Editorial

Las basuras de la basura

   

Varias patronales de las basuras han sido multadas por coordinar a sus socios para no rivalizar
Varias patronales de las basuras han sido multadas por coordinar a sus socios para no rivalizar Flickr: albertizeme

Nada resulta más descorazonador para el contribuyente que ver confirmadas las sospechas que alberga sobre el uso delictivo unas veces, incorrecto casi siempre, de los dineros públicos. Y no es menos descorazonador que los medios de comunicación se vean obligados a transmitir la letanía de las corrupciones que inundan el panorama español, hasta el punto de que se llegue a pensar, probablemente de forma exagerada, que vivimos en un basurero en el que se mezclan en una maraña inextricable poderes públicos y empresarios sin escrúpulos, dando así carta de naturaleza a lo que en Vozpópuli venimos denunciando desde nuestro nacimiento: la confusión entre lo público y privado, en beneficio de unas oligarquías que desacreditan la democracia y humillan a los ciudadanos. El episodio del cártel de las basuras adelantado esta semana por este diario, donde figura lo más granado de las empresas del sector -con las patronales como punta de lanza de sus prácticas monopolísticas-, ilustra mejor que mil tratados esa confusión y plantea un par de reflexiones sobre el control de las contrataciones por parte de las instituciones, por un lado, y la eficacia de determinadas privatizaciones de servicios públicos o municipales, por otro. 

El estreno en esta materia de la CNMC, que ha impuesto sanciones importantes a grandes firmas constructoras, supone un paso modesto en la dirección de no dar por perdida la labor de control de reguladores y supervisores, si bien entendemos que las actuaciones no pueden terminar en una serie de multas, por cuantiosas que éstas sean, sino que deberían ir más allá, echando mano de ese principio elemental que consiste en prohibir la contratación de servicios públicos con empresas o empresarios que han venido defraudando a la Administración durante años, como ha quedado de manifiesto en el expediente que nos ocupa. Y no sólo eso, sino que habría que abordar directamente la ruptura de los oligopolios, transformados en verdaderos monopolios, construidos sobre la desidia o connivencia de algunas administraciones locales y las privatizaciones poco exigentes de servicios esenciales para la comunidad.

Es evidente que en el caso de las basuras estamos ante un asunto de corrupción que viene de muy lejos

Reconociendo que en el modelo económico y político español, tan escorado hacia lo especulativo salpimentado por la corrupción, hay sectores particularmente proclives a lo dicho, la palma se la lleva sin ninguna duda el de la construcción, cuyos desmanes y burbujas estamos pagando todos, y dentro de él el subsector de las contratas de basuras, un servicio público que los ayuntamientos decidieron privatizar a principios de los años 80. Muchos recordarán cómo en octubre de 1981, un concejal del Ayuntamiento de Madrid, Alonso Puerta, denunció prácticas irregulares y pago de comisiones para otorgar el servicio de basuras de la capital a unas empresas determinadas. El concejal fue expulsado del Consistorio y de su partido, el PSOE, y nunca más se supo de la denuncia formulada. El fogonazo de la denuncia quedó en nada, lo que no pudo evitar que muchos años después nos hayamos topado con lo que era de prever: que durante décadas se ha construido un emporio de intereses y defraudaciones inaceptables no solo en Madrid, sino en el conjunto de España.

Un caso, otro más, de corrupción pura y dura

La defensa de la empresa y de la iniciativa privada que está en nuestro ideario ha de ser compatible, en un mismo plano de igualdad, con la exigencia del correcto funcionamiento de los servicios públicos y de la administración exquisita de los dineros de los españoles. Dicho lo cual, es evidente que en el caso de las basuras estamos ante un asunto de corrupción pura y dura, corrupción que viene de muy lejos y que, además de perjudicar gravemente a las empresas y empresarios honrados, pone de manifiesto la necesidad de hacer una autocrítica severa a los ayuntamientos que optaron por un modelo privatizador que ha devenido en un auténtico basurero, malo para el servicio público y para los contribuyentes. 

Desconocemos qué hubiera ocurrido con el mantenimiento de las empresas municipales, pero sí conocemos lo que ha sucedido con las empresas privadas de las basuras y sus Florentinos, auténticos especialistas en camelar concejales de urbanismo, al frente. Por tanto, procedería debatir con seriedad y sin prejuicios ideológicos el asunto de la gestión pública o privada de servicios esenciales, con el punto de mira puesta en la eficacia de los mismos. A partir de ahí, se podría encarar la ordenación de los servicios y empresas públicas para resolver a favor de la mejor de las opciones, porque parece claro que en ésta España nuestra ni lo público ni lo privado son per se garantía de eficiencia y de buena administración de los recursos de los españoles. En esto, como en todo lo demás, sobran los dogmas y falta seriedad cívica y exigencia democrática.


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