Cataluña, el mayor reto de España (I)

En la Cataluña de los últimos 35 años hay una insoportable espiral de silencio, hay un atávico temor de los ciudadanos no nacionalistas a manifestar públicamente su discrepancia. El esfuerzo del separatismo por imponer entre la población sus planteamientos y su simbología ha surtido efecto en una parte importante de la población que ha interiorizado acríticamente un supuesto dret a decidir, tomado como la única solución a un mal llamado “problema catalán”. Esta visión ha sido inducida tanto entre catalanes como –y esto es lo más llamativo- en el de la clase política madrileña.

Este cambio en las percepciones políticas no es casual sino fruto de una onerosa campaña separatista de propaganda y manipulación que ha contado y cuenta con una inversión ilimitada de recursos públicos así como de una llamativa incomparecencia de un Estado español a menudo situado contra las cuerdas, azotado por graves casos de corrupción, impotente ante el desafío secesionista e incapaz de regenerarse y dotarse de los instrumentos necesarios ante una situación cada vez más agónica.

En la implementación de esta estrategia rupturista han sido centrales la escuela y los medios de comunicación públicos y privados, de TV3 al grupo Godó. Coadyuvó a esta tarea la promoción de símbolos inventados y la demonización de aquellos otros símbolos que representan la convivencia dentro de España. Para el nacionalismo es tan importante la creación de un falaz imaginario colectivo propio como la creación de una irreal alteridad llamada España y Estado español que sirva tanto de chivo expiatorio como enemigo que justifique cualquier tipo de políticas, aunque éstas vayan más allá de la más mínima ética democrática. No hace falta subrayar la relevancia de los símbolos cuando se está apelando al sentimiento nacionalista.

Las autoridades educativas catalanas han renunciado de facto al deber de neutralidad política e ideológica de los centros públicos de enseñanza

Las autoridades educativas catalanas han renunciado de facto al deber de neutralidad política e ideológica de los centros públicos de enseñanza y no velan para que ese deber se extienda a los propios empleados públicos, especialmente cuando tienen bajo su custodia a menores de edad. Las escuelas catalanas hacen la labor de formación de un “espíritu nacional” en el que se fuerza la diferenciación simbólica y afectiva con España.

Una encuesta elaborada recientemente apuntaba a que el 82% de los profesores de la enseñanza pública catalana votaba a partidos separatistas (“Junts pel Sí” y las “CUP”), con lo que el control de los magísteres es absoluto para imponer la doctrina secesionista. Esta situación no es casual ni inocente; ya Jordi Pujol apuntaba la necesidad de controlar las escuelas como ariete de su programa de “construcción nacional”, convirtiendo a muchos profesores en comisarios y formadores separatistas.

El movimiento independentista tiene tentáculos en todos los ámbitos de la llamada sociedad civil catalana. La obsesión por el control de todos los relatos y todos los ámbitos sociales es asfixiante, es totalizante. De hecho, ése es su objetivo: evitar que surjan grupos que se atrevan a disentir públicamente y mantener así la espiral de silencio a la que aludíamos más arriba. Menudean los ejemplos de ello, desde la cultura culinaria hasta las fiestas populares; desde el mundo de los castells hasta cualquier tipo de manifestación popular; desde la Iglesia hasta lo rural, copando todo lo que alcanzan de la “Cataluña tradicional”. Se pretende mezclar a la menestralía catalana del segundo cinturón de Barcelona con las capas populares catalanoparlantes de la Cataluña interior. Así, ahora están los separatistas catalanes en el llamado proceso de ampliación de la base independentista, viendo de captar a los hijos ilustrados de los xarnegos (sin duda, el lenguaje nacionalista delata un profundo clasismo de raíz etnicista). Esta penetración es especialmente eficaz gracias al surgimiento de movimientos secesionistas de izquierda y a la ambigüedad de personajes como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Hoy el frente independentista está constituido por un conjunto de partidos, asociaciones y entidades coordinados por la Asamblea Nacional Catalana. Cuenta esta entidad con no menos de 30.000 personas liberadas para promocionar la independencia en Cataluña y con ingente cantidad de recursos a su disposición. Son subvenciones, ayudas, personajes liberados por las asociaciones y una tupida red de negocios financiados por el gran promotor del separatismo, la propia Generalitat. Todo esto compone un ejército de liberación que apenas halla oposición. Hay en Cataluña un independentismo hipertrofiado por la subvención y el talonario (3 %), capaz de activar a diario una propaganda atronadora, efectiva y convincente.

