Análisis

La no independencia de la Justicia

Si bien el fiscal general dimitido ha alegado razones personales, todo parece indicar que la “falta de reflejos” y pésima sincronía con los deseos del Gobierno, en especial en todos aquellos asuntos que han golpeado de lleno al Partido Popular estarían detrás de una dimisión por otro lado hace tiempo descontada.

El ya exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en un acto en Zarzuela
El ya exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en un acto en Zarzuela Gtres

Con la forzosa dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, queda de nuevo patente, no ya el nulo progreso en materia de regeneración democrática –acaso debiera decirse “generación” a secas-, sino el imparable deterioro institucional en el que seguimos incursos.

Y es que, si bien el fiscal general hoy dimitido ha alegado razones personales, todo parece indicar que la “falta de reflejos” y pésima sincronía con los deseos del Gobierno, en especial en todos aquellos asuntos que han golpeado de lleno al Partido Popular, tal cual es el “caso Gürtel” o la crisis del ébola, entre otros espinosos temas, estarían detrás de una dimisión por otro lado hace tiempo descontada. Puede que Eduardo Torres-Dulce no fuera el fiscal general idóneo, incluso para democracia con todas las garantías. Pero tampoco se habría salvado. Porque ese, a todas luces, no es el problema. 

La tan necesaria independencia de la Justicia era una de las promesas estrella del actual Ejecutivo. Formaba parte de ese lote de grandes propósitos con los que el Partido Popular hizo campaña y que, una vez lograda la mayoría absoluta, por aquello de las urgencias, quedó en el jergón de los trastos inútiles a la espera de tiempos mejores sin que prácticamente nadie se lamentara por ello.

Es norma de obligado cumplimiento en la España política, bajo pena de ostracismo, distinguir entre dos crisis distintas: la económica y la política, para así poder argumentar que la segunda es consecuencia de la primera. De esta forma se da por sentado que, en cuanto la crisis económica quede resuelta, la otra crisis, la política, se solucionará sola, si acaso con la ayuda de algunas reformas cosméticas. Y ese es el libreto que manejan en Moncloa los Arriolas de turno desde el minuto uno de la actual legislatura.   

Pero no es cierto que nuestro modelo político e institucional sea la víctima propiciatoria de un empobrecimiento sin precedentes, fruto de una crisis financiera importada de Estados Unidos, que al poco devino en económica. Transcurridos casi ocho años del crack financiero de 2007, no puede caber en cabeza alguna que los graves males que hoy nos aquejan tengan su razón de ser en la avaricia de un puñado de brokers del otro lado del Atlántico. Y es que, de haber sido España una nación institucionalmente sana, esta crisis habría sido historia mucho tiempo antes de la fatua Declaración de La Granja.

Pese a toda evidencia, el Gobierno no variará el rumbo. Y por más que dentro del propio partido cunda el nerviosismo, Mariano Rajoy se presentará sin variar un ápice su discurso a las próximas Elecciones Generales. Hasta entonces, seguirán rodando cabezas.


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