Análisis

Indra, la privatización que nunca termina

        

Han pasado casi veinte años desde que el primer Gobierno de José María Aznar pusiera en marcha bajo el eufemístico nombre de Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, la privatización de empresas públicas españolas. Telefonica, Repsol, Gas Natural, Argentaria, Endesa, o Tabacalera fueron algunas del medio centenar de compañías que abandonaron el paraguas de lo público para caer en manos de accionistas privados. Indra, surgida de la fusión de Ceselsa e Inisel, a principios de los años noventa, fue otra de esas empresas que acometió la privatización, vía salida a Bolsa. Sin embargo, mientras que a día de hoy muchas de esas compañías parece imposible que sólo hace menos de dos décadas fueran estatales, Indra mantiene todavía rasgos públicos que hacen desconfiar de su independencia de los poderes políticos.

Parapetados en argumentos que sí le valen a Indra en España, pero no en el extranjero, responsables públicos han tratado de justificar la marcada agenda política de la multinacional tecnológica española. Como Indra, sostienen, controla los recuentos electorales, o al estar Indra a cargo de sistemas de seguridad en fronteras españolas, la compañía es "estratégica" para la nación, y los responsables del Estado deben estar pendientes (y también presentes en su consejo de administración, o en su plantilla, o en sus negocios con las administraciones públicas...). Argumentos que a Indra no le haría gracia que le expusieran las autoridades correspondientes a la hora de presentarse a concursos internacionales de recuento electoral, defensa, aeroportuarios.

Operaciones como la compra de Europraxis o de sociedades vinculadas a la empresa del hijo de Felipe González enturbian la reputación de Indra

La presencia de la Sepi como primer accionista, con un 20%, en el capital de Indra, es uno de esos marcados rasgos públicos. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda compró el 2 de agosto de 2013 la participación que BFA Bankia tenía en la compañía, por 336,99 millones. El precio acordado fue de 10,194 euros por acción, un descuento del 2,45% sobre el precio al que cotizaba ese día Indra en Bolsa. La Sepi acometió la compra con recursos propios aprovechando tesorería generada con la venta de acciones del grupo aeronáutico europeo Airbus. El presidente de Sepi, Ramón Aguirre, explicó en el Congreso de los Diputados en marzo de 2014 que la entrada en el grupo presidido entonces por Javier Monzón respondía a “la incertidumbre que generaba sobre la reestructuración accionarial de Indra la obligación de venta que tenía el Grupo BFA-Bankia, la importancia de la actividad de la compañía en sectores estratégicos para la Defensa Nacional y de Seguridad y, por supuesto, el valor de Indra como una de las principales compañías tecnológicas con presencia internacional que refuerzan la marca España”. Y manifestó que la operación pretendía “preservar la estabilidad accionarial en una compañía que constituye uno de los pilares de nuestra base tecnológica y nuestra presencia internacional”. ¿De verdad no había ningún grupo de inversión privado, ninguna multinacional extranjera tecnológica, de defensa o de servicios, a la que le hubiera interesado comprar ese paquete de Indra?

El mantenimiento de Javier Monzón en la presidencia de Indra desde su creación es otro de esos factores que exhalan cierto tufillo a rancia política empresarial. Ha tenido que montarse una especie de conturbenio público-privado para desalojar a Monzón del cargo -Fernando Abril-Martorell le sustituyó el pasado mes de enero-, puesto que deja como millonario, y también tras haber convertido a Indra en una internacionalmente respetada compañía tecnológica española.

Lo peor de la gestión de Monzón al frente de Indra han sido las concesiones que ha tenido con políticos de todo pelaje y lo sibilino de su comportamiento para ganarse la confianza de altos cargos, actitud que al medio o largo plazo puede volverse en contra del grupo. "A los pocos días de ser presentado al Rey Juan Carlos, Javier ya le llamaba 'jefe' saltándose todos los protocolos", recuerda uno de esos altos cargos. No haber acometido una reestructuración del negocio de Indra con anterioridad, cuando los buenos resultados del grupo hubiesen permitido una transición menos traumática, intensificando el valor tecnológico de la compañía y rebajando su posición en el sector de consultoría, es otro de los puntos negativos relevantes en la gestión de Monzón, que se mantiene como presidente de honor de Indra.

Fernando Abril-Martorell está dando muestras de actuar como presidente de una verdadera compañía privada

La compra por parte de Indra, en 2001, de la consultora catalana Europraxis, participada por Josep Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, por 44,47 millones de euros, es una de esas operaciones que a la larga se vuelven como boomerang envenenado contra la reputación de Indra. Este año Josep Pujol compareció, vía teleconferencia, en la comisión de investigación del Parlament sobre fraude y evasión fiscal, en la que defendió la legalidad de la venta de Europraxis.

Otra de esas operaciones en entredicho es la relacionada con Oyauri Investment, sociedad creada por el hijo del expresidente del Gobierno Felipe González, Pablo González, y en la que Indra adquirió un 33% aportando 1,5 millones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores sacó los colores a la compañía el año pasado requiriendo información adicional sobre su relación con Oyauri. En 2013 Indra adquirió las empresas G-nubila Technology y G-nubila Colombia, por 2,9 millones según informó la multinacional española en sus cuentas individuales, o por 3,94 millones, según comunicó Indra en sus cuentas consolidadas. "Indique las razones por las que el coste es diferente en la memoria individual y en las consolidadas", requirió la CNMV, e "indiquen si G-nubila Technology era propiedad de la asociada Oyauri Investment". Ambas sociedades "eran propiedad de Oyauri Investment, asociada a Indra, si bien la operación no se ha incluido dentro de transacciones con partes vinculadas", admitió Indra en sus respuestas al regulador del mercado español. La diferencia de un millón de euros en el precio de compra se debió "a una ampliación de capital realizada con posteridad a la adquisición", añadió.

El acceso a la presidencia de Indra de Fernando Abril-Martorell aporta sentido privado al grupo. El ejecutivo, hijo de Fernando Abril-Martorell, vicepresidente del Gobierno de UCD, se ha curtido en JPMorgan (sociedad en la que trabajó diez años), Telefónica (en la que fue consejero delegado entre 2000 y 2003), Credit Suisse (donde fue consejero delegado para España y Portugal), y Prisa (donde fue consejero delegado entre 2012 y 2014). Una de sus primeras medidas tras ser nombrado presidente de Indra ha sido reducir su retribución un 22,5% respecto a la que tenía Javier Monzón, siendo de 775.000 euros. También la retribución del consejo de administración se ha reducido un 20% al no alcanzar el grupo los objetivos hechos públicos por la sociedad en el ejercicio de 2014; a partir de ahora se dará un mayor peso a las retribuciones variables, en acciones y a plazos más largos. Abril-Martorell también ha remodelado la composición del consejo de administración del grupo, ha nombrado nuevos ejecutivos en cargos de responsabilidad y ha sustituido al consejero delegado de Brasil, mercado en el que han fracasado algunos de los negocios de la empresa en los últimos años.

Los despidos anunciados el miércoles por el grupo, los primeros que acomete desde los años noventa del pasado siglo, es otra medida que acerca a Indra a lo que se supone que debe ser una compañía privada. Abril-Martorell tendrá que demostrar la misma contundencia con la que se ha propuesto reducir la plantilla cuando lleguen las presiones gubernamentales y no permitir que "los enchufados", que, denuncian empleados y representantes sindicales son legión en Indra, sigan aprovechándose del pasado público de la compañía.


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