Análisis

Guerra civil en la CNMC o el poder del gran dinero en España

¿Es posible imaginar en España una autoridad encargada de la defensa de la competencia realmente independiente? Difícil responder a esta cuestión en un país acostumbrado a la existencia de prácticas monopolísticas desde tiempo inmemorial, un país que se niega a romper el cordón umbilical que une en madeja lo público y lo privado y donde el banquero de turno y el gran empresario hacen negocios a la sombra del poder político. 

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. EFE

Es casi la pregunta del millón. ¿Cabe imaginar en España una autoridad de defensa de la competencia de verdad independiente? Difícil responder a esta cuestión en un país acostumbrado a la existencia de prácticas monopolísticas desde tiempo inmemorial, un país donde se funde lo público y lo privado, donde banqueros y empresarios de fuste viven acostumbrados a hacer negocios a la sombra del poder político, a mediatizar lo que publica el BOE, a perdonar los créditos no devueltos por los partidos y, en definitiva, a hacer pagar a los consumidores vía tarifas la factura del mal funcionamiento de la economía, de la ausencia de competencia efectiva. Ni PSOE ni PP han querido nunca sacar las manos de los organismos de regulación y control cuando han gobernado, porque ahí está el poder real, el poder del dinero y la posibilidad de la puerta giratoria cuando se deja el cargo. Siempre ha sido así, con distintas variantes. La que el Gobierno Rajoy introdujo en 2013 consistió en unificar los distintos organismos existentes (CNE y CMT, como más importantes) en uno solo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside José María Marín Quemada.

El organismo se ha convertido en estrella rutilante de la actualidad a cuenta de las fuertes multas que está imponiendo en los últimos meses a distintos sectores económicos. La más reciente ha sido los 32 millones cargados a Repsol (20 millones), Cepsa (10), Disa, Galp y Meroil, por pactar precios e intercambiar información en el mercado de carburantes. Las evidencias que prueban “la coordinación entre operadores en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial sensible” son tan evidentes como mostrencas en algunos casos. Los gasolineros están tan acostumbrados a pactar precios que no toman la menor precaución para evitar ser descubiertos. Algunos de los correos cruzados entre ellos simplemente mueven a risa. Sueltos son los toros. Pero antes de ellos recibieron multas importantes, por idénticos motivos, las empresas de recogida de basuras, filiales de las grandes constructoras, y otras muchas. Por uno de esos milagros que a veces ocurren en las circunstancias más adversas, José María Marín, un hombre que fue elegido por el Gobierno para ser obediente, se ha deshecho de los anclajes del poder que lo nombró y ha decidido honrar el cargo y actuar con independencia en la última etapa de su carrera profesional.      

Lo que nadie esperaba es que los “vigilados” fueran a conseguir meter en el seno de la propia CNMC el estigma de la guerra civil que hoy divide al organismo para escándalo de tirios y troyanos

Las grandes han reaccionado como era de esperar, desplegando sus cañoneras en contra del regulador, esa artillería que dispara sin ruido y se canaliza a través de un ejército de abogados, lobistas, periodistas y políticos. Es obvio que las relaciones entre un organismo regulador y las empresas a regular siempre van a ser tensas, ello dando por sentado que, consciente del enorme poder del que goza, el “vigilante” tratará de adoptar sus resoluciones dentro de la máxima cautela y respeto a las normas del Estado de Derecho. Lo que nadie esperaba es que los “vigilados” fueran a conseguir meter en el seno de la propia CNMC el estigma de la guerra civil que hoy divide al organismo para escándalo de tirios y troyanos. La situación que se vive hoy en el seno de la Comisión es, en efecto, casi insostenible. El enfrentamiento tiene lugar en la Sala de Competencia (la otra, la de Supervisión, presidida por la vicepresidenta María Fernández, es casi un remanso de paz), compuesta por el ya citado Marín como presidente, y cuatro vocales: María Ortiz, Fernando Torremocha, Benigno Valdés e Idoia Zenarrutzabeitia. Pues bien, ocurre que, desde hace meses, todas las resoluciones de sanción que emite la Sala son aprobadas por tres votos a dos, porque todas cuentan con el voto disidente de los consejeros Valdés y Torremocha.

