Editorial

Pleno sobre la corrupción: no más leyes parche, por favor

   

El hecho de que el pleno del Congreso haya celebrado la sesión monográfica sobre la corrupción cuando la legislatura da sus últimas boqueadas y el añadido de que las propuestas procedan de un Gobierno que ha dispuesto de una mayoría absoluta sólo equiparable a la que en 1982 obtuvo el PSOE, acredita la falta de interés por sanear la vida pública y la ausencia de autoridad de quienes forman parte integrante de un problema que ha puesto al Estado en almoneda. Se comprende el desinterés de los españoles por el debate, convencidos, como está la mayoría, de que se trata de un paripé más. Algunas cosas interesantes, trascendentes incluso en tanto en cuanto apuntan al corazón del problema, comienzan a abrirse paso en nuestras Cortes, para alegría de quienes venimos batallando por la regeneración democrática. En la tribuna del Congreso, en efecto, brillaron con luz propia dos partidos menores, UPyD e IU, que desde posiciones ideológicas distintas pusieron el dedo en la llaga del mal que indigna a los ciudadanos: la corrupción no es la agregación de conductas personales condenables, sino la savia que recorre el régimen político. Es corrupción de las instituciones.

Lo que inicialmente pudo parecer un sarampión que afectó a personajes dispuestos a enriquecerse a cualquier precio, se ha convertido en la textura enferma de esta feble democracia

Cuando en los estertores del llamado "felipismo", allá por los primeros años noventa, España se vio obligada a tragarse el sapo de las corrupciones alimentadas por las grandes obras civiles de la época, empezó a tomar cuerpo la idea de que el Estado se había enfeudado a las oligarquías tradicionales, económicas y financieras, con la ayuda inestimable de los partidos políticos, para sacar el mejor provecho de los recursos ingentes que venían de la entonces Comunidad Europea y del esfuerzo fiscal de las pujantes clases medias. Todavía entonces se pudo atajar el mal, pero, por razones obvias –a las que en sede parlamentaria aludieron sin tapujos tanto IU como UPyD–, nada se hizo. En realidad sólo se encubrió momentáneamente el problema, ello hasta que los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE volvieron por sus fueros sentando las bases jurídicas –Ley del Suelo–, e instrumentales –expansión crediticia sin límites–, para que España se convirtiera en una inmensa fábrica de ladrillos y obras civiles inútiles, como medio para llenar las arcas de la corrupción organizada.

La corrupción como textura enferma de nuestra democracia

Esa ha sido, de forma sintética y quizá algo tosca, la evolución de una corrupción que emergió con fuerza cuando estallaron las burbujas crediticia e inmobiliaria, y que ha continuado imparable y con la desvergüenza que caracteriza a los corruptos en plena crisis –el caso Púnica se ha gestado en los dos últimos años, con el país hundido en la miseria– porque, por desgracia, el sistema la necesitaba como combustible para seguir funcionando. Se explica así que, al flaquear la obra civil y la inversión pública, se haya optado en estos años de crisis por las mal llamadas privatizaciones de servicios públicos, que han servido de excusa para alimentar las fauces de empresas y empresarios amigos, con el beneficio correspondiente para los mentores políticos del proceso, al punto de que partes significativas del Estado han estado al servicio de ese objetivo, con las consecuencias que conocemos. El corolario no puede ser más triste: lo que inicialmente pudo parecer un sarampión que afectó a personajes –no pocos de ellos servidores públicos– deshonestos, dispuestos a enriquecerse a cualquier precio, se ha convertido, por sublimación, en la textura enferma de esta feble democracia española.

No es de extrañar, por eso, que los ciudadanos pongan en duda la capacidad y la honradez política de quienes, en este otoño aciago, echan mano de la regeneración en un intento de parar la ola de protesta social que se les viene encima. Lo dijo con claridad Martínez Gorriarán, de UPyD: no nos venga [señor Rajoy] con más leyes parche. Le pedimos un plan anticorrupción serio basado en una reforma de la Constitución que corrija al menos dos problemas esenciales: la falta de separación de poderes –una Justicia independiente–, por un lado, y la de organismos de control igualmente independientes, por otro. Todo lo demás es hojarasca. Los grupos parlamentarios verán lo que hacen en este tramo final de legislatura, y los españoles, llegado el momento, dirán con su voto lo que les parezca oportuno. Por nuestra parte, reiterar el hartazgo por la crónica diaria de la podredumbre –ERES, Monagos, Bárcenas, Pujoles, Infantas– y reforzar el mensaje de higiene pública, de educación cívica, de separación de poderes y de controles independientes, para evitar que el tsunami de la ira se lleve por delante a justos y pecadores. En suma, el cambio democrático como exigente alternativa de dirección única.


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