumplidamente explicados por el Consejo de Ministros que es, junto con las Cortes Generales, el responsable de hacerlo. Por algo habrá que empezar.


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