No es peligroso asomarse al Exterior

Por el río Nervión baja la gabarra etarra

Tras la retirada del apoyo del PP al Gobierno del PSE, Pachi López ha decidido adelantar al 21 de Octubre las elecciones autonómicas en el País Vasco. Con sentido de Estado, el PP ha respaldado al Gobierno socialista sin apenas contrapartidas, pero la conducta desleal del “lehendakari”, que se ha enfrentado abiertamente al Gobierno central y boicoteado las medidas por él adoptadas para reducir el déficit de la Nación, ha provocado la reacción de Antonio Basagoiti, que es explicable aunque desacertada, pues los resultados previstos son bastante alarmantes. Según una encuesta de Sigma-Dos para “El Mundo”, las elecciones van a consagrar la hegemonía del nacionalismo, al atribuir a los partidos nacionalistas el 61% de los votos -33.7 al PNV y 27.3 a Bildu-, mientras que los partidos constitucionalistas sólo obtendrían el 34.2% -21.4 el PSE y 12.8 el PP-.

Consolidación del aparato político de ETA

¿Cómo se ha llegado a esta situación?. Los partidos  comparten la responsabilidad en distinto grado. El principal responsable es el entramado político de ETA, que, con sus distintas reencarnaciones –Batasuna, Bildu, Sortu, Amaiur- ha ido ganando con habilidad aceptación social y espacio político, tras el anuncio de ETA de renunciar a la violencia, pese a negarse ésta a disolverse y a entregar las armas. Sin esconder sus objetivos y sin condenar el terrorismo etarra, ha hecho juego malabares con la legalidad para eludir las sanciones del Tribunal Supremo por incumplimiento de  la Ley de Partidos, y obtenido su legalización con la connivencia de los nacionalistas y del PSE, y la complicidad del Tribunal Constitucional, que despreciando los argumentos jurídicos del TS, ha legitimado a los herederos de ETA con criterios políticos.

Con su proverbial ambigüedad e hipocresía, el PNV ha facilitado el recorrido de los filo-etarras hacia la legalidad. Sin llegar a los extremos de Eusko Alkartasuna –que ha prestado su credibilidad democrática a Bildu y Sortu al integrarse en las coaliciones “abertzales”-, el PNV ha presionado a los Gobiernos central y autonómico para que se “normalice” la situación política en el País Vasco mediante la legalización de los testaferros de la banda terrorista. Siguiendo la cínica consigna de Javier Arzallus –“unos mueven el árbol y otros recogen los frutos”-, el PNV se ha aprovechado durante años de la violencia etarra sin ensuciarse las manos, y ahora ha llegado la hora de compartir la recolección con los “hermanos separados”, que han entrado en el redil democrático.

También los socialistas han contribuido de forma decisiva a esta supuesta normalización. El Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con ETA y –a cambio de su promesa de renunciar a la violencia- se comprometió a legalizar su rama política y presionó al TC a tales efectos. Aunque en menor medida, también el PP ha participado en esta regularización, más por omisión que por acción. En la oposición, colaboró con el Gobierno en la adopción de la Ley de Partidos y en su política de represión de ETA y de su “circunstancia”, hasta que Rodríguez Zapatero optó por la negociación. Se opuso a cualquier concesión a la banda terrorista y pidió la ilegalización de Bildu y de Sortu. Ahora, ya en el poder, ha suavizado, sin embargo, su militante postura y asumido “de facto” algunas de las concesiones socialistas, especialmente en materia penitenciaria.

Política penitenciaria del Gobierno

Este viraje ha sido protagonizado por el Ministro del Interior, Jorge Fernández –el más desacertado de los miembros del Gabinete de Rajoy-, que ha tenido la rara habilidad de enfrentarse a las víctimas del terrorismo acusándolas de espíritu de venganza, y de justificar de forma improcedente la concesión de la libertad  –“si no hubiéramos tomado esta decisión, habríamos prevaricado”- a Josu Uribechevarría, uno de los asesinos etarras más sanguinarios. El articulo 104-4 del Reglamento Penitenciario establece que los penados con padecimientos incurables “podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias”. Como ha observado el Profesor Gimbernat,”la jurisprudencia no puede convertir en imperativo lo que para la ley es facultativo”, y aún menos puede hacerlo la Administración. Además, para la concesión de libertad condicional a los terroristas, el artículo 92 del Código Penal requiere que éstos se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas, acciones que no ha realizado el etarra. No se exigen estas condiciones si el preso está en peligro inminente de muerte, pero tal no es el caso, pues –según el dictamen de la forense de la Audiencia Nacional-

Uribecheverría no se encuentra en fase terminal y puede ser tratado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia. No debería, por tanto, ser liberado.

En el plano político, sería nefasto que el Gobierno cediera al chantaje de los presos terroristas –con sus orquestadas huelgas de hambre- y de los líderes batasunos –con sus manifestaciones ilegales-. Unos y otros han celebrado como un éxito la claudicación del Gobierno y se aprestan a imponer la libertad de los presos etarras gravemente enfermos y a exigir el acercamiento de reclusos a cárceles vascas. El Gobierno debe mantener sin  complejos su política penitenciaria, pues la dispersión es una medida adecuada –avalada por tribunales nacionales e internacionales- para dificultar la acción concertada de los reclusos siguiendo las directrices de ETA.

Perspectivas de las elecciones autonómicas en el País Vasco

Ahora se presenta la oportunidad de corregir la injusticia cometida con los vascos expulsados del país por la violencia etarra, que no puedan participar en las elecciones. El Gobierno ha elaborado un plan para que puedan votar estos exilados –al que se ha opuesto el PNV, principal beneficiario de l éxodo, cuyo Presidente, Íñigo Urkullu, lo ha calificado de “barbaridad”-, pero no ha tenido el valor de aplicarlo en las próximas elecciones, con lo que no ha permitido que voten  más de 200.000 ciudadanos, que podrían equilibrar los resultados previstos por los sondeos. De conformidad con ellos, ningún partido conseguirá la mayoría absoluta, por lo que la formación del futuro Gobierno vasco dependerá de las alianzas que se establezcan, y es preocupante que el 38.9% del electorado del PNV prefiera la coalición con Bildu.

Las opciones más viables serían una alianza PNV-PSE –similar a la establecida entre 1987 y 1998- o un pacto entre las dos fuerzas nacionalistas. La primera sería una solución aceptable en principio, aunque la debilidad y el entreguismo del PSE dejarían el protagonismo al PNV, que ya ha preparado un nuevo estatuto político –versión edulcorada del “Plan Ibarretxe”-, que pretende ampliar aún más las competencias autonómicas, como paso intermedio hacia la independencia. La segunda resultaría desastrosa, pues llevaría -a corto o medio plazo- a un abierto enfrentamiento con el Estado. Aunque el PNV llevara en un primer momento la batuta, pronto se vería desplazado por sus coyunturales aliados. Conviene recordar a los “jetzales” la historia del árabe y el camello. Aquél plantó su tienda en el desierto para pasar la noche y, al poco tiempo, éste le pidió si podía meter la cabeza porque hacía frío. Más tarde suplicó hacer lo mismo con las patas, la joroba y hasta el rabo. Al final, el camello se adueñó de la tienda y el árabe terminó durmiendo en la arena. Un ejemplo significativo es la forma en que  Bildu –pese a estar en minoría- se ha apoderado del Gobierno de Gipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, donde hace y deshace a su antojo como si contara con la mayoría. Tras navegar por el Urumea, la gabarra de Bildu pretende surcar las aguas del Nervión rumbo hacia Ajuria Enea. El que avisa no es traidor.


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