Editorial

Seguridad ciudadana y desprecio a la libertad

   

Un policía controla la convocatoria de colectivos sociales en protesta por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Un policía controla la convocatoria de colectivos sociales en protesta por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. EFE

La entrada en vigor de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana es motivo para una reflexión sobre el grado de estulticia existente en el Gobierno y su partido, agravado por los viejos tics autoritarios de la derecha española. Desde nuestro punto de vista, nada avala los contenidos restrictivos y sancionadores que se establecen en la nueva norma, porque si algo distingue a la sociedad española es su pacifismo y su tolerancia, incluso con gobernantes que han abusado ad infinitum de ambas cualidades: el sacrosanto orden público no se ha alterado durante los años de plomo de la crisis y, salvo casos puntuales y limitados, la mayoría de las protestas y manifestaciones han discurrido con normalidad. Por eso, y por lo que supone de desprecio a la libertad y a los usos democráticos, resulta inexplicable la entrada en vigor de dicha ley, salvo que nos encontremos en los prolegómenos de un proyecto político autoritario que voluntariamente renuncia a dar respuestas democráticas a las crecientes demandas de cambio de la sociedad española. 

España es un país que ha demostrado cómo se puede sobrevivir pacíficamente soportando la barbarie terrorista y la corrupción rampante de muchas de sus instituciones. Han bastado la Policía y los tribunales, con todas sus fallas y errores, para conjurar el terrorismo y para intentar poner coto a la corrupción. En cuanto al resto de asuntos, que podemos centrar en el ejercicio de los derechos de huelga y de manifestación, nada verdaderamente relevante que señalar, salvo la falta de regulación del primero, cosa que ningún Gobierno se ha atrevido a llevar a cabo y que sí sería un tema de interés en una sociedad compleja y económicamente desarrollada como es la española. Sin embargo, el Gobierno, preso de una anómala excitación legislativa, ha fabricado una norma, cuyos pormenores ahorramos al lector, que se resume en sustraer competencias a los tribunales y favorecer las sanciones administrativas, las famosas multas, por parte de las autoridades gubernativas. 

El silencio de los corderos del Gobierno Rajoy

Contra la apariencia de legalidad, puesto que las sanciones serían recurribles ante los tribunales, el asunto es demoledor en el plano del ejercicio de los derechos y libertades, ya que ejerce un efecto disuasorio sobre aquellos ciudadanos que temen verse atrapados en las redes gubernativas o administrativas si osan discrepar públicamente del Gobierno de turno. La cuantía de las multas, absolutamente desproporcionada para un país con salario mínimo inferior a 700 euros, da idea del mensaje letal que se lanza con dicha ley. Un mensaje que no es nuevo -ya fue puesto en práctica hace más de 90 años por la dictadura de Primo de Rivera-, y que éste Gobierno parece haberse limitado a actualizar denominando las multas en euros. 

La ley lanza un mensaje letal que ya fue puesto en práctica hace más de 90 años por la dictadura de Primo de Rivera y que éste Gobierno parece haberse limitado a actualizar

En contraste con la fijación por el orden público, el Gobierno Rajoy no ha puesto el mismo celo en dar respuestas políticas y, en su caso, constitucionales, a problemas reales y no inventados tan acuciantes como el intento de secesión del nacionalismo catalán o los incumplimientos generalizados de la Constitución en tantas y tantas Comunidades Autónomas, Cataluña incluida. El Gobierno de Artur Mas, por ejemplo, acaba de publicar un alucinado alegato de 100 páginas, titulado “Crónica de una ofensiva premeditada” (se supone que del resto de España contra Cataluña), en el que se relatan todo tipo de supuestos “ataques” y “menosprecios” hacia aquella Comunidad para justificar la vía independentista, y hasta el momento no hay noticia de que el Gobierno de la nación haya reaccionado o piense hacerlo contra semejante basura nacionalista, que no busca sino sembrar el odio entre españoles. 

Lidiar con asuntos de enjundia como los aludidos sí sería gobernar y preservar los valores democráticos y constitucionales, en lugar de dedicarse a asustar a los débiles con multas y resoluciones gubernativas que nos retrotraen a los viejos modos de la derecha autoritaria que, aparte de su ineficacia, siempre resultaron dañinos para el clima de convivencia y paz civil. El recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por todos los grupos parlamentarios, excepto el del PP, nos tranquiliza, y no tanto por la sentencia, que vaya usted a saber cuándo se dignará dictar el eximio tribunal, sino por la esperanza de que el Gobierno que surja de las nuevas Cortes, dentro de pocos meses, derogue de un papirotazo esta malhadada iniciativa legislativa.


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