Análisis

En busca de la regeneración olvidada

   

El rey Juan Carlos acompañado por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los expresidentes González, Aznar y Rodríguez Zapatero
El rey Juan Carlos acompañado por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los expresidentes González, Aznar y Rodríguez Zapatero EFE

Lo mismo que es absurdo fijar la vista en el dedo cuando alguien señala la Luna, es un error y una pérdida de tiempo, cuando no un subterfugio, adjudicar todas las culpas a un presidente o a un partido político: en España todos los agentes políticos se desenvuelven dentro de un esquema de intereses particulares que, por fuerza, limitan sus decisiones al mero continuismo de un modelo agotado. De hecho, si comparamos los logros reformistas del actual presidente con los de sus antecesores, comprobaremos que las diferencias, en lo sustancial, son casi inexistentes. Ninguno de ellos se tomó molestia alguna en fortalecer y mejorar nuestra pobre democracia: todos pusieron su granito de arena para empeorarla. Otra cosa son las formas, la telegenia o el carisma, matices correspondientes al terreno de las apariencias, más propios de la comunicación partidista, o de la información de "interés humano", que de la política con mayúsculas.

Pero lo más preocupante es que se ha desaprovechado una buena opción, la ventana de oportunidad que abrió la crisis, para promover un cambio favorable de modelo que hubiera proporcionado grandes beneficios a la sociedad española. No sólo Rajoy y su partido, sino también el PSOE, los partidos nacionalistas, grandes grupos empresariales, conocidos personajes, la mayor parte de la prensa y, también, muchos ciudadanos, en vez de confluir en una gran masa crítica que promoviera las reformas, optaron por asegurar su posición constituyéndose en grupos de presión. Decidieron colocarse lo mejor posible en el sistema en lugar de impulsar el cambio. No hay duda: el inmovilismo es un fenómeno que va mucho más allá del Palacio de La Moncloa.   

Interés general e intereses de grupo

Lo señaló con singular perspicacia Mancur Olson. Existen muchos más incentivos para que la gente se organice con fines egoístas, en facciones minoritarias que persiguen inmediatos intereses corporativos, que los que hay para agruparse con un objetivo generoso, juntarse en grandes asociaciones que defiendan el bien común. La diferencia es enorme: en el primero de los casos los beneficios se reparten entre un reducido número de personas mientras que, en el segundo, las ganancias se dividirían entre la población al completo. A veces, estos grupos de presión minoritarios disfrazan sus intenciones tildándolas de "justas", "sociales", pero sus pretensiones suelen implicar una flagrante injusticia, una evidente discriminación para el resto de los ciudadanos. Para mayor complicación, las ventajas “ilegítimas” que obtienen esos grupos minoritarios no suelen desencadenar la oposición del ciudadano común pues los costes de estas prebendas, al dividirse entre todos, se perciben individualmente como insignificantes. El muy dispar reparto de costes y beneficios entre las dos opciones determina una marcada tendencia al crecimiento y fortalecimiento de los interesados grupos de presión.

La crisis, lejos de promover reformas fundamentales, ha terminado reforzando la perversa dinámica de grupos

Así, gran parte de la sociedad, en vez de actuar de manera responsable y con visión de largo plazo, ha obviado el interés general, fragmentándose en grupos cuyo fin es obtener ventajas particulares en el corto plazo y, también, evitar sacrificios y endosárselos al resto. El resultado es una sociedad dividida en facciones, cada una con distintos derechos. Quienes no han podido organizarse, es decir, las mayorías heterogéneas, no sólo han tenido que asumir su parte del esfuerzo en esta crisis: también se han visto obligados a cargar con el de aquellos que, constituidos en eficaces grupos de presión, han conseguido los favores del poder político, las mieles del presupuesto o una legislación ventajosa. En definitiva, la crisis, lejos de promover reformas fundamentales, ha terminado reforzando la perversa dinámica de grupos, cáncer que ha ido minando de manera irreversible el régimen del 78.

Todo ello pone de manifiesto que, por más que el Estado pueda administrarse mejor, existe un grave problema de fondo que no es gerencial. Cuando un sistema institucional es suplantado por intereses de grupos, cambiar de gestores resulta poco eficaz. Así, el problema no estriba en que la redistribución de la riqueza, que hasta ahora se ha venido haciendo de una manera discrecional e ineficiente, sea mejorable, pues, al parecer, el sistema siempre lleva a que no sean los más pobres sino los más poderosos, los mejor organizados, quienes se llevan la parte del león. El problema es que el sistema institucional, lejos de garantizar la neutralidad, la objetividad, la igualdad de todos, ha sido reemplazado por el caótico magma de los intereses grupales a los que el Estado debe atender constantemente. Grupos que no sólo provienen de lo que llamamos 'establishment', clase política o grandes empresarios, sino de cualquier sector minoritario que, con incentivos suficientes para organizarse y capacidad de ejercer presión, obtiene finalmente un pedazo de tarta a costa del resto.  