El escándalo ya es un clamor del que el Ejecutivo parece no querer darse por enterado. El dúo opositor defiende su honor y sostiene que “las resoluciones que adopta la Sala no se ajustan a Derecho”, asegura una fuente cercana a los citados. “Allí nunca se delibera. La Sala funciona de forma mecánica, de forma que las resoluciones, que previamente han redactado los técnicos, llegan prácticamente hechas y se aprueban sin debate jurídico alguno. ¿Por qué en la otra Sala no hay problemas? ¿Y por qué Marín no lleva nunca los asuntos al Pleno? Porque allí está en minoría y lo sabe. Marín ha confundido independencia con arbitrariedad. A mayor abundamiento, las resoluciones se hacen públicas antes de que se hayan notificado a los afectados y a veces incluso antes de haber sido votadas”. En el bloque mayoritario, por contra, describen con perceptible desgana la liturgia de unas propuestas de resolución que, de forma sistemática, encuentran en el dúo opositor un triple reproche: primero, “esto está prescrito”; segundo, “la resolución está mal fundamentada en Derecho”, y tercero “las empresas sancionadas no han cometido ilegalidad alguna”. 

La voz de alarma la dio el 18 de febrero la diputada socialista Vázquez Morillo, con motivo de la comparecencia del propio Marín ante la Comisión de Economía del Congreso. “Me interesa muchísimo que explique qué pasa en la sala de Competencia. Me llegan correos electrónicos, incluso sin nombre, en los que me dicen que le pregunte sobre cosas que son graves. ¿Qué está pasando? Hay votos recurrentes de dos consejeros; se interpreta que utilizan esos votos particulares más como una rebeldía que para mostrar discrepancias en los informes. Por lo que cuentan, se quejan de que los informes que les llegan no lo hacen con el tiempo suficiente para analizarlos o que no se debaten suficientemente.  Estaría bien que explicara si hay alguna razón para que esto ocurra, si se puede corregir”. La respuesta de Marín, ascua que hierve en las manos, no pudo ser más escueta: “Los votos particulares de la sala de Competencia me preocupan mucho, señoría. Haré todo lo que esté en mi mano para que las consecuencias no sean tan graves como pueden llegar a ser”.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Como poco, lo que esta guerra puede conseguir es poner en jaque el modelo de agencia única de supervisión y control, aunque, para qué engañarse, lo que está en cuestión es la capacidad de una democracia de baja calidad como la nuestra para soportar unos órganos de control de la labor del Ejecutivo verdaderamente independientes. ¿Quién le pone el cascabel al gato de Telefónica? Ocurrió que la Dirección de Telecomunicaciones de la CNMC, en línea con las recomendaciones de la CE, aprobó el pasado diciembre una propuesta para modificar la actual regulación sobre banda ancha fija, que obligaría a Telefónica a abrir sus redes a la competencia -salvo en las grandes ciudades- a precio regulado. La compañía protestó de inmediato anunciando, antes incluso de ser ratificada por el consejo de la CNMC, un recorte del 35% del ritmo de despliegue de sus tendidos de fibra óptica previsto para 2015.