El separatismo siempre ha sido minoritario en Cataluña. Las encuestas siempre daban un soporte a la secesión inferior al 25%. Sin embargo, tras años de intensas campañas de propaganda y la radicalización de las élites catalanas se ha dado un salto cualitativo en el apoyo social a la independencia, especialmente logrado con el falso debate del “Dret a decidir”. Siendo un mero juego lingüístico, se reduce a la autodeterminación de Cataluña.

Un poco de historia reciente: a por todo

La radicalización de la vida política catalana empezó con la “declaración de territorio catalán libre”, hecha en Sant Pere de Torelló el 3 de septiembre de 2012. Secundaron esta iniciativa numerosos municipios y comarcas que aprobaron mociones instando al Parlamento de Cataluña a votar la independencia de forma unilateral en un plazo máximo de 2 meses.

El embrión de la organización se originó durante la Conferència Nacional per l’Estat Propi que se celebró el 30 de abril de 2011 en Barcelona, a la que asistieron 1500 personas. Dos semanas después de la celebración de la manifestación del 11 de septiembre, el Parlament de Cataluña aprobó una resolución que instaba al gobierno catalán la celebración de una consulta en la que “el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”. A continuación el presidente de la Generalitat, Artur Mas, adelantó las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para 2014 y éstas se celebraron el 25 de noviembre.

Aunque Convergència i Unió perdió algunos diputados, tanto Esquerra Republicana como Iniciativa per Catalunya aumentaron su representación parlamentaria y la CUP entró en el Parlamento catalán con tres diputados. Recordaremos que la CUP fue financiada por Convergència Democràtica de Catalunya para ayudar al soberanismo a copar todas las capas sociales de Cataluña, incluido el nihilismo de izquierdas. Se configuró, pues, una mayoría “soberanista” que el 23 de enero de 2013 aprobó la «Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña». Su artículo primero declaraba al “pueblo de Cataluña, sujeto político y jurídico soberano”. Fue anulada el Tribunal Constitucional en marzo del año siguiente.

La agitación continuó y el 29 de Junio del 2013 se organizó el llamado “Concert per la Llibertat”, celebrado en el Camp Nou del Futbol Club Barcelona, organizado por Òmnium Cultural junto a la Asamblea Nacional Catalana y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes con el objetivo de reclamar, usando el lenguaje universal de la música, el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos del mundo a poder decidir libre y democráticamente su propio futuro. Asistieron unos 90 000 espectadores.

Movilizaciones populares como ésta fueron el medio para legitimar ante la sociedad un movimiento rupturista y claramente ilegal, creando la sensación de “normalidad democrática” y una tensión entre lo milenarista y lo festivo. De ahí el oxímoron “revolución de las sonrisas”. Todo ello contó con una extraordinaria puesta en escena y un impresionante derroche de medios económicos: todos los canales de TV3, La Vanguardia y los periódicos promocionados por el régimen secesionista y la burguesía separatista, como es el caso de “Ara” y la familia Carulla, de Agroalimen.

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) fue creado por la la Generalitat de Catalunya el 12 de febrero de 2013 para contribuir desde la administración al “proceso” separatista

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) fue creado por la la Generalitat de Catalunya el 12 de febrero de 2013 para contribuir desde la administración al “proceso” separatista y al desarrollo de “estructuras de Estado”. Se trata de proponer vías al margen de la “legalidad española”.

