Análisis

La oposición personal de tres funcionarios termina con la trama institucional de Rafael Blasco

La transparencia y la honradez no empiezan con los políticos corruptos pero sí pueden terminar con ellos. La resistencia de tres funcionarios ha derribado a quien ningún gobierno ha querido cesar en 30 años en la Comunidad Valenciana. 

Rafael Blasco condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación
Rafael Blasco condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación EFE

Rafael Blasco ha sido miembro de todos los gobiernos de la Comunidad Valenciana desde hace 30 años. Ninguno de ellos le ha derribado. El ahora condenado a 8 años de cárcel y a 20 de inhabilitación política por desviar fondos de ONGs en Nicaragua a sus propios bolsillos ha caído gracias a la actuación de tres funcionarios que se negaron a avalar con sus firmas el saqueo de las arcas públicas. Se llaman Carmen Dolz, Directora General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Sergio Aguado, Jefe de Área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y Teresa Clemente, Jefa del Servicio de Gestión que se negaron a firmar el saqueo del dinero público que sus superiores les pusieron sobre la mesa.

La obligación de transparencia y honradez no empieza con los políticos corruptos pero sí puede terminar con ellos 

Los tres fueron presionados para que dieran dinero público a las ONGs desde las que Blasco desviaba fondos. Los tres se negaron y –según relata la sentencia—fueron convocados por Blasco “presionándolos para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases y que confiaran en su palabra de la misma manera que él había confiado en ellos, pese a que no se tenía buen concepto de su trabajo”. La sentencia continúa diciendo que “como no variaran de opinión los mandó a un despacho a recapacitar, y tras unos momentos fueron convocados nuevamente y al enterarse de que no variaban su decisión, el Sr. Blasco visiblemente enfadado, les dijo que si siempre habían sido tan rigurosos, que lo iban a comprobar personalmente, pidiendo a continuación que le subieran a su despacho todos los expedientes con tal objeto”. Al volver de vacaciones en septiembre, los tres fueron cesados.

Son esos ciudadanos anónimos los que con su resistencia y su denuncia han limpiado del lodazal de la corrupción un terreno que los responsables políticos no han querido o sabido limpiar desde arriba. Rafael Blasco fue primero miembro de un gobierno del PSOE con Joan Lerma que le destituyó por sobornar a funcionarios para que recalificaran terrenos en 1989 aunque un tribunal anuló las grabaciones que le incriminaban. El PP de Eduardo Zaplana le acogió y le devolvió al urbanismo convirtiéndolo en subsecretario de Planificación en la Presidencia de la Generalitat en 1999. Blasco se afilió al PP y traicionó después a Zaplana para hacer negocios bajo la presidencia de Camps como  Conseller de Territorio y Vivienda entre 2003 y 2006. A día de hoy, sigue siendo diputado como parte del grupo no adscritos. Ninguno de los grupos políticos se ha cobrado su cabeza pese a que todos sabían quién era y a qué jugaba Blasco.

El caso Blasco es un ejemplo de un sistema podrido incapaz de hacer la purga interna que necesita. Pero el caso Blasco es también un ejemplo de cómo los ciudadanos pueden desde su esfera de responsabilidad personal terminar con la corrupción institucional y como la obligación de transparencia y honradez no empieza con los políticos corruptos pero sí puede terminar con ellos. 


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