¿Por qué ha dejado el juez de Plaza de Castilla a Rato en libertad?

El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal mantuvo este martes en libertad a Rodrigo Rato tras tomarle declaración durante tres horas en calidad de imputado por cinco delitos fiscales, un delito de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

Rato abandonó los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) pasadas las 14:45 horas con la imposición de dos medidas cautelares, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer ante el juez de forma mensual. Lo hizo a toda velocidad como quien no quiere mirar hacia detrás. Tanto que el conductor del vehículo se saltó un semáforo ante la atenta mirada de más de una veintena de medios de comunicación.

Las medidas cautelares fueron acordadas por el instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción, órgano que tras escuchar la declaración de Rato estimó oportuno limitar la movilidad del ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera de Europa -sí que podrá viajar a los países miembros de la Unión Europea- y que éste se personara al menos una vez al mes en el juzgado.

Sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué Rato no ha sido enviado a prisión si es el epicentro de la trama de corrupción investigada? En primer lugar, porque el juez Serrano Arnal no puede enviar al ex ministro a la cárcel sino lo solicita previamente la Fiscalía Anticorrupción.

Y lo cierto es que, tras recibir el segundo informe incriminatorio de la Oficina Antifraude de Hacienda (ONIF), el Ministerio Público consideró que aún no había suficiente material probatorio como para solicitar medidas privativas de libertad contra Rato. De ahí, que en un primer momento Anticorrupción ni siquiera valorara solicitar medidas cautelares para el expresidente de Bankia aunque finalmente entendió que se le debía retirar el pasaporte e imponer comparecencias mensuales.

El juez no puede enviar a prisión a Rato si no recibe una petición expresa del Ministerio Fiscal

Para los investigadores hay una dato a tener en cuenta y que hace que el riesgo de fuga de Rodrigo Rato se diluya: el ex gerente del FMI tiene nada más y nada menos que un equipo de cuatro escoltas designado por el Ministerio del Interior que hace que el Gobierno conozca al detalle los movimientos del ex banquero lo que reduce en gran medida el peligro de huida.

Y a estos datos se suma el hecho de que el juez de Plaza de Castilla ha presentado una cuestión de competencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque considera que su juzgado no es el órgano competente para investigar el denominado caso Rato. Un hecho que para un magistrado de perfil bajo -al que no le gusta siquiera ver su nombre en las noticias relacionadas con este caso- sería una decisión mayúscula ya que sin duda pasaría a ser a partir de ahora "el juez que encarceló a Rato". 

Portuondo iba a México

No obstante, puede parecer llamativo que mientras Rodrigo Rato ha quedado en libertad con cargos uno de sus presuntos testaferros, el empresario mexicano Alberto Portuondo Coll, permanezca en prisión de forma incondicional desde el pasado mes de agosto. Portuondo fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando iba a regresar a México, su país de residencia.

En ese caso, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente consideró necesario que el juez enviara a la cárcel al imputado ya que si lograba cruzar el 'charco' difícilmente iba a volver de España. Por esta razón, el Ministerio Público entendió que el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas era muy elevado convirtiéndose el testaferro en el único preso de este procedimiento judicial. Los investigadores sospechan que Portuondo Coll ha jugado un papel clave en esta causa entre otras razones porque Rato habría recibido 'mordidas' de sus empresas.

Mejor suerte han tenido de momento la secretaria de Rato, Teresa Arellano y al empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, a los que el juez atribuye también fraude fiscal, corrupción entre particulares y blanqueo, pero que quedaron la semana pasada en libertad con la única medida cautelar de comparecencias de forma mensual en el juzgado.

El Supremo decidirá en el plazo de tres meses qué juez debe asumir esta investigación de forma definitiva, si Serrano-Arnal o Fernando Andreu en la Audiencia Nacional. Entonces el expresidente de Bankia sabrá de que magistrado dependerá realmente su futuro judicial.