No es peligroso asomarse al Exterior

¡Hay que salvar al gudari Uribetxeberría!

El pasado 19 de Septiembre se hizo pública la sentencia 359/12 de la Sección 1ª de lo Penal de la Audiencia Nacional -presidida por Fernando Grande Marlaska-, por la que se acordó rechazar -por 4 votos a 1- el recurso contra el auto del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que concedía la libertad condicional al criminal etarra Josu Uribetxeberría. El magistrado Nicolás Poveda emitió un voto particular disidente.

Nulidad del auto por defectos de forma

La sentencia -respaldada con argumentos poco convincentes y de escaso rigor jurídico-, ha sido decepcionante, pues la mayoría ha ignorado los argumentos impecables e implacables del Ministerio Fiscal, tanto de forma como de fondo. La Fiscalía consideraba nulo el auto porque el Juez había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, al acordar y practicar importantes diligencias –visita al preso y entrevista con los médicos que lo atendían- sin haberlo comunicado previamente al Ministerio Fiscal, quien no pudo realizar una intervención de contradicción. En efecto, el Juez decidió el 28 de Agosto realizar una actuación jurisdiccional urgente y ese mismo día se traslado a San Sebastián para entrevistarse con el recluso y con los médicos del Hospital Donostia, quienes le entregaron un nuevo informe médico hecho el día 22, que no había sido facilitado ni a la Fiscalía ni a la Forense. El 29 informó al Ministerio Fiscal de su viaje y el 30 dictó su auto de libertad condicional, sin que la Fiscalía tuviera tiempo material de intervenir. Aunque el Tribunal reconoce que se trata de un proceder irregular, estima que su entidad era mínima y no ha había causado indefensión efectiva, ya que el Fiscal y la Forense podían haber visitado al enfermo o solicitado directamente el informe a los oncólogos donostiarras. El Ministerio Fiscal no había visto mermadas sus potestades porque había conocido “a posteriori” las diligencias y decisiones del Juez, y tenido la posibilidad de recurrir su auto.

Nos encontramos ante una situación kafkiana -que ha sido condonada por el Tribunal-, en la que el Juez -en vez de colaborar con el Ministerio Fiscal para el buen fin del proceso- juega con él al ratón y al gato, le oculta diligencias y le impide que cumpla con sus funciones. ¿Tan urgente era la situación para que el Juez no pudiera informar con anterioridad al Ministerio Fiscal de la visita y dictara su auto en horas 24, dejando a la Fiscalía sin posibilidad de reacción salvo cuando la decisión ya había surtido sus efectos?. Por otra parte, ¿cómo podía actuar por cuenta propia la Forense sin contar con una autorización judicial?. Según el artículo 479-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en todas las actuaciones procesales incoadas por el Ministerio Fiscal, los forenses estarán a las órdenes de los jueces, magistrados y fiscales, careciendo de autonomía de actuación. Por estas razones, el auto debería haber sido anulado.

Interpretación “contra lege” del término “peligro patente”

En la cuestión sustantiva, el Tribunal se ha dejado llevar por su espíritu humanitario y afirmado que debe prevalecer la dignidad de la persona humana en la última fase de la vida, y que mantener en prisión a Uribetxeberría hubiera sido indigno, porque “existe un peligro claro, notorio y manifiesto para la vida del paciente de fallecer en un corto período de tiempo”. El padecimiento del etarra es muy grave e incurable, “aunque no sea enfermo terminal agónico”. En efecto, como ha señalado Nicolás Poveda, en ningún informe médico –incluido el del Hospital Donostia- se indica que el enfermo se encuentre en un riesgo de muerte patente. El juez disidente pone, por cierto, de manifiesto la parcialidad y contradicciones del informe de los galenos del hospital universitario donostiarra, lo cual no es de extrañar si se recuerda la actuación de algunos profesores de la UPV que permitieron que presos y exilados etarras obtuvieran títulos universitarios –con la consiguiente reducción de pena por sus denodados esfuerzos intelectuales- sin haber visto un libro ni por el forro. Tuvieron, sin embargo, un lapso freudiano, pues -tras afirmar que el enfermo no podía estar en prisión y debía estar hospitalizado por “súbitos accidentes vasculares cerebrales de consecuencias inmediatas letales”, consideraba deseable que el cuidado se hiciera fuera del hospital en un entorno familiar, por lo que donde mejor podía estar era en su casa.

