Cataluña, el mayor reto de España (II)

Sin duda, que se haya llegado a este punto indica que el ordenamiento español carece de mecanismos suficientes para protegerse a sí mismo frente a la mala utilización del poder público. En cualquier caso, la situación actual hace evidente que la Generalitat de Cataluña actúa de forma desleal y contraria al interés general de España.

El desamparo con el que viven los catalanes no separatistas el actual “proceso de desconexión” frustra y da miedo

Por benévolo y flexible que quiera ser el margen de interpretación de la actuación del gobierno de la Generalitat, en modo alguno se puede considerar compatible con ese interés general de España que las instituciones españolas sean utilizadas para romper el Estado. El desamparo con el que viven los catalanes no separatistas el actual “proceso de desconexión” frustra y da miedo, siendo así que el Estado español resulta incapaz de defenderse y de salvaguardar la libertad de una parte de sus ciudadanos. Por otra parte, la libertad no solo está en juego para los catalanes constitucionalistas sino para todos los catalanes, y para el resto de españoles.

Creación de las estructuras del nuevo Estado catalán

La creación de estructuras de Estado en Cataluña no puede confundirse ni limitarse a las que formalmente se presentan como tales. La Generalitat y las fuerzas políticas que apoyan el proceso de secesión han hecho expreso su propósito de creación de estructuras de Estado. Mientras, hay indicios de que otras estructuras de Estado están siendo preparadas sin publicidad. Según propia confesión de sus presidentes Mas y Puigdemont, la Generalitat está trabajando con la única intención de “engañar al estado”. Estas son:

• Creación de una agencia tributaria catalana (enmienda núm. 426 al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas),
• Encargar al Gobierno de la Generalitat la realización de un inventario de los activos y pasivos de las administraciones públicas españolas con presencia en Cataluña a efectos de su atribución en el caso de una sucesión de Estados (enmienda 427 al mencionado Proyecto de Ley),
• Impulsar la elaboración de una ley para la protección de las infraestructuras críticas ubicadas en Cataluña (enmienda 428),
• Crear una agencia catalana de la Seguridad Social (enmienda 429),
• Crear una autoridad catalana de la competencia (enmienda núm. 431),
• Elaborar un proyecto de ley de seguridad nuclear (enmienda 433).

La Generalitat, pese a la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional, continúa sus trabajos para la elaboración de las estructuras administrativas que serían necesarias para conseguir la creación de un Estado en el territorio de Cataluña. Se trata de una actitud consciente de desacato al ordenamiento vigente y que pone de manifiesto que la Generalitat se niega a actuar como una administración española y pretende configurarse como proto administración del nuevo Estado. La creación de “estructuras de Estado” supone una instrumentalización del poder público y su desvío hacia fines no solamente no previstos en el ordenamiento, sino contrarios al mismo.

La desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, explícita como es, expresa esta ruptura y coloca a los ciudadanos y a los funcionarios en una disyuntiva inadmisible en un Estado de Derecho.

La vertiente internacional del ”proceso”

La vertiente internacional es clave en este ”proceso”. Para que un Estado surja ha de tener el efectivo control del territorio y de la población por la autoridad pública que proclama la secesión. El primer informe del CATN explicitó ya esta consideración y en relación a ella adquiere pleno sentido la creación de las estructuras de Estado.

La vertiente internacional también es relevante para el proceso desde otra perspectiva: en un primer momento los secesionistas buscaron que la comunidad internacional presionara a España para que admitiera la celebración de un referendo de secesión. Desde 2012 se observan iniciativas tendentes a conseguir lo que se denominó “internacionalización del conflicto”. El informe número 4 del CATN aconseja, entre otras cosas, “implicar a la Unión Europea en el proceso catalán una vez que éste se ponga en marcha definitivamente”.

También se sugiere que el gobierno de la Generalitat despliegue “un plan ejecutivo para explicar el proceso de Cataluña, para rebatir posiciones negativas y, si es factible, para crear amigos o aliados”. Para el CATN esto implicaría “reforzar institucionalmente la estrategia de internacionalización, dado que la acción exterior se convertirá en esa fase del proceso en un ámbito prioritario de la acción de gobierno” y “desarrollar la diplomacia estándar entre el Gobierno de Cataluña y los representantes de otros Estados y organizaciones internacionales”.

Lo que se plantea es la búsqueda en el exterior de aliados que pudieran ser útiles en la tarea de forzar al Estado español a autorizar la celebración de un referendo de autodeterminación

Los separatistas aseveran que la independencia de Cataluña no supondría que el territorio catalán dejara de ser territorio de la Unión Europea (UE) ni que los ciudadanos catalanes perdieran su condición de ciudadanos de la UE. Como es sabido, las autoridades comunitarias han dejado claro que una hipotética independencia de Cataluña implicaría que el nuevo Estado no sería un Estado miembro de la UE. Eso no ha impedido que la propaganda secesionista siga argumentando sobre la continuidad en la UE y que políticos de partidos secesionistas y de miembros de la Generalitat intenten mantener contactos con autoridades de la Unión.

