Editorial

La estafa de las preferentes: ¿es Blesa el único culpable?

   

Este martes supimos que el juez Andreu de la Audiencia Nacional ha decidido imputar por estafa a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, en el caso de las preferentes emitidas por esa entidad, hoy subsumida en Bankia, y 24 horas después, es decir, este mismo miércoles, supimos también que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha salido en defensa del exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, y del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, pidiendo al mismo juez que no les impute por esas emisiones que los respectivos organismos que presidían autorizaron como marca la ley. Y una sospecha empieza a tomar cuerpo entre el alucinado españolito de a pie en vista de que, al menos de momento, el único imputado es el expresidente de Caja Madrid: ¿se pretende zanjar el escándalo ofreciendo a los afectados por la estafa la cabeza del señor Blesa, seguramente la parte más débil de la cadena, y dejando a salvo las de otros muchos responsables del desaguisado? ¿Se trata de una casualidad o de una operación perfectamente planificada?

No está de más recordar que la emisión de preferentes floreció en plena crisis financiera, años 2009 y 2010, cuando se sabía, aunque se ocultaba, que el sistema bancario español, especialmente sus cajas de ahorros, tenía graves problemas de solvencia que requerían cuantiosas inyecciones de capital que sólo podían obtenerse del Estado, ya que los mercados financieros estaban cerrados y los capitales privados habían desaparecido de escena. Pues bien, como el Gobierno de entonces, el presidido por el inefable Zapatero, se obstinaba en negar la realidad de la crisis y no quería poner dinero público, los organismos supervisores, Banco de España y CNMV, nada independientes y muy obedientes al poder de turno, permitieron que un producto financiero de alto riesgo, diseñado para inversores institucionales, se vendiera al por menor entre los ahorradores tradicionales, utilizando en ese empeño la confianza granítica de las gentes en las instituciones de ahorro. Fue un acto deliberado de tapar el agujero de solvencia de las entidades con la utilización torticera del dinero de los ahorradores.

Como las mentiras tienen las patas cortas y la crisis siguió su curso, la estafa quedó al descubierto cuando se iniciaron los primeros rescates de entidades con fondos públicos y, sobre todo, cuando llegó el gran rescate financiero patrocinado desde Bruselas, tras la caída de Bankia en mayo de 2012. Entonces empezó el calvario de los ahorradores estafados y la negación de responsabilidades de los presuntos estafadores: las autoridades, por una parte, esgrimiendo la libertad financiera y su escaso margen de maniobra para impedir la comercialización minorista del producto, y los gestores de las cajas, por otra, aduciendo los permisos de BdE y CNMV y los “pulcros” informes de las compañías auditoras. Lo de siempre en esta triste tierra de pan llevar: responsables políticos y organismos de control ni saben ni contestan, y el que se sienta engañado que se arme de paciencia y acuda a los tribunales, aunque, eso sí, que no se le ocurra involucrar a los servidores públicos, siempre por encima de toda sospecha.

MAFO y Segura quieren ser tratados como Infantas de España

La manta del encubrimiento se ha mantenido intacta, a pesar de la llegada al Gobierno de un PP cuyo enfoque de lo ocurrido no ha variado un ápice. Ahí está el caso del FROB antes aludido, cuyo escrito exculpatorio en favor de MAFO y Segura al juez, una auténtica obra maestra del cinismo, asegura que “no existen nuevos datos que permitan citar en condición de imputados en esta causa a los señores Segura y Ordóñez”, añadiendo que “la condición de imputado tiene una virtualidad estigmatizadora que aconseja medir cuidadosamente la concurrencia de los indicios y circunstancias que en cada caso puedan requerir que se tome declaración de una persona en condición de imputado”, y culminando tan mostrenca prosa con una frase antológica, según la cual la imputación significa “derecho de defensa, pero también las cargas del proceso penal, incluidas en su caso las penas de pasillo, de banquillo o de telediario”. Los señoritos del BdE y CNMV reclaman su condición de Infantas de España. ¡Todos quieren en España ser tratados como Cristina de Borbón!

Es cierto que, a estas alturas, pocas cosas pueden ya sorprendernos en el patio de Monipodio en que se ha convertido nuestro país, pero nos negamos a comulgar con ruedas de molino y a ser llevados del ronzal para presenciar, cómodamente instalados en la butaca del ver, oír y callar, la 'pena de paseíllo' de Blesa, sin denunciar lo que a todas luces ha sido una cruel y clamorosa estafa en la que presuntamente han participado altos responsables públicos que se quieren ir de rositas y que, con el visto bueno de un gobierno que goza de mayoría absoluta, muy posiblemente lo consigan.


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