Análisis

El vía crucis judicial de Rita

      

La senadora Rita Barberá.
La senadora Rita Barberá. Archivo

La ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está siendo investigada formalmente por la Justicia desde este martes cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido abrir causa penal contra ella a petición el instructor de la operación Taula quien el pasado verano envió los indicios que pesaban contra la senadora al Alto Tribunal, órgano ante el que está aforada. La Fiscalía también se mostró a favor de investigar a la ex regidora.

Ahora, el instructor de este procedimiento será el ex fiscal general del Estado y magistrado más antiguo de la Sala Penal del Supremo, Cándido Conde Pumpido, al que le ha correspondido por turno dirigir las pesquisas. Lo primero que hará Conde Pumpido con toda probabilidad es estudiarse el procedimiento para acto seguido llamar a declarar como investigada (la antigua figura del imputado) a Barberá por un delito de blanqueo de capitales.

Esa declaración -que tras la última reforma del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- es una declaración "voluntaria", donde se da oportunidad al acusado de explicar su versión de los hechos en sede judicial antes de que el instructor decida si solicita o no el suplicatorio a las Cortes para poder proceder contra ella en caso de que apreciara indicios de delito.

Lo cierto es que, aunque la ex alcaldesa puede negarse a declarar ante el Supremo, hasta ahora ninguno de los más insignes imputados han rehúsado a comparecer ante la más alta instancia jurisdiccional: ni el ex ministro José Blanco ni los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán ni tampoco lo hará el próximo lunes el ex portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, citado a declarar por la causa del 9-N.

Otra de las opciones que tiene Barberá si quiere ralentizar el curso de la causa es recusar a Conde Pumpido por aquello de que fue fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno del PSOE. Sin embargo, aunque la ex alcaldesa popular lo puede intentar la cuestión jurídica tendría pocos visos de prosperar porque cuando el magistrado fue la cabeza visible del Ministerio Público no adoptó ninguna decisión relacionada con la operación Taula, explican las distintas fuentes jurídicas consultadas. Sí lo hizo en otros casos de corrupción como la trama Gürtel y el caso de los ERE y, por esta razón, Pumpido ya se ha abstenido en otras ocasiones. 

Aunque todo puede pasar ya que a veces los jueces dan sorpresas. La dieron, por ejemplo, cuando decidieron apartar a la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel del tribunal de Gürtel por el mero hecho de ser nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Entonces, el Pleno que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska argumentó que Espejel tenía dañada su "apariencia de imparcialidad".

Pero más allá de hipótesis, de momento lo que parece claro es que la única vía que tiene Barberá para no ir a declarar al Supremo en las próximas semana es dimitir como senadora. Para eso, claro, tendrá que empezar por entonar el 'mea culpa' y asumir las responsabilidades políticas que tiene por ser la alcaldesa de un grupo municipal que ha sido imputado en su totalidad por el lavado de dinero de origen presuntamente ilícito. En ese caso, Barberá no se vería la cara con el ex fiscal general pero sí con el juez de Valencia, Víctor Gómez. Rajoy, pues, proveerá. 


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