La información preliminar que la CNMC ha trasladado a Digital+ y Telefónica podría hacer naufragar la compra, lo que supondría un duro golpe para un grupo Prisa que cuenta con embolsarse los 750 millones

Y, de pronto, la bomba: el 2 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una moción a la Mesa, para su debate en el Pleno, en la que se decía que “obligar a Telefónica a ceder a la competencia (…) puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir durante el ejercicio 2015 alrededor de 800 millones (…) Además produciría una España a dos velocidades, una que contaría con fibra y otra asociada a la red de cobre(…) la espiral de consecuencias indeseadas afectaría no solo a los 30.000 empleos que trabajan en Telefónica, sino a los 10.000 puesto de trabajo indirectos…” Un texto que parece haber sido redactado por la propia operadora. Artillería pesada de la teleco, incluyendo el respaldo del partido del Gobierno, para condicionar las decisiones del regulador. Y esto ha ocurrido ahora mismo, con Podemos, barbarians at the gate, amenazando la estabilidad del Sistema. El escándalo fue tal que el propio PP se echó atrás. “La enmienda la presentó Telefónica y la retiró el PP”, se comenta con ironía en el sector.

Para defenderse de la CNMC, las grandes empresas han echado sus redes tanto en el PP como en el PSOE, y no digamos ya a CiU (¡eficacísima gestoría la del señor Sánchez Llibre!). Ocurrió en la citada comparecencia de Marín. La diputada Morillo: “También querría preguntarle si usted ha sido recusado –lo hemos leído en la prensa- para interponer multas a Cepsa o a Repsol, creo que hoy ha salido algo, pero no me ha dado tiempo a leerlo bien. Parece que usted no se ha inhibido y tenía que haberlo hecho”. La señora Morillo no podía haberlo leído ni bien ni mal, porque en prensa no había salido una palabra. Ese día, la recusación de marras era un asunto confidencial que solo conocían los consejeros de la CNMC… La división en el seno de Competencia otorga cartas de gran valor a las empresas sancionadas, dispuestas a utilizar los votos particulares del dúo citado como base de los recursos que de forma sistemática realizan ante los tribunales, porque esos votos son un relato puntual de las deliberaciones confidenciales entre consejeros para adoptar las resoluciones, una información valiosísima para los abogados de las empresas. Y en el horizonte un morlaco como la compra de Digital+ por Telefónica. La información preliminar que la CNMC ha trasladado a las partes podría hacer naufragar la operación, lo que supondría un duro golpe para un grupo Prisa que cuenta con embolsarse los 750 millones en que se cerró la venta para seguir vivo. Será divertido asistir a la reacción de ese gran demócrata que es Juan Luis Cebrián.

Cambiar de raíz el modelo 

Los organismos de control son una reproducción del equilibrio de fuerzas existente en el Parlamento en un momento dado. Ahí le duele. Pasa con el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, la CNMV… Es imprescindible cambiar de raíz el modelo, buscando un procedimiento de elección diferente de los gestores, que no pase directamente por el Parlamento y que asegure la independencia real de los mismos. Que no dependa de la calidad moral del presidente de turno y de su valor para batirse en desigual duelo con las grandes empresas. En la supradicha comparecencia en el Congreso, Marín recordaba el consejo recibido de un ex presidente de la Federal Trade Commissión de visita en Madrid: “José María, no le des vueltas al modelo, no te comas el coco, porque al final son las personas. Las calidad de las instituciones depende de la calidad de las personas que las dirigen, aparte del respaldo que reciban del poder del que dependen”. Demasiado pedir tratándose de España y su falta de tradición democrática. El presidente de la CNMC, si hay que creer en sus palabras, cuenta con el respaldo del Ejecutivo. “Haz lo que tengas que hacer, me dijo el ministro De Guindos cuando me nombró, y no he recibido otra instrucción”. Y nada distinto le dijo el Presidente Rajoy, cuando hace escasas fechas lo recibió en Moncloa.

El escándalo de una CNMV partida casi en dos mitades amenaza con estallar con estrépito. Es evidente que la solución deberá esperar a que se celebren elecciones generales y, para qué engañarnos, a que el voto de los españoles fuerce la llegada de ese proceso de saneamiento del sistema que hoy parece inaplazable. La existencia de unos órganos de control no dependientes de la voluntad del Ejecutivo, como la existencia de una prensa y una Justicia independientes, son la prueba del nueve de la calidad de una democracia, la clave del arco del proceso de regeneración por el que hoy claman millones de españoles. 


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