Una Caja B sobradamente acreditada

Era de sobra conocido en círculos judiciales que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantenía bajo secreto de sumario una bomba de relojería en su juzgado. Era la referente a la Caja B del PP de Madrid.  Esta semana, los medios de comunicación hemos accedido al contenido de los tomos de una investigación que acredita que el Partido Popular de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre se financió de forma irregular a lo largo de los años. Lo hizo para sufragar los gastos de distintas campañas electorales y concurrir así dopados a los comicios. Ocurrió, al menos, en los años 2007, 2008 y 2011.

Lo que contiene el sumario de Púnica respecto al PP de Madrid, y el de la trama Gürtel respecto al PP de Valencia, no es más que lo que ya avisó el ex tesorero nacional Luis Bárcenas hace tres años. Igual que en la sede nacional del partido que capitanea Mariano Rajoy, él y el ex tesorero Álvaro Lapuerta se ocupaban de la Caja B, cada autonomía tenía la suya. "El PP llevaba una caja en todas las provincias para las elecciones", sostuvo Bárcenas ante el juez Pablo Ruz en el año 2014. 

Sin embargo, en la causa que ha acaparado portadas y titulares en la última semana hay una diferencia sustancial respecto al caso de los papeles de Bárcenas, también llamado Caja B del PP nacional. En la pieza separada de Púnica, tanto la Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco han llegado a una conclusión clara: las donaciones que los distintos empresarios hacían a los populares tenían marcado "carácter finalista".

En la Caja B del PP de Madrid, las donaciones que los distintos empresarios hacían al partido tenían marcado "carácter finalista", según sostienen los investigadores

Es decir, estos empresarios ayudaban al PP a cambio de que el partido les facilitara la obtención de adjudicaciones públicas en aquellos territorios donde gobernaban. De ahí, por ejemplo, que la UCO haya puesto la lupa en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid que obtuvo el grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, donde se ha visto salpicada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Era uno de los empresarios de cabecera del PP.

El dato puede resultar a simple vista irrelevante pero, no se equivoquen, no lo es. El hecho de que los investigadores hayan llegado a esa conclusión permite acreditar que el delito de cohecho o, dicho de otra forma, los sobornos; algo que ni el juez Ruz ni el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral consiguieron en la investigación sobre la financiación irregular del partido a escala nacional que se prolongó durante más de dos años.

El propio Bárcenas rechazó, aquel caluroso día de verano cuando tiró de la manta en la Audiencia Nacional, que dichas donaciones fueran a cambio de ninguna adjudicación concreta. Los miembros de Sacyr, OHL, FCC, etc tan sólo daban "cariño" al partido. El extesorero hizo, eso sí, una excepción. La supuesta 'mordida' de 200.000 euros escondida tras la adjudicación del servicio de basuras del Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi en 2007 a cambio de sufragar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que tras la Caja B del PP de Madrid se pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo de capitales. Más de uno, y de dos, dada la contundencia de los indicios recabados por la UCO, acabará en prisión por estos hechos. Cuestión de tiempo porque, como se sabe, en España la Justicia es lenta.