Análisis

¿Quién prestará a un gobierno que manipula sus cuentas?

La manipulación contable de la Generalitat Valenciana no es sólo un problema de pasado por el que ningún responsable político parece dispuesto a pagar en un gobierno que está acusado de usar una contabilidad B para su partido y otra más para su gestión pública. Es, sobre todo, un problema de futuro: los mercados deben fiarse en el futuro de un ejecutivo que ha mentido sobre sus cuentas. Y los valencianos deben pagar los intereses de esa desconfianza.

La manipulación contable de la que Eurostat acusa a la Generalitat Valenciana es una de las noticias más graves en términos de política pública desde que estalló la crisis en el año 2007. Según la Unión Europea, los gobernantes valencianos han falsificado las cuentas oficiales para ocultar gastos por valor de más de 2.650 millones de euros desde el año 2008.

Los intereses de la deuda valenciana han crecido un 324,6% en un año. La manipulación contable disparará aun más esa carga

La acusación por lo pasado exige responsabilidades políticas de unos dirigentes a los que ahora se acusa de usar una contabilidad B por partida doble: no sólo la aplicaron presuntamente en los dineros privados del PP sino que la trasladaron también a la gestión de los dineros públicos de toda la autonomía. Al escándalo de la ausencia de dimisiones se suma el sonrojo de la abundancia de explicaciones. La más edificante ha sido la del responsable de la Hacienda valenciana, Juan Carlos Moragues, que explica lo ocurrido con el argumento de que la Comunitat  "no tiene presupuesto suficiente para sanidad y educación y es esa infrafinanciación y los recursos insuficientes del Estado lo que hizo que no hubiera crédito presupuestario y, con ello, facturas en los cajones”. El mensaje al público es tan constructivo como decir que si su nómina no le alcanza… ya sabe.

Pero más importante que el problema de lo pasado y de la política, es el problema del futuro y de la economía para los valencianos. La Generalitat Valenciana ya ha tenido que ser rescatada por el Estado central a través del Fondo de Liquidez Autonómica con 3.830,5 millones de euros que debe devolver durante los próximos 10 años a un tipo del 5,13% porque ningún mercado está dispuesto a confiarle dinero. Además, ha tenido que alargar la vida de otros 2.697,6 millones ante la imposibilidad de devolverlos en plazo.

De cara al futuro, cuando un gobierno falsifica sus cuentas, los mercados tienen que optar entre dos estrategias: o “no fiarse y no prestar” o “no fiarse y cobrar intereses que reflejen esa desconfianza”.

  • Si los mercados siguen cerrados, sólo el Ministerio de Hacienda se interpondrá entre la Generalitat y el vacío. El Ejecutivo valenciano seguirá siendo un gobierno intervenido de facto.
  • Si los mercados se abren, los intereses que Valencia pagará volverán a dispararse, después de que la ciudadanía valenciana haya visto cómo el interés de su deuda ha crecido un 324,6% en un año. Los ciudadanos tuvieron que pagar 220,1 millones sólo por los intereses de su deuda en 2012, frente a los 51,8 que pagaban el año anterior.

Con esas monstruosas cifras y sin dos cajas y un banco de su propiedad (Bancaja, CAM y Banco de Valencia), la preocupación de los gobernantes valencianos ya no debiera ser la de su propia supervivencia sino la de la autonomía. Los gobernantes valencianos no debieran centrar sus esfuerzos en si los electores volverán a confiar en ellos o no sino en si los mercados volverán a hacerlo, a qué precio y, sobre todo, quién lo pagará.


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