No es peligroso asomarse al Exterior

El retablo andaluz de las maravillas

El retablo de las maravillas de Andalucía y de su Gobierno ofrece un tríptico, cuyo espacio central está ocupado por el fraude de los ERE y los laterales, por las irregularidades de la Corrala Utopía y por el desfalco de los cursos de formación.

Del 'caso ERE' al 'caso Alaya'

Cada vez que vengo a Sevilla me tropiezo con la fantasmagórica realidad de los ERE. Concluía la pasada Semana Santa un artículo en el que expresaba mi confianza en que pronto se acabara con esta interminable historia con la condena judicial de sus autores materiales y la remoción de la vida pública de sus responsables políticos. Desde entonces, los cuatro 'golfos' inculpados han llegado al centenar y el expresidente José Antonio Griñán ha presentado su dimisión. Tanto él como su predecesor, Manuel Chaves, y cinco antiguos consejeros sólo han podido ser preimputados por la instructora Mercedes Alaya al ser aforados. La juez está siendo presionada por la Junta y por el PSOE, así como por la Fiscalía Anticorrupción y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que fraccione el proceso y remita al Tribunal Supremo o al TSJA los casos de los aforados, pero Alaya se resiste por estimar que no se puede escindir una causa de más de 200 piezas y que, por la íntima conexión existente entre los numerosos supuestos de fraude, se debe mantener la unidad procesal hasta que se concluya la instrucción. Por otra parte, teme que los tribunales superiores sean sensibles a la alta 'política de Estado' y exoneren a los imputados, como hizo el TS al absolver a Chaves del delito de prevaricación por conceder subvenciones a la empresa MATSA, de la que su hija era apoderada.

La juez Alaya ha tenido el coraje de imputar a varios exconsejeros y altos cargos de la Junta y de afirmar en su auto acusatorio que ésta había creado un “fondo de reptiles” que institucionalizó la arbitrariedad en la concesión de ayudas públicas y permitió el manejo abusivo de fondos públicos para regalar ayudas fraudulentas a numerosas personas próximas a los cargos de la Junta y al PSOE. Era ésta demasiada osadía y el Gobierno andaluz y el partido que lo sustenta han realizado una increíble campaña de descalificación profesional y personal de la juez, a la que han acusado de “subvertir el Estado democrático”. El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, la ha denunciado al Consejo General del Poder Judicial por una “posible afectación” a la inviolabilidad de la cámara y al principio de separación de poderes, por haberse atrevido a solicitar información sobre los acuerdos de su Comisión de Hacienda. Con ello han pretendido convertir el 'caso ERE' en el 'caso Alaya'.

Como ha afirmado Francisco Rosell, la juez ha soportado esta campaña con inaudita entereza y soledad, en una tierra donde la corrupción ha encontrado la permisividad –cuando no la connivencia- de los responsables de combatirla, y su tesón, en vez de mover al encomio general, ha suscitado sospechas. El caso de los ERE –concluye el periodista- se mueve entre la prescripción y la impunidad.

La farsa de la Corrala Utopía

Izquierda Unida (IU-CA) es un partido peculiar, que, pese a estar en el Gobierno andaluz, sigue una política de oposición y de apoyo a los antisistema. De ahí su respaldo a la ocupación de fincas, la imposición de una ley antidesahucios o el realojo sainetesco de los desahuciados de la Corrala Utopía.

En mayo de 2012, militantes del 15-M 'okuparon' en Sevilla unos pisos propiedad de Ibercaja. Tras meses de negociaciones fallidas, el banco obtuvo del juzgado una orden de desahucio y el desalojo se produjo a primeros de abril. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ordenó su realojo saltándose a la torera la lista de espera de 12.200 personas en riesgo de exclusión social. La presidenta Susana Díaz instó a la consejera a rectificar, pero la 'Pasionaria' cordobesa hizo caso omiso y les entregó las llaves de ocho viviendas sociales. Díaz declaró que defendería la igualdad de oportunidades para que recibieran una vivienda quienes la necesitaran y no los que la ocuparan ilegalmente o levantaran más la voz.