La opinión de una persona sin conocimientos médicos ha prevalecido sobre la de los técnicos en la materia

Se trata de una discusión semántica sobre cómo interpreta el Tribunal los términos del artículo 92-3 del Código Penal “si el peligro para la vida del interno a causa de su enfermedad fuera patente por estar así acreditado por el dictamen del médico forense”. El Tribunal estima que “el riesgo patente para la vida no es el de peligro inminente, que nos ubica ante la situación del enfermo terminal”, frente a la interpretación habitual –incluida la del Juez Castro en el caso del etarra Mikel Ibáñez- de requerir una situación terminal, en el sentido en el que la Real Academia de la Lengua da de “peligro”: “riesgo o contingencia inminente de que se produzca algún mal”-. El Código prevé tratamientos diferentes para los enfermos con padecimientos incurables según se encuentren o no en situación terminal, y les dedica dos disposiciones distintas. Si el “peligro patente” se interpreta en la forma laxa en que lo ha hecho la Audiencia Nacional, sobraría una de ellas, pues todos los enfermos graves citados gozarían del derecho a la libertad condicional sin necesidad de arrepentirse, aunque no estuvieran en situación de peligro patente. Además, pese a que el Código exige los dictámenes de los médicos forenses y los del establecimiento penitenciario, el Tribunal ha dado especial relevancia a un informe médico externo, que no coincide con el de la Forense. Señala que los informes médicos –que son preceptivos, pero no vinculantes- no tienen que ser coincidentes y que es el Juez quien “valora los dictámenes periciales de acuerdo a las reglas de la sana crítica”, y que “la ponderación sobre el peligro patente para la vida es objeto de la decisión jurisdiccional”. O sea, que la opinión de una persona sin conocimientos médicos prevalece sobre la de los técnicos en la materia. Con esta desafortunada decisión, se abre la puerta a que cualquier etarra gravemente enfermo pueda acceder a la libertad si necesidad de arrepentimiento.

Un injustificado acto de gracia

Se trata de un acto de gracia -que no de justicia-, que debería beneficiar a quien lo merece, lo que no es obviamente el caso de Uribetxebarría, modelo de depravación y empecinamiento en el crimen. Si –por razones políticas- el Gobierno consideraba conveniente liberar al recluso, debería asumir su responsabilidad y no ampararse en el mantra de que lo ha hecho forzado por la ley. No sólo no lo ha hecho por imperativo legal, sino que ha actuado jugando con la ley. No tenía obligación de trasladar al recluso a una cárcel del País Vasco, de otorgarle el tercer grado o de concederle la libertad condicional, pues el artículo 92-3 tiene carácter potestativo –“el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá…”-. Como ha replicado la Presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, a Grande Marlaska –cuando éste le dijo que, “aunque duela, a veces hay que aplicar la ley”-, el Tribunal se había reído de las víctimas, “porque nunca se había excarcelado a ningún asesino con un informe en contra de la Fiscalía y de la Forense”, y mostrado claramente con su decisión que “había que dejar a este asesino en libertad sí o sí”.

La historia podría terminar como en el final de la película “Salvar al soldado Ryan”, con el Gobierno afirmando sin excesiva convicción:”Espero que esto haya merecido la pena”. Pues no, no la ha merecido, antes al contrario, porque el Gobierno y el PP han perdido credibilidad ante la opinión pública y ante su propio electorado.


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