Renta básica y sexo básico: la tentación igualitaria

Entre los nuevos protagonistas que asoman a la política española hay clara mayoría de izquierdas. Casi todos enarbolan la bandera de las políticas públicas según la cual debe ser el Estado, vía incremento del gasto público, quien rescate a la ciudadanía de sus penurias. Las soluciones populistas recorren España. El propio PSOE se vence a la tentación y llega a abjurar de la reforma constitucional que él mismo propuso en su día de la mano de Zapatero. Es el Estado, no la iniciativa privada, quien debe hacerse cargo de nuestras necesidades vitales y, si es posible, también de nuestra felicidad. A la “renta básica” que propone Podemos habría que añadirle un “sexo básico” capaz de cerrar el círculo de la definitiva igualdad de todos en la nave del Estado. Fin de la responsabilidad individual. Muerte a la libertad de elegir.

Ningún rebrote liberal en el páramo español. Hasta el discurso navideño del Felipe VI fue populista: cita obligada a esa gran empresa con la que la elite política comparte poder, pero ni una mención, nunca jamás, a ese pequeño y mediano empresario que crea riqueza y da empleo. Los millones de españoles que comparten una serie de valores que han hecho posible la creación de una sociedad abierta, libre y próspera, decididos partidarios al tiempo de una agenda reformista encaminada a adelgazar el Estado y a aumentar la libertad individual, siguen huérfanos de representación en el Parlamento, prisioneros de una derecha atrozmente conservadora y una izquierda maniquea en su doble versión populista y sectaria. La falta de una alternativa liberal es responsable del gran atasco que a nivel político sufre el país, carente de ese gran movimiento regenerador capaz de hacer realidad las reformas que España necesita para alcanzar de verdad el siglo XXI.

El discurso de la igualdad está presente en el frontispicio de todos los partidos, incluido el PP

La tentación igualitaria lo impregna todo en el inicio de este vital 2015. Ayer mismo, el inevitable Krugman volvía a insistir en un diario nacional sobre “la creciente desigualdad en los países avanzados en 2014”. El discurso de la igualdad está presente en el frontispicio de todos los partidos, incluido el PP. La igualdad a golpe de decreto se ha impuesto como una especie de nueva religión. No basta con la igualdad en derechos y libertades –igualdad de oportunidades- como punto de partida a partir del cual cada ser humano desarrolla sus potencialidades de acuerdo con su talento y capacidad de esfuerzo en el marco de una ley igual para todos. “Se acepta la realidad de que las personas son muy diferentes, pero se atribuye esta situación a circunstancias ajenas al individuo, cuya corrección corresponde a los poderes públicos”, asegura Lorenzo Bernaldo de Quirós, en un libro de próxima aparición (Por una derecha liberal, Ed. Deusto).

Pensadores y economistas de prestigio como Rawls (su tesis sobre 'la igualdad democrática') y Stiglitz (El precio de la desigualdad) han tratado de conciliar sin éxito libertad individual y papel del Estado como redistribuidor y garante de esa igualdad. El nuevo apóstol del igualitarismo, Thomas Piketty (El Capital en el siglo XXI), sostiene que la acumulación de capital crece a un ritmo mayor que la expansión de la economía, por lo que los ricos se vuelven cada vez más ricos, lo que representa una "amenaza para las sociedades democráticas y para los valores de justicia social sobre las cuales están fundadas".  Los pikettys de este mundo, empeñados en ignorar la mejora de las condiciones de vida de millones de personas –en parte gracias al aumento de las clases medias- en todo el mundo gracias al libre mercado, consideran que el logro de la igualdad es un objetivo que compete a los poderes públicos, aunque en el intento se lleven por delante derechos individuales básicos que figuran en el frontispicio liberal desde finales del XVIII, pues ya advirtió Hayek que "nada ha hecho más daño a la libertad individual que la búsqueda de ese espejismo llamado justicia social".

Todos los Gobiernos europeos son socialdemócratas

Sin necesidad de irnos por las ramas de la filosofía política y moral de nuestro tiempo, la igualdad perseguida a golpe de Decreto por los Gobiernos significa, a nivel de calle, freír a impuestos al prójimo, quitar a unos para dar a otros en porcentajes que rebasan cualquier tipo de “contrato social” libremente asumido para entrar en lo simplemente confiscatorio. Lo saben muy bien esos pequeños y medianos empresarios que afrontan cada mes el pago de las cuotas a la Seguridad Social, un coste que opera directamente contra la creación de empleo. Estamos ante una de las cuestiones que amenazan el futuro de Europa, entendida la Unión como el lugar de progreso y de oportunidades para las nuevas generaciones. Todos los Gobiernos, y naturalmente el de Mariano Rajoy, son socialdemócratas en mayor o menor medida. Todos dedican un creciente porcentaje del gasto a mantener los principales rubros del Estado del bienestar, pero cualquier incremento, por importante que sea, es despreciado por las huestes del estatismo a palo seco, las filas del socialismo rampante cuyo leit motiv es el reparto, con olvido de la previa creación de riqueza. El panorama es esa Europa anquilosada y enemiga del riesgo, carente de oportunidades para los más jóvenes, en la que todas las cartas están adjudicadas cuando, cada 1 de enero, los Estados levantan el telón del gasto, porque no queda un céntimo por repartir.

