No es peligroso asomarse al Exterior

El secuestro que nunca existió

El pasado 2 de Julio, el presidente de Bolivia, Evo Morales, no pudo regresar de Rusia a su país porque los Gobiernos de Italia, Francia y Portugal negaron al avión presidencial autorización para sobrevolar sus respectivos territorios, y tuvo que hacer escala en Viena, donde quedó retenido durante algunas horas. El problema fue solucionado gracias a la mediación de España, que ya había concedido con anterioridad el correspondiente permiso de sobrevuelo y que autorizó la escala técnica de la aeronave en Canarias. A su regreso a La Paz, Morales declaró que había sido objeto de una conspiración internacional por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y culpó a Italia, Francia y Portugal de su retención en Viena durante 13 horas. Los 'mariachis' populistas –como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro- se unieron a la condena por el secuestro de un jefe de Estado y extendieron sus críticas a España.

Estatuto jurídico internacional de los Jefes de Estado

Analizando la cuestión con serenidad, cabe distinguir los aspectos jurídicos de los políticos. En el plano jurídico, los jefes de Estado gozan de un estatuto que les reconoce inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción, de conformidad con la costumbre internacional y con tratados como el Convenio de Nueva York de 1973 sobre prevención y castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas. Por tales se entiende un jefe de Estado, un jefe de Gobierno o un ministro de Relaciones Exteriores, siempre que se encuentre en un Estado extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañen. Dicho status no deriva –como han afirmado algunos sesudos profesores- de los Convenios de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas o de 1963 de Relaciones Consulares, que cubren otros ámbitos. Un jefe de Estado no puede ser objeto de detención o de medidas de coerción, debe ser protegido contra la comisión de delitos graves –como homicidio, atentado o secuestro-, y goza de inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa. Incluso esta última no es absoluta, puesto que, de conformidad con el Tratado de Roma de 1998 sobre el Estatuto de la Corte Penal de Justicia, este Tribunal es competente para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad y los delitos de genocidio, guerra o agresión cometidos por cualquier persona, sea jefe de Estado, jefe de Gobierno o miembro de un Gobierno o Parlamento, ya que las inmunidades que conforme al Derecho Internacional conlleva el cargo no les exime de la responsabilidad penal por estos delitos, quedando sometidos a la jurisdicción de la Corte.

La situación de Evo Morales no ha sido, sin embargo, tan dramática, pues no se ha cuestionado su inviolabilidad, ni ha sido objeto de demanda ante tribunal alguno. Tan sólo ha estado retenido durante unas horas por razones técnicas en Viena, donde recibió un trato impecable en la sala VIP del aeropuerto por las autoridades austriacas. ¿Cuál fue la causa de esta retención, que no detención? El libre sobrevuelo se aplica a las aeronaves civiles –primera libertad-, pero no a las de Estado, como era el caso del avión presidencial. Según el artículo 3 del Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional, ninguna aeronave de Estado podrá sobrevolar el territorio de otro Estado sin la debida autorización de éste. En virtud de su soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo suprayacente a su territorio, cualquier país puede negarse a conceder permiso para el sobrevuelo del mismo, y esto es lo que hicieron Italia, Francia y Portugal con el avión presidencial boliviano. Semejante negativa puede ser considerada como un acto inamistoso hacia Bolivia, pero es totalmente legítima y no da lugar a responsabilidad internacional.

Retención de Evo Morales en Viena

En el plano político, esta actitud poco amistosa ha sido calificada de maltrato del presidente Morales y de “atentado neo-colonial” por el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pese a las peticiones de Bolivia y Venezuela, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no llegó a celebrar una reunión oficial, pero siete de sus Estados miembros se reunieron en Cochabamba para condenar lo acaecido y acordaron presentar una demanda contra Italia, Francia, Portugal y España ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por maltrato al presidente boliviano. Espero que no lo hayan hecho, porque se cubrirían con el mayor de los ridículos al carecer de motivos. La actitud de los tres primeros países y la falta de consideración hacia el presidente de un Estado amigo han sido sin duda políticamente inadecuados, aunque quepa alegar como circunstancia atenuante que la negativa del permiso de sobrevuelo pretendía evitar la posible y probable huida a La Paz de un presunto delincuente reclamado por la justicia de su país –Estados Unidos- y que se hallaba en situación irregular en el aeropuerto de Sheremetievo de Moscú.

Bolivia limitó en un principio sus quejas a Italia, Francia y Portugal, aunque más tarde incluyó a España en sus agravios. El ministro boliviano de Asuntos Exteriores, David Chiquehuanca, envió una carta de agradecimiento a su colega español, en la que afirmaba que el gesto de España era una “demostración y confirmación el alto nivel de amistad entre los dos países”, pero el ministro de Gobernación, Carlos Romero, calificó poco después de “grotesca” la actuación del embajador español en Austria –que había acudido al aeropuerto para tratar de solucionar el problema-, y el ínclito Presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó de “infame” al Gobierno español y afirmó que podía bajar de su avión a Mariano Rajoy para comprobar si llevaba droga o los euros que robaba al pueblo español. Romero añadió que existía una voluntad política de secuestrar a Morales, el cual recibió un tratamiento desconsiderado como si fuera un criminal y fue objeto de una agresión inaceptable. Morales ha aprovechado gustoso la ocasión de rentabilizar políticamente el incidente con el fin de reflotar su declinante popularidad, y se ha envuelto en la bandera boliviana para denunciar una conspiración internacional contra su país, y ha contado a tal efecto con la colaboración de sus cuates bolivarianos –que se erigen en adalides de la libertad de expresión en el extranjero que conculcal en sus respectivos Estados- y el concurso de personalidades que deberían ser más ecuánimes, como el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, para quien se ha producido una “ofensa grave, que deja una herida entre Europa y América Latina”.

Críticas a la actuación de España

El episodio ha sido calificado de farsa por el expresidente Felipe González y puede que lleve razón. La intervención del embajador de España en Austria –“surtout, pas trop de zèle”- parece haber sido poco afortunada, y –como ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel García-Margallo- puede haberse producido algún “malentendido” o “percepción errónea”, pero eso no justifica el montaje que se ha hecho y las graves acusaciones lanzadas contra el Gobierno español, que –mal que le pese a algunos- ha sido el que ha proporcionado una solución al conflicto, ya que nunca denegó o demoró el permiso de sobrevuelo y autorizó al avión presidencial una necesaria escala técnica en su territorio. Ha actuado correcta y acertadamente, y no tiene porqué entonar ningún mea culpa. Por eso, es de lamentar que –aprovechando que el Danubio pasa por Viena- el PSOE haya tratado de desacreditar al Gobierno español, al lamentar su vicesecretaria General, Elena Valenciano, que éste haya ofendido gravemente a Evo Morales y exigirle que dé inmediatas explicaciones, pida disculpas y resuelva la crisis diplomática por él creada. Es evidente que no ha habido secuestro ni se ha atentado contra el Presidente boliviano y que la actuación correcta del Gobierno español no ha provocado ninguna crisis diplomática. Cabe pedir al principal partido de la oposición sentido de Estado y mayor ecuanimidad en sus juicios sobre la acción exterior del Gobierno. ¡Todo sea por la Marca España!


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