Dado que el propósito de los secesionistas es la confrontación con el Estado español, lo que se plantea es la búsqueda en el exterior de aliados que pudieran ser útiles en la tarea de forzar al Estado español a autorizar la celebración de un referendo de autodeterminación y, eventualmente, la independencia de Cataluña.

Este propósito se enfrenta a dos obstáculos: por un lado, la Generalitat no tiene competencias en materia de relaciones internacionales, puesto que éstas corresponden en exclusiva al Estado (artículo 149.1.3ª de la Constitución Española). Por otro lado, y con independencia de la cuestión competencial, es claro que una comunidad autónoma no puede actuar con el fin de perjudicar los intereses generales del Estado del que es parte.

Ninguno de ambos obstáculos ha sido suficiente para que la Generalitat haya intentado ser considerada como un actor internacional y para conseguir aliados en el extranjero para su propósito secesionista. Para ello ha desarrollado varias líneas de actuación.

Por una parte, ha utilizado las oficinas que la Generalitat dispone en el exterior, las embajadas catalanas. Por otra parte, ha creado DIPLOCAT, un consorcio integrado por varias administraciones (incluida la Generalitat) y entidades privadas que tiene como función justificar ante la opinión pública internacional la legitimidad del “derecho a decidir”.

En lo que se refiere a los instrumentos jurídicos elaborados para dar cobertura a esta actuación internacional de la Generalitat ha de destacarse la Ley de acción exterior (Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea). Esta ley, pese a que en su preámbulo invoca la doctrina constitucional que diferencia entre las relaciones exteriores (competencia exclusiva del Estado) y la acción exterior que pueden realizar las comunidades autónomas en el marco de sus competencias, define a Cataluña como un “actor internacional” (art. 1.1.b) e identifica los ámbitos en los que opera la “diplomacia de Cataluña”, a la vez que prevé relaciones del Gobierno de la Generalitat con gobiernos de otros territorios (art. 26) y organizaciones internacionales (art. 27).

Varios artículos de esta ley fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y procedió a su suspensión mediante providencia de 14 de abril de 2015. Posteriormente, levantó la suspensión en relación a algunos de los artículos impugnados (Auto de 7 de julio de 2015) aunque la mantuvo en lo relativo a los preceptos que definen las diferentes dimensiones de la diplomacia de Cataluña o la calificación de Cataluña como actor internacional activo.

En definitiva, nos encontramos ante la culminación de un plan estratégico que supera los límites de la competencia de la Comunidad Autónoma y que resulta más propio de un Estado soberano que de una entidad subestatal. Otro hito en esta vertiente internacional es la carta que en diciembre de 2013 Artur Mas envió una carta a todos los dirigentes europeos con el fin de solicitarles apoyo para conseguir un acuerdo con el Gobierno del Estado con el objeto de realizar un referendo de autodeterminación. La carta concluye diciendo: “I am confident that I can rely on you to encourage the peaceful, democratic, transparent, and European process to which I and a vast majority of the Catalan people are fully committed”.

Falsamente se asume que la mera declaración de independencia implicaría la independencia efectiva de Cataluña

Esta misiva se encuentra fuera del marco de competencias de la Generalitat, y tiene por objeto intentar que jefes de gobierno extranjeros presionen al ejecutivo español sobre asuntos internos españoles. En ella no se presenta como presidente de una comunidad autónoma en el marco del ordenamiento español, sino como el líder de un pueblo que aspira a convertirse en un sujeto soberano. De nuevo se trata de la apropiación de las instituciones catalanas para ponerlas al servicio de fines contrarios a la Constitución.

Esta permanente confusión entre la autoridad que ha sido conferida al presidente de la Generalitat y el rol que se arroga supone una distorsión institucional cuyas consecuencias se proyectan sobre la vida de los ciudadanos catalanes. Éstos ven como, en lugar de una administración autonómica que desarrolla las competencias que tiene atribuidas, la Generalitat desvía recursos y esfuerzos hacia un propósito sedicioso consistente en la separación de Cataluña del resto de España. Se trata de una actuación ilegal, ilegítima y profundamente desleal. 

Declaración Unilateral de Independencia

Desde hace años se amenaza con una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Falsamente se asume que la mera declaración de independencia implicaría la independencia efectiva de Cataluña. Pretenden los separatistas catalanes que la Generalitat, con toda su organización y estructuras, deje de ser una administración española para convertirse en esa autoridad pública que controlaría de manera soberana el territorio y la población de Cataluña, desplazando para ello la presencia de la administración estatal allí donde fuera necesario.