Se explica así el gigantesco crecimiento de las administraciones, y órganos asimilados, con el fin de colocar militantes, simpatizantes y amigos. Y también la enorme resistencia durante la crisis a reducirlas: la perversa lógica prefiere siempre freír a impuestos a la masa de contribuyentes que reducir gastos clientelares dirigidos a minorías. O la enorme abundancia, complejidad y retorcimiento de la legislación, siempre repleta de agujeros, recovecos y excepciones, que tienen como objetivo otorgar de facto privilegios a unos mientras mantiene una falsa apariencia de objetividad para el resto. O el ocaso del espíritu de las leyes cuando éstas son reemplazadas, de facto, por las reglas informales, normas no escritas que reproducen acuerdos tácitos entre poderosos grupos o facciones, un regreso a los antiguos sistemas de relaciones personales, de bandas y mafias, más propios de los estados fallidos que de las democracias liberales modernas. O la tradición arbitrista de los gobiernos, que les lleva a promulgar una ley para cada problema, frecuentemente con el callado objetivo de contentar a quienes lo generaron. En definitiva, la consagración de la política como arte de crear un problema... para poder buscar la solución equivocada. Enredo que siempre intenta arrancar una pluma adicional al ciudadano raso.   

El inmovilismo es un fenómeno que va mucho más allá del Palacio de La Moncloa

La política basada en principios generales

En conclusión, por mucho que despotriquemos, que pidamos a voces eliminar la corrupción generalizada, el funcionamiento sesgado y partidista de las instituciones, el capitalismo de amigotes o el predominio de las reglas informales sobre las leyes, nada cambiará si antes no comprendemos que nuestros males hunden su raíz en la preeminencia de los intereses de grupo sobre el bien común. Si no encontramos la manera de dotarnos de un diseño institucional que cumpla cabalmente su cometido, que garantice la efectiva igualdad ante la ley, que prime a quien cultiva el mérito y el esfuerzo, a quien innova en beneficio de todos, no a quien se encuentra más cercano a los gobernantes, a quien maneja las palancas del poder o quien presiona o grita más, el sistema acabará colapsando. Si no nos dotamos de un sistema legal que actúe de salvaguardia contra el abuso y la tiranía, sea abierta o solapada, de las mayorías o las minorías, perderemos irremisiblemente los derechos que como ciudadanos nos corresponden. Es sólo cuestión de tiempo. Desgraciadamente, aunque existe una extensa literatura que analiza las razones por las que algunos países fracasan, o describe los rasgos fundamentales de los sistemas institucionales de las naciones más eficientes, no hay demasiadas ideas sobre cómo romper el círculo vicioso en el que el poder político y los grupos de presión se retroalimentan.

Quizá, un buen comienzo sería volver sobre nuestros pasos y comprender que arrinconar los principios generales, valores como la igualdad efectiva ante la ley, para apoyar la concesión de ventajas a cada persona en función del grupo al que pertenece, fue una pésima idea. La regeneración política es imprescindible para la sociedad pero muy costosa personalmente para aquellos que, de buena fe, intentan impulsarla. Éste es el verdadero drama que describió Olson: la correlación de costes y beneficios suele favorecer a los grupos interesados, a aquellos que empujan el sistema a su degradación. Ante este dilema, Tocqueville nos daba una pista cuando, en referencia al nacimiento de los Estados Unidos de América y su incipiente democracia, afirmaba que era precisa una ciencia política nueva para un mundo totalmente nuevo. España no es una nación nueva, desde luego, pero sí lo es el camino que ha de recorrer para llegar a ser una democracia completa. Ante este desafío, sólo la fuerza de las ideas, la innovación y el cambio, unidos a la convicción, la generosidad y los principios, podrán romper el círculo vicioso, generar esa voluntad capaz de mover montañas e impulsar a muchos ciudadanos a actuar de forma desinteresada en pos de aquello que consideran justo y conveniente. Sólo así será posible encontrar las convenciones correctas y poder edificar sobre ellas las instituciones que tanto necesitamos.


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