Análisis

El último gesto de un juez harto

El juez Castro ha optado por mandar a la infanta al banquillo 48 horas antes del discurso del rey para subrayar el mensaje de que todos somos iguales ante la ley sin dejarse condicionar por cortesías personales ni cautelas institucionales. Es el último gesto de un juez harto.

El juez José Castro en los juzgados de Palma
El juez José Castro en los juzgados de Palma Vozpópuli

El juez Castro ha escogido el día de hoy entre todos los que tienen el calendario –apenas 48 horas antes del primer discurso de Navidad del rey Felipe VI—para mandar a la infanta al banquillo. Es el último gesto de un juez harto.

Castro ha decidido renunciar a todo tipo de cortesías personales que hubieran permitido retrasar la publicación del auto hasta después de la cena de Navidad en el hogar de la infanta precisamente para subrayar el mensaje de que todos somos iguales ante la ley. Castro ha decido también renunciar a todo tipo de cautelas institucionales, que aconsejaban esperar para evitar acusaciones de condicionar la Navidad real con la misma intención, la de respetar estrictamente unos plazos que permitían dictar ya la apertura de juicio oral. Todo ello lo ha hecho harto, después de que el fiscal y los abogados de la infanta en las últimas semanas hayan presentado escritos en los que cargan contra el magistrado o que corresponden directamente a otras partes del procedimiento.

El juez Castro ha puesto sobre la mesa el ajuste de cuentas legal con la infanta. Al rey le corresponde el ajuste de cuentas institucional

El hartazgo de Castro llega hasta aquí. A partir de ahora, será la Audiencia Provincial de Palma la que se encargue de un juicio en el que, como mínimo, la infanta se sentará en el banquillo para dilucidar en las cuestiones previas si le corresponde estar ahí.

Pero con su elección de fechas, el magistrado condiciona efectivamente el primer discurso de un nuevo rey que esperaba ese auto, según confirman fuentes de Zarzuela. Fuentes del entorno de Castro, sin embargo, aseguran que no es el magistrado sino la propia infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, los que han condicionado ese discurso porque el auto salpica con dos graves cargos a la Casa del Rey: corrupción y fraude fiscal.

  • Corrupción: el magistrado establece que varias instituciones favorecieron al instituto Nóos como una forma de congraciarse con la Casa Real, es decir, que se contrató con la empresa de Urdangarin por “ser quien es”.
  • Fraude Fiscal: el fraude a la Hacienda Pública se atribuye nada menos que a la hija del antiguo Jefe del Estado, quien debiera velar por las instituciones.

En ese afán por velar por las instituciones, el nuevo rey ha comenzado ya a tomar medidas de transparencia para el futuro pero parece sin resolver las cuestiones del pasado. El hartazgo del juez Castro acaba de poner sobre la mesa el ajuste de cuentas legal con la infanta. Al rey corresponde ahora el ajuste de cuentas institucional de una infanta ya formalmente acusada y cuya renuncia a los derechos dinásticos debiera ser forzada.  


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