Es claro que la DUI, por definición, no se ajusta a las previsiones del Derecho del Estado respecto al cual se produce la secesión. Tampoco se pretende, porque la DUI supone una ruptura con la legalidad anterior. Esta idea se encuentra presente con mucha claridad en la hoja de ruta secesionista de la que ya nos hemos ocupado y que recuerda que el proceso de creación del Estado catalán no está sometido a la impugnación que del mismo pueda hacerse desde el ordenamiento español.

La DUI, por tanto, pretende una quiebra definitiva de la legalidad por parte de quienes la proclaman, puesto que a partir de ese momento obrarán únicamente por la vía de hecho, al margen de la legalidad, cuestión que, si reparamos en ello, ya están haciendo, al obviar la legalidad y aparentar estar al borde de la delgada línea que les separa de sedición. En este sentido es bueno recordar que el Estado no surge hasta que se controla de manera efectiva el territorio y la población, y ese control, cuando no es consentido por el Estado del que se pretende la separación, no es un derecho que se derive de la DUI. Es decir, tras la DUI es legal y legítimo que el Estado que ve amenazada su integridad territorial adopte las medidas que sean necesarias para preservarla, mientras que los que pretenden la secesión adoptarían las medidas que consideraran convenientes para conseguir el control pretendido. Solamente si consiguen ese control nacería el nuevo Estado.

Los derechos de los catalanes

Es claro que la deriva secesionista supone una restricción de los derechos de los ciudadanos catalanes.

Los movimientos populistas de izquierda han captado el desánimo popular del tercio de catalanes no separatistas y han encauzado hábilmente el voto hacia estas opciones radicales

Los movimientos populistas de izquierda, al igual que el populismo separatista (“Barcelona en Comú - Podemos”, por ejemplo) han captado el desánimo popular del tercio de catalanes no separatistas y han encauzado hábilmente el voto hacia estas opciones radicales. Han combinado crisis y corrupción con una causa aparentemente noble y simpática, basada en una propaganda efectista, todo ello inteligentemente infiltrados por grupos secesionistas (“Procés constituent”, “CUP” y otros). Ambos movimientos nutren su narración con un meta relato que tranquiliza, embelesa y dota de horizonte a aquella parte de la población que ha sufrido y sufre los embates de la Gran Recesión.

Acierto del populismo y del nacionalismo fue atribuir a la clase política tradicional (los primeros) y a “España” (los segundos), la responsabilidad de todos los episodios y contradicciones políticas e institucionales emergidas de la crisis económica. Partidos y movimientos manipulados por el separatismo han recibido votos de las clases populares no separatistas. Y lo han hecho porque han dispuesto de potentes altavoces.

El futuro de Cataluña y el de España

Por tanto, una vez entendido el problema de propaganda que representa el separatismo, y que gana básicamente por la no comparecencia de argumentos contrarios a la secesión, cabe plantearse quienes son los que no quieren romper España.

Los catalanes necesitan sentir que España es suya. A este propósito, entendemos que hay cinco elementos básicos que se deben trabajar en los próximos meses, y que hoy señalamos a modo de introducción:

1.- Nuevo relato histórico.

2.- Acción y presencia del Estado.

3.- Control y libertad en la educación.

4.- Medios de comunicación libres y plurales en Cataluña.

5.- Recursos económicos y humanos en proyecto común.

Para revertir la situación se necesita voluntad política y transformar rápida y completamente la situación política de Cataluña.

Si Cataluña no recupera el seny, si no se supera prontamente el desafío de los separatistas catalanes, la democracia española, el Estado de derecho y la misma España no tienen futuro.

Urge transmitir ilusión a los catalanes y comunicar con inteligencia el proyecto común español. ¡Comunicar el proyecto de España en una lengua tan española como el catalán!. Empecemos antes de que sea demasiado tarde.

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Josep Ramon Bosch. Historiador, directivo de empresa farmacéutica, expresidente de Societat Civil Catalana (SCC)

Ferran Brunet. Economista, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, miembro de la Junta SCC

Josep Rosiñol. Escritor, directivo de empresa alimentación, expresidente de SCC

Los autores agradecen las numerosas contribuciones que han recibido en la elaboración de este informe. Los autores han compartido las opiniones de numerosas personas y han manejado análisis de fuentes variadas, señaladamente de Societat Civil Catalana, de otras organizaciones sociales y de los partidos políticos constitucionalistas de Cataluña y del resto de España, así como de varios otros Estados Miembros de la Unión Europea.