No es peligroso asomarse al Exterior

Una retirada a tiempo equivale a una Victoria

Hace unos tres meses que, al final de un artículo sobre La historia interminable de los ERE, expresaba mi confianza en que pronto se solucionara el problema, mediante la condena judicial de los autores materiales del fraude y la remoción de la vida pública de sus responsables políticos. El curso implacable de la Justicia y el buen hacer de la juez Mercedes Alaya –inasequible a las presiones de la Junta de Andalucía, el PSOE e IU, y altas instancias judiciales, incluido el presidente del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner- avanza lento pero seguro y empieza a producir sus frutos. El 28 de junio, Alaya dio un paso cualitativo importante en la instrucción para determinar la responsabilidad de quienes habían abusado indebidamente de sus competencias, al imputar a 20 altos cargos de la Junta, entre los que se encontraba la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. Ésta fue la que estableció el concepto presupuestario de las transferencias de financiación, que sustentó los falsos ERE.

Según la Cámara de Cuentas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora IDEA recurrieron de forma sistemática a esta figura para pagar ayudas socio-laborales, que deberían haber sido tramitadas como subvenciones excepcionales, lo que les permitía eludir la transparencia, la concurrencia competitiva y la fiscalización de la Junta, y otorgar millones de euros de forma irregular. Este sistema fue mantenido por su sucesor, José Antonio Griñán, pese a las reiteradas advertencias sobre su ilegalidad hechas en 17 ocasiones por el interventor general, Manuel Gómez. El nuevo consejero no sólo hizo caso omiso a estos avisos, sino que elevó al Consejo de Gobierno modificaciones presupuestarias que inflaban el programa 3.L –“fondo de reptiles”- para poder cubrir los déficits generados, hasta el punto de que Gómez ha llegado a acusar a Griñán de “cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE”.

Responsabilidad de la Junta y de su presidente

La Junta inició una campaña de deslegitimización de la juez y, a la par que le instaba a acelerar la instrucción, recurrió la imputación de los altos cargos -por falta de concreción y motivación jurídica en la acusación e indefensión de los imputados-, solicitó el aplazamiento de las declaraciones del interventor general y de los otros 20 imputados y asumió la defensa jurídica de éstos. Alaya rechazó el recurso, alegando que la fase de diligencias previas no estaba prevista a modo de juicio de imputación, sino que era en la primera comparecencia de cada imputado cuando el instructor debía pormenorizar los hechos punibles y hacer una calificación penal provisoria, y echó en cara a la Junta que actuará más como defensa de los imputados que como acusación particular. Dos días antes de conocerse el auto, Griñán avisó de su intención de no presentarse a la reelección y –una vez que la Audiencia de Sevilla respaldó la decisión de la juez-, un día antes de la declaración de Gómez anunció que abandonaría la presidencia de la Junta a finales de agosto, pese a haber afirmado días antes que agotaría la legislatura.

Al margen de lo que puedan decidir los tribunales, la responsabilidad política de Griñán resulta obvia e incuestionable

Su previsible imputación ha acelerado su intención de marcharse, pues resultaría demasiado aparatosa la imputación del presidente de la Junta. Yo me fío de la integridad personal de Griñán y no creo que se haya lucrado con el fraude de los ERE, pero su honorabilidad política está por los suelos, pues, al margen de lo que puedan decidir los tribunales, su responsabilidad política resulta obvia e incuestionable. Incumplió con su deber de velar por la ejecución correcta del presupuesto y por los derechos de la Hacienda Pública, al no ejercer las acciones que la defensa de tales derechos exigía. Los argumentos alegados por Griñán ante la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz para exonerar su responsabilidad carecen de rigor jurídico y han sido desmontados uno a uno por el interventor general.