El 11 de septiembre de 2013 la Asamblea Nacional Catalana promovió la llamada “Vía Catalana”. Se hizo una cadena humana de unos 400 km atravesando Cataluña de norte a sur. Paradójicamente, tomaran la principal vía de la Hispania romana, la antigua Vía Augusta, desde la localidad francesa de Le Perthus hasta la localidad castellonense de Vinaroz. Los organizadores consideraron que dicho trazado constituye la “columna vertebral” de los Països Catalans e instaron a la participación de los habitantes de la Comunidad Valenciana y del territorio francés que llaman “Cataluña Norte”.

Animaron también los promotores de la “Via Catalana” a sus simpatizantes en las Islas Baleares a participar con actos simultáneos. La simbología de esta movilización destapa el objetivo final del nacionalismo: la creación de la Gran Cataluña dels “Països Catalans”. El espectáculo fue retransmitido con una narrativa propia de un evento deportivo, como la celebración de un trofeo. Efectivamente, fue seguido con emoción por muchos catalanes. Fue retransmitido por multitud de medios internacionales: los organizadores del procesos separatistas catalanes conseguían presencia mediática fuera de las fronteras españolas.

El 9N 2014

A partir de la “Vía Catalana” el presidente de la Generalidad, Artur Mas, decidió cabalgar el tigre de la separación. El 12 de diciembre de 2013 anunció que las formaciones políticas favorables al derecho a decidir acordarían la fecha, la pregunta y el procedimiento para hacer la consulta sobre el futuro político de Cataluña.

La consulta se haría el 9 de noviembre de 2014 y tendría una pregunta con dos apartados: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. En enero de 2014 el Parlamento de Cataluña aprobó una moción por la que se solicitaba al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia para la celebración del referéndum. El 8 de abril la petición fue rechazada por el pleno del Congreso por una abrumadora mayoría. La respuesta del Parlamento de Cataluña fue elaborar su propia ley de consultas para amparar legalmente la convocatoria prevista para el 9 de noviembre.

La decepción de los separatistas catalanes ante el rechazo del sí a la independencia de Escocia fue clamorosa

El 18 de septiembre de 2014 se celebró el Referéndum sobre la independencia de Escocia. La expectación en Cataluña era enorme y la decepción de los separatistas catalanes ante el rechazo del sí a la independencia fue clamorosa. Al día siguiente, el 19 de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de consultas por 106 votos a favor y 28 en contra. Contó con el apoyo de CiU, ERC, ICV y CUP, los cuatro grupos que apoyan la «consulta» del 9-N, más PSC, que en total sumaban el 79% de los escaños del Parlamento de Cataluña; en contra estuvieron PP y C’s.

Así, cerrada la posibilidad de una consulta legal por la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, el gobierno de la Generalitat sustituyó dicha consulta por un “proceso de participación ciudadana”; suspendido también dicho proceso, se continuó adelante con el mismo, ya sin cobertura legal. Cabe subrayar que el CATN aseveró que dicha consulta supondría una “confrontación frontal con el Estado” y la desaconsejó. Pese a ello, Gobierno de la Generalitat siguió con ella. La participación se situó en 2,3 millones de personas. El ‘sí’ a la independencia recibió el apoyo de 1.861.753 personas, es decir el 80,76%¹.

El 27S 2015

Artur Mas firmó el 4 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el decreto de elecciones autonómicas, planteadas como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña, y definidas como la «consulta definitiva».

Los independentistas perdieron el plebiscito en que ellos mismos por su cuenta y riesgo habían decidido convertirlas. Los partidos separatistas obtuvieron el 47,8% de los sufragios frente al 50,6% de los partidos no independentistas. No obstante, gracias al sistema electoral, los secesionistas ganaron en escaños: Junts pel Sí obtuvo 62 y 10 la CUP, esto es por encima de los 68 que dan la mayoría absoluta.

