El rey y su hermana, la procesada infanta Cristina

El rey y su hermana, la procesada infanta Cristina

La infanta Cristina a su entrada en los juzgados de Palma
La infanta Cristina a su entrada en los juzgados de Palma Efe

La primera alocución navideña de Felipe VI llegó precedida por el encausamiento de la infanta Cristina de Borbón en el famoso caso Nóos. El suceso generó grandes expectativas en algunos medios y en parte de la opinión pública sobre la reacción del rey al respecto, teniendo en cuenta la condición de heredera al trono de su hermana, aunque sea en sexto lugar. Más allá de su firme condena de la corrupción –ni una palabra sobre esa corrupción institucional que le pilla tan de cerca-, Felipe VI nada dijo sobre los derechos sucesorios de la infanta, porque (véase la columna publicada días atrás en este diario por Manuel Muela) nada podía decir ya que, en términos constitucionales, los llamados a tejer y destejer en la materia son el Gobierno y las Cortes Generales, aunque a tenor de lo visto no lo parezca. Esa es la razón de que discrepemos de aquellos que, por inercia o indolencia doctrinal, han creado la especie de que el problema sucesorio está en manos de la afectada o de su hermano, el jefe del Estado y titular de la Corona.

Tan relevante cuestión, que parece preocupar en ambientes monárquicos por motivos de imagen, no preocupa, en cambio, a los más obligados a defender los principios constitucionales, que no son otros que un Gobierno y un Parlamento que continúan situados en el esquema conceptual del reinado de Juan Carlos I, durante el cual la Corona se constituyó en un poder autónomo y opaco capaz de vetar cualquier regulación que pudiera poner en entredicho el libre albedrío del fundador del régimen del 78. Salvo repetir el desacreditado latiguillo del “respeto a las decisiones judiciales”, nadie en el establishment gubernamental ha reflexionado sobre la radical anomalía que podría suponer ver a una heredera de la Corona sentada en el banquillo de los acusados. Lo único que se les ha ocurrido a los más osados ha sido pedir o implorar a la infanta que medite sobre su renuncia, como acaba de hacer el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, suponemos mandatado para ello por el presidente del Consejo de Ministros, quien, en su comparecencia del viernes último, despachó el tema con la displicencia que le caracteriza.

España es una monarquía parlamentaria y la última palabra en los derechos hereditarios de la infanta Cristina corresponde a las Cortes Generales sin que su hermano tenga más opción que asumir lo que allí se acuerde

No es momento de entrar en disquisiciones monárquico-doctrinales, pero sí parece oportuno recordar que, formalmente, España es una monarquía parlamentaria y que, por tanto, la última palabra en lo tocante a los derechos hereditarios de la infanta Cristina de Borbón corresponde a las Cortes Generales, por propia iniciativa o del Ejecutivo, sin que su hermano Felipe VI tenga más opción que asumir lo que, en su caso, allí se acuerde. De ahí que sea de todo punto inadmisible la pretensión de hacer recaer sobre las espaldas del monarca responsabilidades que no le competen, alargando en la práctica las pautas de comportamiento de su padre que, entre otras cosas, ha dejado a su hijo una herencia envenenada tanto en lo familiar como en lo institucional. Ni quitamos ni ponemos rey, pero flaco favor hacen al monarca quienes no asumen sus obligaciones constitucionales y lo fían casi todo a lo que puedan decidir personalísimamente la infanta procesada o su ilustre hermano.

Este periódico se ha manifestado claramente desde su aparición en favor de la democracia y las libertades y, en congruencia con ello, hemos venido exigiendo reformas radicales para que la democracia española supere la crisis aguda de respetabilidad que sufre. En su momento, cuando nadie lo hacía, pedimos la abdicación o, en su caso, la inhabilitación de Juan Carlos I a quienes estaban facultados para ello, el Gobierno y las Cortes. Y lo hicimos para defender los principios del régimen parlamentario y la dignidad de la jefatura del Estado. Pues bien, por las mismas razones consideramos que, en aras de la estabilidad constitucional y en defensa de la imagen de la primera magistratura de la nación, corresponde a los órganos de la soberanía popular resolver el problema creado por el procesamiento de una heredera al trono de España.


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