Aceptó el desafío de su consejera y la despojó de la competencia de adjudicar viviendas, y el 11 de abril se publicó el correspondiente decreto. El coordinador de IU-CA, Antonio Maillo, la acusó de romper el pacto de gobierno y le exigió que derogara el decreto, a lo que la presidente replicó que lo haría cuando se recuperara la “normalidad legal”. Ante la amenazadora presión de su socio, se reprodujo la valleinclanesca “farsa de la reina castiza”. Por temor a perder la mayoría y tener que adelantar unas elecciones que en esos momentos no convenían al PSOE, Díaz dio un vergonzoso paso atrás y, con nocturnidad –edición excepcional de un Boletín en sábado-, derogó la sanción con un 'decreto del día después', pese a no haberse restablecido la legalidad. IU-CA, que se sintió desautorizada en uno de los temas básicos de su programa, ha envidado fuerte y ha ganado la partida. Tampoco le interesaba romper la coalición gubernamental, porque conoce el rigor de la intemperie al margen del calor del poder, pero, como ha señalado Antonio Soler, tenía que optar entre “el poder con deshonra o la calle con dignidad”.

Ha jugado con la ventaja de un as en la manga, al estar seguro de que el PSOE no iba a romper la baraja en esas circunstancias. El 'ratón chiquitín' se ha subido a las barbas de 'Susanita', que ha hecho el ridículo, pues no tiene sentido lanzar un órdago a la grande, acogido con general beneplácito por la opinión pública, y no mantenerlo hasta el final, y lo que era un acertado gesto de autoridad moral se convirtió en un fiasco. Se ha iniciado una 'ruptura en diferido' y abierto la vía para un adelanto de las elecciones autonómicas. El patinazo de la 'lideresa' ha puesto de manifiesto su levedad e inmadurez política, lejos de la imagen de estadista prefabricada y alentada por el PSOE.

Fraude de los fondos para la formación de trabajadores

La tercera tabla del tríptico ha sido recientemente desvelada por la policía tras la 'operación Edu' y puede privar a los ERE del dudoso privilegio de ser la mayor malversación de fondos públicos en la historia de Andalucía, ya que es posible que el fraude en formación supere los 2.000 millones de euros. En la declaración hecha en marzo de 2013, el exdirector general de Empleo Javier Guerrero dejó caer que lo de los ERE era poca cosa comparado con los fondos manejados por la Dirección General de Formación.

La juez Alaya abrió una pieza separada para investigar la posible existencia de otro 'fondo de reptiles'. Ya en enero, la Cámara de Cuentas de Andalucía había presentado un demoledor informe que reveló un agujero en 2009 de 48.8 millones de euros en subvenciones para formación laboral sin justificar, la concesión de un 89% de las ayudas sin ningún control y un retraso de dos años en la comprobación de los expedientes. Se detectaron fraudes en 56 cursos y la concesión de 486 subvenciones sin justificación alguna. La investigación policial ha confirmado que se concedieron miles de euros a empresas no inscritas en el Registro Mercantil, sin actividad conocida o con apenas empleados.

El Servicio Andaluz de Empleo les desembolsaba el 75% de los fondos para financiar unos cursos que no se solían celebrar, y el 25% restante quedaba al parecer en manos de personal de la Junta. Esta práctica delictiva se realizaba de forma sistemática en la mayoría de las provincias andaluzas. Ante estas revelaciones, el consejero de Educación, Luciano Alonso, ha negado que se haya producido “fraude masivo” y denunciado al Gobierno central por abrir una “causa general” contra la Comunidad, lo que era “una vergüenza y un atropello a Andalucía”. Pero, tarde o temprano, la Junta tendrá que dar explicaciones. La expresión más genuina de este retablo poco maravilloso son las palabras de la presidenta de la empresa pública Invercaria: "Si me comprometiera con la ética, no trabajaría aquí". Los pícaros cervantinos son unos aprendices comparados con los actuales rectores del Patio de Monipodio andaluz.


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