Parece obvio que el sistema político de la Transición está muerto, finiquitado, como evidencian numerosos síntomas cuyo relate es ocioso detallar aquí

Esto es lo que se va a empezar a dilucidar en España a partir de este 2015, como consecuencia del fracaso del Gobierno de Rajoy a la hora de abordar una reforma integral del Estado. Parece obvio que el sistema político de la Transición está muerto, finiquitado, como evidencian numerosos síntomas cuyo relate es ocioso detallar aquí. Y que, como se apuntaba el pasado jueves, los españoles están llamados, de grado o por fuerza, a abrir un nuevo ciclo histórico capaz de acomodar las aspiraciones de paz y progreso de una mayoría de ciudadanos para los próximos 40 años. Lo que está por ver es si ese nuevo bucle de convivencia va estar presidido por el estatismo más feroz, lo cual implicará seguramente un daño a las libertades y a la creación de riqueza, o se va a regir por los principios de la sociedad abierta y la libertad de mercado, con el Estado como garante de la igual de todos ante la ley ("el Gobierno debe dedicarse a gobernar; nosotros nos ocuparemos de ser felices”), lo que implica su disposición a segar de raíz la corrupción y frenar en seco a los grupos de interés siempre dispuestos a la captura de rentas a la sombra del poder político, una realidad muy española íntimamente relacionada con la pobre calidad de nuestra democracia.

Los liberales clásicos son partidarios de un Estado mínimo cuyas funciones deben limitarse a garantizar la defensa exterior, suministrar justicia, y proteger los derechos básicos de propiedad, seguridad y libertad. Los socialistas de todos los partidos, incluidos los socialcristianos que militan en el PP, propugnan una intervención estatal mucho más amplia para corregir los “fallos del mercado” y redistribuir la renta. La crisis ha demostrado la futilidad de este debate en el caso español, al poner en evidencia la incapacidad de nuestra economía de financiar su actual nivel de gasto sin caer en un endeudamiento insostenible en el medio y largo plazo. Cumplir anualmente los objetivos de déficit (5,5% del PIB en 2014) cuesta Dios y la ayuda de la ingeniería contable que con tanta destreza maneja Cristóbal Montoro, y ello a costa del aumento de una deuda pública que ha superado ya el billón de euros (1.020.236 millones -96,80% del PIB- a finales del tercer trimestre del 14, con incremento de casi 59.000 millones sobre idéntico periodo de 2013). De modo que aunque la incipiente recuperación alivie el endeudamiento público, la existencia de un déficit primario en el entorno del 4% del PIB y una deuda que rebasará el 100% del PIB a lo largo de 2015, muestran que el ajuste presupuestario aplicado en España ha sido claramente insuficiente. Pretender desde esta perspectiva arreglar los problemas patrios tirando de más gasto público es sencillamente suicida.

No es un problema de ingresos, sino de gasto

La dura realidad es que nuestro Estado tiene unas dimensiones que la economía no es capaz de soportar. La raíz de los problemas presupuestarios patrios no es la insuficiencia de los ingresos tributarios, como machaconamente insisten los “apóstoles de la igualdad”, sino el exceso de gasto, de modo que sin un lifting radical de las Administraciones Públicas no será posible hacer sostenible ese endeudamiento, lo que obligará a mantener una elevada fiscalidad para soportar el gasto estatal que penalizará el crecimiento y la creación de empleo. Es imprescindible, pues, achicar el sector público, condición sine qua non para reducir la deuda y posibilitar el crecimiento económico y la generación de riqueza y puestos de trabajo. Justo lo contrario de lo que haría Podemos si llegara al poder. ¿Salir de Málaga para entrar en Malagón? Esa es la tesitura a la que se enfrenta en este nuevo año una España obligada a optar entre un sistema de corte liberal en lo político, lo social y lo económico o empeñarse en sostener un modelo de tipo colectivista que restringe la libertad y lastra la prosperidad.

Rahm Emanuel, primer jefe de gabinete de Barack Obama, decía que “nunca desperdicies una verdadera crisis; quiero decir con ello que una crisis es una oportunidad de hacer cosas que nunca hubieras pensado hacer antes” (cita tomada de Leones contra dioses, Ed. Península, un interesantísimo ensayo del periodista John Müller de muy reciente aparición). Rajoy ha perdido una oportunidad de oro para haber cambiado España de arriba abajo, abordando con valor y determinación la solución de la doble crisis económica (lo más fácil) y política (lo más difícil). Tenía el apoyo parlamentario para haberlo intentado. Es evidente su fracaso en lo que a la política se refiere, y está por ver en qué queda la recuperación económica. En definitiva, está en cuestión el rumbo que tome España a partir de unas generales de 2015 que se antojan trascendentales: si camina hacia una democracia de plena calidad, con efectiva separación de poderes y exquisito respeto a las libertades individuales  –entre ellas una tan importante como la posibilidad de hacerse rico sobre la base del talento, el esfuerzo y el respeto a la ley- o apunta a una sociedad intervenida por unas ideologías y unos Gobiernos dispuestos a hacer realidad la igualdad a golpe de BOE. En suma, está en juego la libertad. Como desde el principio de la historia del hombre.