Argumentos de Griñán para exonerarse de responsabilidad

Me limitaré a exponer dos de ellos. Uno, la Intervención no avisó de que se hubieran cometido graves irregularidades y, de haberlas advertido, debería haber presentado un informe de actuación, que le forzara a tomar medidas para corregir la situación. Gómez le replicó que no le correspondía hacer tal informe, porque las deficiencias detectadas no eran responsabilidad del organismo auditado –el IFA-, sino de la Consejería de Empleo. Él había remitido hasta 17 informes a esta Consejería, así como a las de Economía y Hacienda y de Innovación y Ciencia, y cualquiera de ellas podría haber solucionado el problema en 24 horas. Incluso si hubiera enviado un informe de actuación, habría quedado archivado en un cajón, pues a Griñán no le interesaban tales informes, como puso de manifiesto refiriéndose a uno presentado en 2008, en el que advertía que en el convenio colectivo del Hospital de El Egido se habían acordado remuneraciones superiores a las legales.

Otro, el de que no recibió los informes del interventor, resulta aún más inverosímil. La viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martinez Aguayo, ha confesado que recibió tales informes, pero que no los pasó a su jefe, pese a que iban expresamente dirigidos a él. Si tal fuera el caso, habría cometido un delito de prevaricación, pero no sólo no fue sancionada por ello, sino que fue ascendida a Consejera, cuando Griñán pasó a ocupar la Presidencia de la Junta. Gómez ha afirmado que es absolutamente impensable que desconociese las irregularidades por él denunciadas, ya que eran de dominio público, y la juez Alaya se mostró de acuerdo al afirmar: ”Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted le enviaba”. De esta afirmación cabe deducir que Griñán será imputado en breve plazo y, por eso, ha huido hacia delante. Es un excelente estratega, como demostró cuando unió las elecciones autonómicas y las generales y salvó al PSOE de la debacle electoral que todos vaticinaban. Al apartarse del cargo, asume el coste político del fraude y libera de esa carga al próximo Gobierno, que ha dejado bien atado, pues ha impuesto como sucesora a Susana Díaz, en un simulacro de elecciones primarias a las que sólo pudo concurrir su candidata, proclamada a la “búlgara”.

Refuerzo de la coalición social-comunista

El fraude de los ERE no es –como han mantenido el PSOE e IU- obra de cuatro golfos, sino que gozó del respaldo institucional de la Junta, que ha obstaculizado la labor de la Justicia y ejercido máxima presión sobre la juez instructora, con la ayuda del presidente del TS. Como decía una antigua consejera y exministra socialista, el dinero público no es de nadie, y de tales polvos nacen los lodos de los ERE. La Junta ha contado con la complicidad de IU, pese a su compromiso electoral de luchar contra la corrupción y el fraude “erético”.

Su actitud me recuerda al comentario irónico de Julio Camba sobre el perro, que no es por convicción el mejor amigo del hombre. Se acerca a él porque le gusta comer bien y, como no sabe cocinar, está dispuesto a cometer las mayores vilezas para conseguirlo. A los comunistas les gusta gozar del poder, pero, como no pueden alcanzarlo solos mediante las urnas, pactan con el PSOE, al precio que sea, para conservar su cuota de Gobierno. La designación de Susana Díaz -del ala izquierdista del partido y artífice de la coalición con IU- puede que les dé más cancha y provoque un mayor giro a la izquierda del Gobierno andaluz.

Griñán dice sacrificarse por el PSOE y hace mutis por el foro, aunque conserva el salvavidas del aforamiento. De ahí que los socialistas exijan la inmediata remisión del caso al TS, al ser conscientes de que algunos de sus magistrados se muestran propicios a “ensuciarse las togas con el polvo del camino”, como se ha puesto de manifiesto con la absolución de José Blanco, que ha traficado en influencias como ministro, pero sólo un ”poquiño”. El EREmita Griñán no se retira al desierto para hacer penitencia por sus muchos pecados, sino que se aparta discretamente del primer plano de las candilejas, aunque conservando los privilegios que le pueden permitir la impunidad.


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