Al convocar estas las elecciones al Parlamento de Cataluña, el presidente Mas ya indicó que si bien formalmente eran unas elecciones autonómicas en el fondo eran otra cosa. Insistió en esa idea en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento de Cataluña del día 2 de septiembre. Ese “fondo”, que según el propio convocante será diferente, es el que debe preocupar desde una perspectiva legal y democrática, como momento clave en la hipotética construcción de un Estado catalán.

Efectivamente, la Generalitat y otras administraciones catalanas vienen actuando desde hace años como si no fueran administraciones españolas, sino la administración de un nuevo Estado. La constante superación de su ámbito competencial, la desobediencia directa a las leyes españolas y al mandato de sus tribunales así como las declaraciones reiteradas de su voluntad de mantenerse en dicha desobediencia implica que intentan operar como instituciones de un nuevo Estado.

No existen precedentes en un Estado democrático de una utilización similar de los medios y recursos públicos para la destrucción del propio Estado

Llegados a esta situación y desde la formación de gobierno entre JxS y la CUP, el objetivo es la creación de un nuevo Estado en 18 meses. Esto exige que este nuevo poder estatal asuma el control efectivo del territorio y de la población. En la “hoja de ruta” de los secesionistas la Generalitat y los ayuntamientos asumirían el rol de administraciones del nuevo Estado catalán.

Ahora bien, a pesar de las amplias las competencias de la Generalitat, ésta no dispone de todos los elementos necesarios para alcanzar el control real y efectivo del territorio y de la administración ni para la realización de las funciones propias de un Estado soberano. Los informes del CATN explicitan que estas carencias existen y plantean vías para abordarlas, vías que suponen, en última instancia, que todos los organismos e instituciones necesarias para un Estado soberano y que actualmente son parte del Estado español sean duplicados a nivel catalán para que, dependiendo de la Generalitat, puedan sumarse a la administración del nuevo Estado. La creación de tribunales, hacienda y fuerzas de seguridad propias forma parte de esta estrategia.

En realidad, no existen precedentes en un Estado democrático de una utilización similar de los medios y recursos públicos para la destrucción del propio Estado. Es el suicidio de la nación española, que permite que ingentes recursos públicos se utilicen para destruirla.

Como todos, probablemente el Estado español tenga por obligación la defensa de sus intereses y los de todos sus conciudadanos. No obstante, en lugar de desarrollar una política comunicativa y de contra propaganda antiseparatista, se limita a lanzar veladas amenazas de aplicar de forma implacable una ley que al final no hace. Todo ello causa en la inmensa mayoría de los catalanes una extraordinaria sensación de abandono.

Josep Ramon Bosch. Historiador, directivo de empresa farmacéutica, expresidente de Societat Civil Catalana (SCC)

Ferran Brunet. Economista, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, miembro de la Junta SCC

Josep Rosiñol. Escritor, directivo de empresa alimentación, expresidente de SCC

Los autores agradecen las numerosas contribuciones que han recibido en la elaboración de este informe. Los autores han compartido las opiniones de numerosas personas y han manejado análisis de fuentes variadas, señaladamente de Societat Civil Catalana, de otras organizaciones sociales y de los partidos políticos constitucionalistas de Cataluña y del resto de España, así como de varios otros Estados Miembros de la Unión Europea.

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¹ La opción de Cataluña como Estado no independiente obtuvo el 10,07% (232.182 personas). La opción del ‘no’ a Cataluña como Estado sumó el 4,54% de los votos (104.772 personas). Quienes marcaron el sí en la primera pregunta, a favor de que Cataluña sea un Estado, pero dejaron en blanco la segunda, que plantea si ese Estado debe ser independiente, fueron 22.466, el 0,97% del total. Los votos en blanco llegaron a los 12.986, el 0,56% del total, mientras que los nulos -que quedaron englobados en el apartado de “otros”- fueron 71.131, el 3,09%. Los partidos pro consulta lograron movilizar casi los mismos electores que en los últimos comicios europeos (donde cosecharon 2,1 millones de votos) y a muchos más que en las penúltimas autonómicas, donde solo les votaron 1,4 millones.